El Tribunal Constitucional celebra desde este martes un pleno en el que estudiará el primer recurso contra la sentencia del procés y debatirá la propuesta de avalar al Supremo como órgano competente para juzgar a los líderes independentistas catalanes, en contra de las tesis de los condenados.
Lo más importante: como estaba previsto, los magistrados del tribunal de garantías abordan en su primer pleno del año el recurso de amparo de la exconsejera catalana de Gobernación Meritxell Borràs, con la intención de ir resolviendo poco a poco los del resto de condenados y tener todos listos antes del verano. Dada la cantidad de asuntos programados para este pleno, será previsiblemente el jueves cuando el TC empiece a estudiar el recurso de Borràs, condenada a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia en el proceso independentista catalán de 2018, según fuentes jurídicas.
El tribunal estudiará el borrador de sentencia elaborado por el magistrado y ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, que plantea respaldar al Supremo como órgano competente para juzgar estos hechos, en contra de la tesis de Borràs, que cree que se vulneró su derecho al juez predeterminado por la ley dado que debió ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Se trata de un planteamiento especialmente relevante, en opinión de las fuentes, dado que, de confirmarse, será de aplicación para el resto de condenados, que han recurrido esta misma cuestión desde el inicio de la causa. Y también porque podría interpretarse en clave de respuesta a la Justicia belga, que recientemente avaló el rechazo a entregar a España al exconsejero catalán Lluís Puig, uno de los líderes independentistas que no fue juzgado por huir del país, al considerar que el juez del Supremo Pablo Llarena no era competente para dictar la euroorden contra él.
Pero antes de meterse de lleno en el procés[contexto id=»381725″] el TC tiene otros asuntos que estudiar, como otro recurso del expresidente de la Generalitat Quim Torra contra el rechazo del Constitucional a suspender cautelarmente su inhabilitación, acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ratificada por el Supremo. Tras la negativa del TC, Torra lo vuelve a intentar con un recurso de súplica a aquel auto que desestimó la medida cautelar solicitada sin entrar a valorar la sentencia que lo condenó por desoír la orden de retirar una pancarta en apoyo a los presos del procés de edificios públicos en la campaña del 28-A.
El tribunal estudiará también si admite a trámite el recurso del PP contra la disposición transitoria de la ley aprobada en julio de 2020, que amplió de 6 a 12 meses el plazo máximo de instrucción de las causas penales con la posibilidad de que el juez acuerde prórrogas. El PP recurrió la disposición transitoria, que establece que esta modificación «será de aplicación a los procesos en tramitación» a la entrada en vigor de la ley.
En la agenda del TC también figuran varios recursos de la Generalitat de Cataluña, uno de ellos contra diversos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza» y ya avalada por el tribunal; o la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sobre las sanciones a medios de comunicación por publicar entrevistas en las jornadas de reflexión electorales.