Así no, presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido este lunes una nueva huida hacia delante de consecuencias imprevisibles para nuestra democracia lanzando una ofensiva intimidatoria contra la autonomía de los jueces y la independencia de los medios de comunicación.

Tras sumir en la incertidumbre y el desconcierto durante cinco días a los españoles, compareció en el Palacio de la Moncloa para dar un discurso sin preguntas y presentarse de nuevo como víctima, él y su familia, del acoso de unas supuestas fuerzas oscuras de una «ola reaccionaria mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación» y anunciar que seguía al frente del Gobierno para liderar la «limpieza y la regeneración pendiente». En una entrevista en la televisión pública, concretó que ese «punto y aparte», como calificó su decisión de continuar al frente del Ejecutivo, consistirá en la próxima puesta en marcha de medidas legislativas para controlar a jueces y periodistas díscolos.

Resulta casi un sarcasmo que el presidente que más ha contribuido a la división de los españoles en la historia de nuestra democracia, que ha sacado a su propio partido del consenso de la Constitución de 1978, que defendió levantar «un muro contra la derecha extrema y la extrema derecha» en su discurso de investidura del pasado 16 de noviembre y cuyos inexplicables y constantes «cambios de posición», como ha llamado a lo que la oposición califica de simples mentiras, han confundido a la inmensa mayoría de ciudadanos, se queje ahora de un ambiente político tóxico y una polarización de la que él ha sido el principal responsable.

Esa supuesta «mayoría social» que enarbola Sánchez no puede ocultar la debilidad de su mayoría parlamentaria, que le ha impedido aprobar los Presupuestos de este año y paraliza la acción legislativa de su Gobierno ante el chantaje inadmisible y permanente de sus aliados, debilidad que le llevó en días pasados a, saltándose las instituciones, apelar a las masas, exigiendo la adhesión a su persona, líder único, encarnación exclusiva de la izquierda y última garantía de la democracia y el progreso.

La movilización organizada durante sus cinco días de «reflexión» resultó un fiasco, apenas unos miles de partidarios acarreados en las calles de Madrid, y la catarsis a la que sometió a los españoles tras su insólita y caprichosa decisión de abandonar provisionalmente sus responsabilidades, ha devenido en farsa. En una democracia liberal, el jefe del Ejecutivo está obligado a rendir cuentas, la función de la oposición y de la prensa independiente es controlar la acción del Ejecutivo y el papel de los tribunales es dirimir si el Gobierno ha infringido la ley. La política no puede convertirse en un mero espectáculo de propaganda ni la democracia en un puro juego de aritmética.

Está en su derecho de querellarse ante los tribunales por cuanta difamación o calumnia encuentre en lo que considere bulos y tiene el privilegio de dar explicaciones detalladas en el Parlamento, pero no a situarse por encima de la ley ni blindarse ante toda crítica o discrepancia. Desacreditar las instituciones y calificar al adversario político de enemigo sólo revela una tentación autocrática y caudillista absolutamente incompatible con nuestro Estado de derecho.

Generar estados de histeria colectiva, fomentar el odio y la división entre los ciudadanos, provocar el enfrentamiento entre las propias instituciones o ponerlas a su servicio y desunir a la nación no es lo que España necesita. Si de verdad le preocupa la degradación del debate público y la polarización a la que hemos llegado, debería aprovechar ese «punto y aparte» para empezar a trabajar por la reconciliación de los españoles y no buscar culpables donde no los hay.

THE OBJECTIVE, como periódico independiente y plural, seguirá como hasta ahora, informando de aquello que el poder, cualquier poder, no quiere que se sepa. Somos periodistas. Cumplimos con la función social de la prensa como contrapoder, lo que no es un capricho ni una postura, sino un deber en favor de la libertad que en una democracia digna de tal nombre no tiene más límite que el Código Penal. Y siempre lo haremos dentro del marco que establece nuestra Constitución y contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas a la convivencia pacífica de los españoles.