Juana Rivas: caso abierto

La misma semana que nos enteramos de que el Gobierno tiene intención de indultar a los presos del procés, se anuncia que el Ministerio de Justicia está comenzando a tramitar el indulto a Juana Rivas. Juana Rivas fue condenada en julio de 2018 a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad y 30.000 euros de indemnización a su expareja, Francesco Arcuri, por el delito de sustracción de menores. La pena de cárcel fue reducida en abril de este año por el Tribunal Supremo a dos años y medio. Recientemente, un juzgado de Granada ha ordenado la ejecución de la sentencia.

Vaya por delante mi comprensión hacia Juana Rivas. Como muchas otras mujeres, es muy posible que haya sido víctima de una relación tóxica y patriarcal de la que también sus hijos han resultado damnificados. La sociedad y el legislador deben trabajar para proteger a todas las mujeres que sufren violencia machista o de género, tanto da. Pero Juana Rivas también ha sido víctima del feroz maridaje entre política y comunicación audiovisual que está arrasando la esfera pública de este país desde hace dos décadas.

Este maridaje tiene precedentes. Hay un bello capítulo en La hispanibundia, de Mauricio Wiesenthal, donde se retrata la tendencia secular española a recrear la historia a través de gestas populares donde se desencadenan las tramas en busca de sentencias justas: El mejor alcalde, el rey, Fuenteovejuna y El alcalde de Zalamea son algunos de los ejemplos más representativos. En casi todas estas obras de teatro clásico emerge de la frustración social un sentimiento exaltado y casi fanático de la justicia, un abuso pasional del derecho que favorecerá la aparición de pronunciamientos individuales y colectivos como forma de imponer determinados criterios políticos a la colectividad.

Con Juana Rivas, una vez más, los medios decretaron uno de los estados de excepción comunicativos que dejan a España sin respiración, que escarban hasta la extenuación en los perfiles personales y familiares de quienes buscan alguna forma de justicia ante no pocas desgracias y accidentes vitales. A este estado de excepción irracional se unieron políticos, tertulianos, asesores oportunistas y, en fin, todos aquellos gestores de la ira que vieron en Rivas una oportunidad para vender su mercancía. Con ello la empujaron a cometer un delito que sirvió para reivindicar una «justicia con perspectiva de género», como acaba de recordar la ministra Irene Montero. Sin palabras.

El caso Juana Rivas tiene sentencia firme, pero es un caso abierto para nuestra sociedad y clase política. Nos interpela sobre los límites del periodismo y la dignidad. Sí, la dignidad: en su acepción más básica significa la prohibición de considerar al ser humano un medio y no un fin en sí mismo. El indulto servirá para hacer justicia material, no porque repare los daños de una condena deliberadamente buscada, sino porque aquietará la conciencia de todos aquellos que mandaron a una mujer en pleno naufragio personal ante el peso de la ley para perderlo todo. Este sí, y no el caso de los presos separatistas, es un ejemplo de autoindulto por el que nadie parece querer rendir cuenta alguna.