La Cataluña de los corderos

Conocen la imagen sobradamente: José Gálvez Barragán, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida, lleva en volandas a Isabel Porras, que entonces tenía siete años. Corría el 29 de mayo de 1991. Momentos antes los miembros de ETA Joan Carles Monteagudo, Juan Félix Erezuma Uriarte y Juan José Zubieta Zubeldia habían hecho estallar un coche bomba en la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic.

A Monteagudo, responsable de activar el mecanismo explosivo, no le detuvo la contemplación de un grupo de niños correteando en el patio. Murieron 10 personas, cinco de ellas menores. Una de ellas Ana, de 10 años, la hermana de Isabel (a quien finalmente le tuvieron que amputar una pierna).

Monteagudo había organizado el comando Barcelona (también responsable de la matanza de Hipercor y del asesinato de seis policías nacionales en Sabadell en diciembre de 1990, entre otros atentados), y perteneció a «Terra Lliure», algunos de cuyos emblemáticos dirigentes como Frederic Bentanachs fueron entrenados por ETA en el sur de Francia en 1978. Así lo relata Carles Sastre en Terra Lliure. Punto de partida (1979-1995), uno de los creadores de esa banda terrorista, condenado por el espeluznante asesinato del empresario José María Bultó en 1977.

Tras salir de la cárcel, Sastre pasó a dirigir un sindicato y ha concurrido a las elecciones autonómicas en las listas de la CUP; en una entrevista en TV3 fue presentado como «gran reserva del independentismo». Con Frederic Bentanachs, quien ha declarado que de nada de su pasado se arrepiente, se han arrimado en jubiloso «selfie-photo-call» Arnaldo Otegi, Pep Guardiola, Joan Tardá y, a las puertas de su residencia en Waterloo, el fugado expresidente Puigdemont.

Hay quienes en algún momento de su malograda y despreciable existencia se han arrogado la posibilidad de fungir las vidas humanas inocentes en el altar de algún ideal supuestamente elevado: la construcción de la nación vasca o catalana independiente y socialista ha sido uno de ellos. No cualquiera vale. Monteagudos y Sastres, Txapotes y Troitiños, gentes dispuestas a des-humanizar a cualquiera de sus semejantes, a apartar el cordero y volar a la niña Isabel Porras si hace falta para mejor servir a la causa, no abundan.

Salir con el bote de lejía a limpiar las calles por las que han pasado los «enemigos de la nación» o tus rivales políticos; prohibir que se celebre un acto electoral de Ciudadanos precisamente en la plaza mayor de la ciudad de Vic; homenajear a los asesinos de Vic en Guernica (31 de mayo de 2020); evidenciar y avergonzar en los colegios a los hijos de la guardia civil, o a la niña que dibuja la bandera del tenido por invasor; incluso pactar con ETA como conseller en cap para que no se atente más en Cataluña, cualquiera de esas acciones sí está más «al alcance de todos los españoles (o catalanes)». Para una topografía en detalle de ese paisaje moral cotidiano, lean ¿Somos el fracaso de Cataluña?, de Iván Teruel.

Pero también hay gentes que se llaman Francesc Arnau i Arias, un abogado de Barcelona que en el diario Naciódigital, un 12 de julio de 2006 pudo escribir, cuando se conmemoraban los 15 años del atentado de Vic, que: «… a los periodistas del sistema no les interesa recordar que en 1991 ya hacía años que ETA había declarado a las casas-cuartel de la Guardia Civil como objetivos militares y había advertido de la imperiosa necesidad de que las familias las desalojaran. Pero los responsables políticos de las casas-cuartel, fieles herederos del Duque de Ahumada, han preferido siempre seguir utilizando a las mujeres e hijos de los guardias como verdaderos escudos humanos de esta policía militar. En definitiva, es una táctica muy antigua que, junto con el episodio del general Sanjurjo en el Alcázar de Toledo, va a servir sobre todo para adornar la mitología franquista en torno a la guerra civil de 1936-1939».

Respire. Tome aire. Va otra píldora de Arnau: «… actos como el de Vic – y el tratamiento de la prensa comarcal de Osona- vienen a alimentar la ya de por sí confusa y vergonzante política parlamentaria catalana que ha provocado de manera incomprensible la irrupción intempestiva de un montón (colla) de jovencísimos ‘números’ de la Guardia Civil en prácticas, enviados desde Madrid, con la excusa de frenar la inoportuna y sospechosa plaga de atracos a urbanizaciones residenciales» (La dissolució de la Guàrdia Civil).

En el reciente Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de abril de 2021 se da cuenta de que, de acuerdo con los datos oficiales, a día 22 de abril de 2021 un 80,3% de los Mossos, un 71,2% de la Policía local y un 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona habían sido ya vacunados contra la COVID-19. De los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un 9,9% y un 6,3% respectivamente. Lo más probable es que, de estar hoy de servicio, José Gálvez Barragán, nuestro héroe de Vic, no estaría vacunado. Tampoco ninguno de los de la «colla» enviados desde Madrid intempestivamente.

¿Se imaginan que una brecha semejante se produjera en la vacunación de los vecinos de Madrid a favor de los barrios de renta más alta? ¿O entre hombres y mujeres? ¿O entre inmigrantes con papeles y sin papeles? En estos tiempos de tantísima prédica de lo «sistémico» y «estructural» es difícil hallar una sima de semejante calado, de parecido carácter presuntamente ignominioso.

Es por ello por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tenido que ordenar la inmediata vacunación de los policías y guardias civiles pues no parece que exista criterio objetivable alguno que sostenga la asimetría, de acuerdo con el propio plan de vacunación de la Generalidad. No es frecuente que en España los tribunales se erijan en esta suerte de garantes del derecho básico a la asistencia sanitaria (inmunizarse es sin duda una manifestación de tal derecho), algo típicamente reivindicado por los campeones del Estado social, y que, cuando se produce, es celebrado como el correcto entendimiento de la evolución del ideal de los derechos humanos.   

No así en esta ocasión para el Secretario de Salud Pública de la Generalidad, Josep Maria Argimon, que ha afirmado que el asunto se ha «judicializado y politizado desde Madrid». «Cumpliremos – ha indicado- pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo…».

Dejarla ahí, botando, la deja cualquiera… ¿Pero rematarla? ¿Quién mejor que el 130 presidente de Cataluña, aquel que en 2016 presidió el acto en homenaje a las víctimas del atentado de Vic?: «Los que agredieron a los ciudadanos al grito de ‘a por ellos’ – ha señalado Puigdemont en un tweet de 27 de abril- continúan siendo privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán por delante de las personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de manera salvaje el 1 de octubre de 2017». Por toda la escuadra.

Por supuesto el retraso para vacunar a los mayores de 70 no acontece cuando se vacuna a los Mossos, Policía  Local y Guardia Urbana de Barcelona, y cualquier «persona indefensa o pacífica» que llegue tarde a la inmunidad porque antes fue vacunado alguno de los de «la colla» de policías o guardias civiles, bien podrá ser tenido por el cordero sacrificial del «sistema español», la víctima preterida en favor de las «fuerzas enviadas desde Madrid».

El ominoso cartel asalta la imaginación de cualquiera y dejaría al de Vox a la altura de un exceso de Pocoyo: a un lado unos cuantos yayos entrañables haciendo cola en la UCI y al otro un guardia civil de los de tricornio antiguo y bigotón siendo vacunado. Y con un ambiguo brazo en alto si es menester. El abogado que planteó el recurso que ha propiciado la orden de vacunar a Policía Nacional y Guardia Civil ya siente la lluvia fina de las amenazas.

Para que unos «ganen la fama» otros tienen que «cardar la lana». Y otros seguir callando, o aquietando – «que nadie crispe, que nadie crispe…»- siempre al calor del rebaño. Y otros balar, porque hay que comer.