Huérfanos de acusación

Mientras tanto, Argentina y todos los Estados de Derecho del mundo, lloran su muerte, porque un Fiscal es, ante todo, el representante público encargado de promover la actuación de la justicia

En Argentina, como en España, y otros muchos países, los fiscales son los encargados de defender los intereses públicos en los procesos judiciales, instando la acción pública. Así nos lo ilustra, por ejemplo, el artículo 120 de la Constitución Nacional Argentina o el artículo 124 de nuestra Constitución Española.

Con la triste y sorpresiva noticia de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que esta misma semana tenía el compromiso para comparecer en el Congreso y dar más detalles sobre la acusación de Cristina Fernández de Kirchner y de varios dirigentes del oficialismo argentino, por haber encubierto (presuntamente) a Irán en la causa que se investiga del atentado perpetrado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y que dejó 85 muertos, la sociedad siente que se ha quedado huérfana de acusación.

La comunidad judía argentina acusa a las autoridades iraníes de estar detrás del ataque y desde la AMIA se lleva tiempo pidiendo al Gobierno argentino que exija responsabilidades a dichas autoridades.

En España, como en cualquier país que base su Democracia en el respeto del Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la separación de poderes, esta noticia también ha conmocionado a la opinión pública.

Es hora de esclarecer las causas del fallecimiento del fiscal argentino. Mientras tanto, Argentina y todos los Estados de Derecho del mundo, lloran su muerte, porque un Fiscal es, ante todo, el representante público encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, salvaguardando, además, la independencia de los órganos que integran el Poder Judicial.

Y es que, como sentenció Tácito: “La verdad se robustece con la investigación; la falsedad, con la incertidumbre”…