¿A quién pedimos cuentas por no acoger más refugiados?

La atención a los que huyen de la guerra e intentan entrar en Europa para salvar su vida debería ser una de las prioridades políticas de todas las administraciones públicas. Y así lo reclama cada manifestación que durante los últimos días se ha convocado a lo largo y ancho del continente, con especial fuerza en Barcelona. Se exige un cambio en la política de acogida: más cuotas, mejor trato. Welcome Refugees. Son reclamos legítimos y esperanzadores que yo comparto y defiendo. Hay un deber moral que no se puede eludir, y no hay un “wonderful and beautiful wall” que pare a personas que no tienen nada que perder.

Pero no deja de sorprender que el foco de los reclamos se haya puesto, precisamente, en las instituciones comunitarias. La UE, dominada por los Estados y el Consejo en un momento de repliegue nacionalista y auge del populismo xenófobo, no es culpable de la cuota rácana que cada país ha decidido con el único criterio de que su panorama político no sea engullido por los Le Pen, Wilders, Farage, Orban o Kazynscki. La Comisión es una institución encargada de realizar el trabajo sucio, el brazo ejecutor y no decisor de una política basada en el repliegue identitario del Estado-nación, no en el federalismo europeo. La culpa, por tanto, no es de la Unión Europea, sino de los Estados, ineficientes a fin de cuentas para resolver un problema de esta envergadura, pero que conservan el poder balsámico de la promesa de la frontera segura. Más Europa es menos Estado. Y eso hay que votarlo.

Aunque, siendo los Estados más responsables que la UE, tampoco son estos entes insolidarios por capricho. La realidad es que, a poco que los países aprueban políticas de asilo generosas, la extrema derecha crece. Pensemos en Merkel, a la que creció a su derecha Alternativa por Alemania apenas soltó un Wilkommen a los refugiados. O en Gert Wilders, que sigue subiendo en las encuestas pese a decir que acabará “con la escoria marroquí” de Holanda. Muchos ciudadanos apoyan estas declaraciones. Y esa presión de base se traslada a sus Gobiernos, que su vez empujan en el Consejo para restringir las cuotas de asilo.

¿Qué tal, por tanto, si empezamos por admitir que este no es un problema de una casta de burócratas insolidarios de Bruselas contra un pueblo deseoso de echar una mano frente al drama? A lo mejor más de uno se encontraba, sin darse cuenta, manifestándose contra sí mismo. Estamos en una lucha política entre unos ciudadanos y otros, y es en el mercado político electoral donde se jugará la partida. No en los despachos de Bruselas. Las manifestaciones contra los gestores son necesarias, pero más aún la persuasión con el vecino receloso.