El prestigio social y la inmersión lingüística

De todos los argumentos a favor de la inmersión lingüística que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días, hay uno que chirría especialmente para alguien que, por su sensibilidad de izquierdas, considera que la igualdad no debe consistir meramente en animar a que la clase trabajadora se disfrace de burguesa. Resumo el argumento en unas líneas: en Cataluña, el catalán es el idioma que se relaciona con el prestigio profesional y el elevado estatus social; el catalán es el idioma de la burguesía. El catalán, sin ser el idioma mayoritario de los catalanes, es el idioma hegemónico, pues institucionalmente está considerado el “propio” de Cataluña. Por lo tanto, para prosperar socialmente, es imprescindible que uno hable catalán, y si es nativo, mucho mejor. En base a estas premisas se justifica la inmersión: como hablar catalán es una ventaja social innegable, promover el bilingüismo a través de la “normalización” abriría el mercado de trabajo a los castellanoparlantes. Este razonamiento ignora un elemento fundamental: afirmar que el conocimiento del catalán es necesario para superar una barrera social, es naturalizar que exista esa barrera. Las instituciones tienen la obligación de combatir los prejuicios, no de reforzarlos. El reto no es encajar a los ciudadanos en el molde nacionalista, sino romperlo. Por poner un ejemplo, también el acento peninsular goza de más prestigio social en España que el ecuatoriano o el boliviano, pero la solución no está en “normalizar” al inmigrante latinoamericano para amoldarlo a los prejuicios de la sociedad, sino en derrocar el prejuicio, y ampliar el espectro de prestigio.

La izquierda debe abandonar el marco mental del nacionalismo y entender que las personas tienen derecho a progresar socialmente en su propio país sin someterse a ningún bautismo identitario.

El “argumento del prestigio” se desarrolla poniendo el foco en los emigrados castellanoparlantes que hicieron lo posible por que sus hijos fuesen bilingües y pudiesen progresar en su “nueva tierra”. De nuevo, la inmersión es presentada como una necesidad para superar la clase social de origen, y un puente para que “los de fuera” gocen de las mismas oportunidades que los autóctonos. Entiendo que aquellos padres defendieran la inmersión si les garantizaron que sus hijos sólo progresarían socialmente hablando catalán, pero apuesto a hubieran preferido que les juzgase por sus méritos, sin que mediara barrera lingüística alguna.

Y aquí llega la siguiente arista del argumento: la inmersión supuestamente pretende evitar que existan ciudadanos de primera y segunda, pero logra justamente lo contrario. La inmersión parte de que hay niños de primera: los que ya hablan catalán, y de segunda: los que han de aprenderlo si quieren progresar. Los que se apellidan García, y los que se dedicarán a la política. El castellanoparlante es “de fuera”, y la caridad de la inmersión le dará el empujón necesario para que parezca “de dentro”. Con este esquema mental, es lógico que se considere que los detractores de la inmersión atentan contra el futuro de los niños, ya que sin ella importarán poco sus méritos académicos, y nunca entrarán a formar parte de ningún círculo de prestigio catalán. Defender la inmersión como llave de acceso al desarrollo profesional y al prestigio social, es admitir la injusticia de que el castellanoparlante no progresará, salvo que sea catalanizado. Quizá convendría combatir la xenofobia y la discriminación, y no limitarse a amoldarse a ellas.