El error del PSOE con los Presupuestos

Joaquim Torra ha anunciado, solemne, tras conocer las acusaciones presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que “el pueblo catalán” no apoyará los presupuestos generales del Estado y que, además, retira el “apoyo” al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente catalán, riguroso nacionalista, utiliza sin pudor la sinécdoque y habla en nombre de Cataluña como si él representara a siete millones y medio de catalanes –cuando, como mínimo, excluye a más de la mitad de ellos en todos sus discursos sin excepción-, pero lo cierto es que el pueblo de Cataluña no es patrimonio de Torra ni tampoco ha “apoyado” nunca a Sánchez. Tampoco el pueblo español en conjunto apoya al actual presidente del Gobierno, va de suyo.

Y a pesar de todo esto, sí es cierto que el conjunto de los españoles está pendiente de las idas y venidas del nacionalismo catalán, a quien Sánchez ha concedido las llaves de las cuentas públicas y, en consecuencia, la batuta de la legislatura. Esta pasada semana el presidente del Gobierno trató de cubrirse las espaldas “tendiendo la mano”, como le gusta titular a la prensa afín, a PP y Ciudadanos para apoyar el Presupuesto. Su afirmación la ha desbaratado el propio Sánchez varias veces, ¿o no es él mismo el que ha calificado de radicales e incluso roto relaciones con la oposición democrática? Además, el ungido como segundo portavoz del Gobierno, Pablo Iglesias, apuntaba a las verdaderas intenciones de acuerdos de Sánchez ayer mismo: “el PSOE y nosotros vamos a entendernos con las fuerzas catalanas y las fuerzas vascas”. Fuerzas catalanas y vascas. Cómo no van a hablar los nacionalistas en nombre de todos los demás si hasta la izquierda les concede algo así.

Para despejar dudas del todo, el PSOE ha aprovechado la decisión de la Abogacía del Estado de desmarcarse de la acusación de rebelión ratificada por el Supremo y la Fiscalía para redoblar sus llamadas al separatismo a que aprueben las cuentas públicas. Aseguran que no hay gesto, pero lo añaden al argumentario de la dignidad. Resulta encomiable ver cómo Sánchez e Iglesias instan a Torra a velar por los intereses de los trabajadores catalanes intentando vender las bondades presupuestarias para Cataluña. Como si al actual gobierno catalán o al anterior le hubiese importado mucho el bienestar de los catalanes cuando decidió liquidar sus derechos y libertades el otoño pasado. Antes de poder volver a hablar con autoridad moral sobre los autónomos, dependientes o funcionarios catalanes, los partidos independentistas deben aceptar la respuesta judicial a su intento de derribo a la democracia española.

Como el Gobierno de Sánchez ha decidido legitimar como interlocutores a quienes siguen amenazando con su plan de desobediencia, las palabras de Torra determinan, en efecto, el devenir de la política española. A priori, el aviso del presidente catalán es el mejor alegato contra la política del apaciguamiento: el nacionalismo es insaciable, y no hay cesión que pueda contener sus ganas de conflicto. Sin embargo, es legítimo pensar que lo de Torra es pura retórica para articular la indignación de los líderes separatistas por las penas de prisión solicitadas por la Justicia, y que finalmente darán aire al sanchismo. No sería extraño, pues Sánchez no ha negado estar manejando el indulto para los encausados en caso de sentencia condenatoria. (Aviso preventivo: el indulto va a ser un gesto difícil de maquillar).

Ambas hipótesis son conciliables. En su intento de deslegitimar desde el Gobierno a la Fiscalía y al Supremo, el Gobierno no sólo protagoniza un escándalo que puede tener graves consecuencias, sino que lo hace a costa de los jueces y la democracia española. Si ante esta voluntad de caer en gracia al nacionalismo, Torra tumba la legislatura, debería servir para que el PSOE constate que de nada sirve el acercamiento sin rectificación previa. Si Torra accede, acepta el gesto y vota el Presupuesto, los que creen que el nacionalismo es toreable tardarán un poco más en salir de su error. Después vendrá la impunidad. Y la impunidad es peligrosa: no por las penas, sino por la enmienda que desde el propio Gobierno de España se está haciendo a la democracia española y a su legitimidad para defenderse.