Efecto dominó

No es asunto menor que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea opine que Oriol Junqueras adquirió la condición de europarlamentario tras las elecciones del pasado 26 de mayo. Si entonces hubiese ocurrido lo que a Maciej Spuznar le parece que sería lógico desde un punto de vista democrático, y que fue motivo de controversia durante semanas, Junqueras debería haber gozado de inmunidad (tal y como se describió la inmunidad de los europarlamentarios el 26 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Unión). Pero ahora un hipotético pronunciamiento del Tribunal de la UE favorable a Junqueras, afirma Spunzar, tampoco tendrá más recorrido porque hoy hace un mes que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya fue condenado a 13 años de cárcel y, por tanto, desde que está sentenciado, quedó políticamente inhabilitado. Pero tampoco debemos olvidar, y ayer lo recordaba el jurista Jordi Nieva, que precisamente fue el Tribunal Supremo de España quien hizo una consulta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Y antes de conocer la respuesta a la consulta que había formulado, optó por sentenciar.

Episodios como este de la opinión del abogado general, como el de la confusión generada la semana pasada por la reactivación de la euroorden, refuerzan la impresión que el proceso al Procés tramó, trama y tramará una telaraña legal y penal en ocasiones arbitraria para envolver lo que también está siendo juzgado pero que se pretende invisibilizar: la gestión de una demanda política que ultrapasa los límites de la Constitución, pero cuya consolidación dopa una crisis de consentimiento que tiene una inequívoca potencialidad para seguir corroyendo la calidad democrática del Estado. Esta estrategia antisistética de la corrosión jurídica es la que activó Gonzalo Boyé –abogado de Carles Puigdemont- durante los días posteriores al gatillazo de la Declaración de Independencia. Lo relatan los autores de una nueva crónica, dura y espléndida, sobre el clímax del Procés: se titula Tota la veritat. Allí, entre infinidad de secretos, desvelan como Boye ideó una estrategia de defensa política denominada Efecto Dominó por él mismo. La clave para activarla era que sus defendidos marchasen de España y entonces, desde otros países, obtuviesen pronunciamientos judiciales en otras jurisdicciones con el propósito de minar, primero, la causa instruida por la justicia española y, en último término, deslegitimar el poder judicial español. Y es innegable, nos guste o no nos guste, que algunas fichas han caído.