España, caja única

De aquí a 2021 el Estado intentará consensuar con el Gobierno Vasco el traspaso de la “gestión” de la seguridad social a Euskadi: se trata, aunque no solo, de que Urkullu mande una carta a los pensionistas a finales de año recordando quién hace el ingreso mensual en sus cuentas. Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional parece avalarlo, aunque en materia de empleo. Voy a tratar de explicar por qué creo que puede ser una mala idea fragmentar la ejecución de la competencia, pese a lo reconocido en el art. 149.1.17ª CE y en el propio Estatuto.

En primer lugar, porque el anuncio se hace como pago a un voto de investidura en el Congreso y con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina. Sé perfectamente que en política se ha perdido ya cualquier pudor, pero lo preocupante para nuestro federalismo es que sigamos con la práctica de distribuir el poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas sin atender a juicios de racionalidad y observando criterios de interés partidista, como parece ser el caso. La reforma constitucional en materia territorial tendrá que seguir esperando.

En segundo lugar, porque el régimen de la seguridad social no sólo es un mecanismo para satisfacer prestaciones básicas y derechos de los ciudadanos. Es también un instrumento muy potente relacionado con el gobierno de la economía, faceta que sirve para que el Estado trate de corregir los problemas derivados de la desigualdad y de las crisis sistémicas. Por otro lado, no descubro nada nuevo lo bien que le va al mercado la competencia territorial en términos financieros (crítica, por supuesto, destinada a los que vinieron a poner orden en el universo neoliberal).

En tercer lugar, por cuestión de eficacia. La fragmentación de la gestión de la seguridad social –sobre todo en materia de pensiones- generará más costes y descoordinación en un servicio que ya funciona relativamente bien. Aunque ello pueda ir a cargo del cupo, y ya sabemos lo que al final termina significando eso para la hacienda común, lo relevante aquí es que el alta de empresas, el reconocimiento de prestaciones o el aplazamiento de pagos suelen estar sujetos a criterios de conjunto cuya atribución a las autoridades autonómicas puede generar mayor desigualdad entre beneficiarios.

En cuarto lugar, porque considero que el traspaso de la gestión de una suma tan importante (9.000 millones de euros anuales) profundiza en un federalismo de ejecución y asimétrico cuya funcionalidad pasa por una lealtad constitucional de la que aquí no andamos sobrados. La ciudadanía estadounidense (frente a la estatal) se ha labrado, en gran medida, a través de la actuación directa del gobierno federal, que está presente fiscal y administrativamente en todo el territorio norteamericano. No estaría mal mirar por aquellos lares a estos efectos, aunque soy consciente que las pensiones no son un buen ejemplo a este respecto.

En quinto y último lugar, la caja única nunca estará en entredicho. El País Vasco es deficitaria en pensiones (4000 millones de euros anuales) y por estos lares se habla ya de un próximo shock demográfico. Lo que con el traspaso de parte de la seguridad social se hace es aumentar el poder organizacional y simbólico del nacionalismo vasco. Nada que objetar si ello responde a un criterio programático. Sin embargo, el actual gobierno de progreso puede no ser consciente de que más importante que la unidad de la masa de recursos, es la continuidad de esa caja única que es España en términos de solidaridad y afectos comunes. Porque la experiencia viene enseñando que sin nación no hay mucha redistribución.