La energía oscura

De los brotes de primavera, que han pasado casi desapercibidos por culpa del confinamiento, al rebrote del coronavirus, un temor con el estamos condenados a vivir al menos en el medio plazo. El encierro nos ha privado de hacer el ejercicio de humildad que supone la contemplación del admirable tesón del ciclo de la vida. El mismo ejercicio que deberían hacer hoy nuestras sociedades avanzadas, que todo creían haber conquistado, para aceptar y aprender a convivir con un contagioso y letal virus que en su ADN lleva escrita su voluntad de propagarse para sobrevivir. Como casi todos los virus, buenos y malos. Un microorganismo que ha venido a recordarnos nuestra vulnerabilidad. No se trataba sólo de mirar a las estrellas para que los humanos nos sintiéramos pequeños. Los miles de virus que existen desde que hay vida en la Tierra y su capacidad de mutar y propagarse son otro recordatorio de nuestra pequeña e indefensa condición. Lean aquí este precioso artículo sobre la vida oculta de los virus y la energía oscura que nos rodea.

Pero, sorprendentemente, cuando toda la atención debería estar centrada en sumar esfuerzos para evitar un rebrote que pueda obligarnos a confinarnos de nuevo y haya que parar otra vez la economía, la crispación de la política nacional alcanza cotas insoportables. La estupefacción que ha provocado el pacto firmado por el PSOE con Podemos y Bildu para la derogación integral de la reforma laboral, aunque abortado después, ha abierto una gravísima crisis de Gobierno. A las puertas de la mayor crisis económica y social que se cierne sobre España desde el fin de la Guerra Civil, introducir este elemento de incertidumbre a cambio de un puñado de abstenciones que ni si quiera se necesitaban es incomprensible ¿Torpeza? ¿Frivolidad? ¿Maniobras electorales? De todo un poco. Lo cierto es que Sánchez ha conseguido ponerse en contra a todos sin excepción.

A Pablo Iglesias, quien tal vez queriendo allanar el camino a una coalición con Bildu tras las elecciones vascas, insiste en que el Gobierno debe cumplir lo acordado. A las ministras del ramo, la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, que no fueron consultadas y que se han visto desautorizadas ante los agentes sociales, con los que se reúnen regularmente. Un ninguneo, por cierto, vergonzoso para un Gobierno que se autodefine feminista. A empresarios y sindicatos que, molestos de que el Gobierno haya actuado a sus espaldas, amenazan con romper la única mesa de negociación que funcionaba y cuya capacidad de consenso es más necesaria que nunca ante la colosal crisis que se avecina. A todas las fuerzas políticas nacionalistas de izquierda que facilitaron su investidura. Y por último, a las dos únicas formaciones que han votado que sí a todas las prórrogas del Estado de Alarma solicitadas por el Gobierno al Congreso, Ciudadanos y PNV. El espaldarazo dado a Bildu a las puertas de las elecciones vascas ha sentado especialmente mal a este último, socio preferencial del Gobierno desde que apoyó la moción de censura contra Rajoy hace dos años. ¿Se volverán ahora las tornas?

Todo ello además supone un tremendo desprestigio para España de cara a Europa, cuyo apoyo financiero y flexibilidad fiscal son más necesarios que nunca para poder hacer frente al fenomenal aumento del déficit público previsto para este año. Los ERTE que afectan a casi 4 millones de trabajadores, el mayor coste de los subsidios de desempleo por el aumento de los parados, que superan ya los 3,8 millones de personas, la renta mínima que se distribuirá a 100.000 familias, las subvenciones para los autónomos y las empresas, las moratorias fiscales, la caída en picado de los ingresos por el parón económico… La factura puede rondar fácilmente los 100.000 millones de euros y elevaría el déficit al 12% del PIB, una cifra que superaría las cotas alcanzadas en los peores momentos de la reciente crisis. Para financiar ese desfase España depende de que los inversores extranjeros compren su deuda que, todo apunta, puede llegar a rozar el 120% del PIB frente al 100% que cerró en 2019. En marzo de hecho ya alcanzaba el 109%. La credibilidad del Gobierno y el aval de Europa pueden hacer esa factura, que se concreta en los tipos de interés que ha de ofrecer el Tesoro para conseguir la financiación, sea más o menos dolorosa.

Si el Gobierno fía todos sus planes a la ayuda que ha de venir de Europa, ¿qué hace promoviendo la confusión y dinamitando la unidad? No se puede esperar un cheque en blanco sin asumir su deficiente historial en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la pertenencia al euro. En 2019 cerró con un considerable desvío del déficit, la primera subida de este desequilibrio en siete años, sin que hubiera aún noticias de la pandemia. ¿Y qué me dicen de los 9.000 millones de euros de desfase presupuestario que ha detectado el Tribunal de Cuentas en el primer ejercicio de Sánchez?

No son las mejores credenciales para exigir una ayuda sin condiciones. Con su errática gestión el Gobierno corre el riesgo de alimentar la desconfianza que ya existe entre los ahorradores países del Norte hacia los menos rigurosos del Sur. Ellos tienen sus colchones fiscales para hacer frente a la crisis. Estaban preparados. A diferencia de España e Italia, los dos países más afectados por la pandemia. La Comisión Europea insiste en que el consenso en la UE para embarcarse en un monumental gasto público es más amplio que nunca. Así que si España llama a la puerta de la solidaridad europea tiene que presentar cuanto antes una estrategia creíble para reducir esos desequilibrios a posteriori. Y mandar una señal de seriedad y de control en las cuentas a nuestros socios en la UE, como recordaba esta semana el gobernador del Banco de España.

Pero de momento, la seriedad y el control brillan por su ausencia. Y ello sólo puede dar argumentos a los movimiento populistas antieuropeos y proteccionistas de extrema derecha e izquierda que en Alemania, Holanda o Austria aspiran a rentabilizar electoralmente el rechazo de una parte importante de la población a ayudar a sus vecinos del Sur. La creciente popularidad de su mensaje amenaza con retrasar la aprobación por parte del Consejo Europeo del gran paquete fiscal aprobado en el Parlamento por valor de 2 billones de euros. Hasta que eso ocurra, se espera que el Gobierno de España use todas las vías de financiación a su alcance. Por eso es incomprensible que España quiera rechazar la línea de crédito de 240.000 millones de euros que ofrece el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

España, con 27.888 fallecidos (596 por cada millón de habitantes, la cifra más alta del mundo) y una previsible caída del PIB de entre el 11% y el 15%, no está en situación de discriminar financiación alguna, por mucho que, como en este caso, arrastre el estigma de ser un  rescate encubierto. Más cuando está a punto de embarcarse en la reapertura gradual de su economía sin que la crisis sanitaria esté resuelta. A 21 de mayo registra 54.678 casos todavía activos y algo más 700 casos nuevos al día. ¡Eso tras 65 días de confinamiento! Cuando se declaró es estado de alarma había 4.200 casos positivos y 120 fallecidos. Entonces Sánchez vaticinó que habría sólo 10.000 infectados. Pero vayamos más allá. Si el estudio serológico encargado a la Universidad Carlos III, que tanto ha tardado en ejecutarse, ha dado como resultado que hay un 5% de la población que tiene anticuerpos y por tanto se ha visto infectada con o sin síntomas por el Covid19, la cifra de contagiados en España podría rondar los 2,5 millones de personas. Un dato que impone pero que permite rebajar la tasa de letalidad del virus al 1,17% en lugar del 9,96% actual y que revela que el virus está más extendido de lo que han reflejado los datos oficiales hasta ahora.