El fracaso de la nueva normalidad

¿Se acuerdan de cuando la crisis del euro reveló las deficiencias de la arquitectura de la unión monetaria? Nadie había previsto que la hecatombe financiera del 2008 pusiera contra las cuerdas de esa manera a la mayor apuesta política en los setenta años de historia de la Unión Europea. Pues todo apunta a que algo parecido está pasando con la crisis del COVID-19[contexto id=»460724″] y la construcción política de España. El reparto de las competencias en nuestro modelo autonómico, cuasi federalista, pero sin serlo, se demuestra hoy claramente ineficiente para combatir la pandemia del COVID-19 y todas sus consecuencias. ¿Cómo evitar que la nueva oleada de la pandemia nos aboque a un nuevo confinamiento, cuyas consecuencias asestarían un golpe mortal a la economía española?

Porque el Estado de las Autonomías, a diferencia del Estado federal, se ha demostrado carente de las instituciones que garantizan la solidaridad entre las partes. Como bien identificó Santos Juliá en una entrevista concedida a El Cultural en octubre de 2017, una de las últimas concedidas por el gran profesor antes de su fallecimiento, en la que habló del modelo de Estado y sus deficiencias. «Aquí nos enfrentamos al mismo problema al que se enfrentó la República. Cuando se discutió si era un Estado federal o no, se habló de estado con tendencia federativa. Azaña dijo que no sabía que significaba eso. Pues ahora estamos en la misma situación. Tenemos un estado de tendencia federativa que hay que convertir en Estado federal. En la Constitución de 1978, la lealtad y la solidaridad entre las Comunidades Autónomas se dejaron en manos de la práctica política, pero la práctica política no fue por ahí».

Y eso es exactamente lo que estamos padeciendo. Esa sensación de desgobierno. De que unos se echen la culpa a los otros. Ahí está el Gobierno PSOE-UP, sobre el que recae la máxima responsabilidad, que ha optado por desentenderse de la preocupante deriva de las cifras, cuando hace escasos meses y con datos menos preocupantes defendía que el estado de alarma era la única respuesta posible. Y las Comunidades Autónomas que frente al marrón que se les avecina y aun habiendo clamado anteriormente autonomía en la gestión de la crisis, ahora arremeten contra la inacción del Gobierno central. El resultado de este desaguisado es la crisis sistémica que vive hoy España: sanitaria, social, económica, política, educativa y territorial. Y, ante la división sectaria de los que ostentan el poder y su incapacidad de asumir responsabilidades en la hora más oscura, esta es también moral. Es el desgobierno.

Cada una de las comunidades exhibe su propio plan para luchar contra el nuevo embate del COVID-19, cuyo ritmo de contagio desde junio se ha multiplicado por dos cada quince días hasta alcanzar hoy los 7.000 contagios diarios, elevando el total de afectados a 451.792 y los fallecidos oficiales a casi 29.000. A falta de unas directrices del Gobierno central, hay 17 planes para la vuelta a las aulas. Los ERTEs , algunos aún por cobrar, están abocados a prolongarse más allá de septiembre pero no aún hay ningún acuerdo al respecto. El Ingreso Mínimo Vital, una herramienta clave para evitar la quiebra social que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento (salvo la abstención de Vox), sólo ha sido cobrada por el 1% de los candidatos a recibirla.

Y así, la deseada recuperación de la actividad económica en el país con las peores previsiones entre las economías más avanzadas (el FMI prevé un retroceso del 12,8%, en el PIB en 2020, el mayor desde la Guerra Civil) se aleja inexorablemente. España, a la luz de los nuevos datos, engrosa cada día la lista de países a los que otros estados desaconsejan viajar, los hoteles anuncian un cierre anticipado de la temporada, restaurantes y negocios han aguantado la temporada abiertos apenas unas semanas… El otoño e invierno próximos se presentan por desgracias calamitosos. Es, en definitiva, el fracaso de la tan cacareada nueva normalidad.

 Y frente a quienes se empeñan en usar el deterioro de todo para abrir el debate monarquía o república como solución a todos los males o, más bien, para desviar sus responsabilidades de Gobierno, la respuesta se haya probablemente en la reforma del funcionamiento de nuestro estado autonómico. Así como Europa ha estado a la altura a la hora de hacer frente a las terribles consecuencias de la pandemia en algunos de sus estados miembros, sobre todo Italia y España, aprobando un generoso e insólito plan de reconstrucción, tanto en su cantidad como en su financiación, vía la emisión de deuda común, por valor de 750.000 millones de euros, además de poner a disposición de los estados miembros otras líneas de crédito y fondos para el desempleo, esta es la hora de que España responda. Que acometa las reformas necesarias para modernizar las administraciones y asegurar la solidaridad territorial acercándonos al modelo federalista. Y así estar a salvo de los intereses nacionalistas que condicionan la acción del Gobierno y obstaculizan la defensa de la igualdad territorial y los intereses generales.

Por acabar también con una cita de esa entrevista a Santos Juliá: «el problema no es monarquía o república, sino federalismo o quiebra del Estado español». Nada más que añadir.