El engaño del sofista

El 3 de septiembre pasado la diputada Cayetana Álvarez de Toledo interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra una decisión tomada por la Presidenta del Congreso de los Diputados: retirar del Diario de Sesiones la expresión «hijo de un terrorista» con la que la diputada se refirió al vicepresidente del Gobierno, Meritxell Batet la retiró porque consideraba que estaba faltando al decoro de Pablo Iglesias. El coste de presentar ese recurso asciende a 15.730 euros. La dirección del Partido Popular, a quien no habían gustado las palabras pronunciadas en la tribuna del Congreso por la entonces portavoz, decidió no emprender una batalla legal para que esas palabras fuesen restituidas en el diario. Ante dicha negativa la asociación Libres e Iguales ha impulsado una campaña de crowdfunding toda vez que otorga a dicho recurso no solo un valor político sino también moral.

En la página web de esta benemérita asociación hay un comunicado explicando la campaña. Está suscrito por los impulsores de la asociación. A través de dicha página puede hacerse una donación y además están colgadas las 39 páginas del recurso de amparo. Lo que lo motiva es que, al eliminar esas palabras del Diario, la demandante considera que se está degradando la democracia parlamentaria y, por tanto, el recurso que ella presenta tiene una especial trascendencia constitucional. Lo tiene porque la supresión de la expresión «hijo de un terrorista», implica la vulneración del derecho fundamental a la participación política, la vulneración de la función parlamentaria del control del Gobierno y la protección de las minorías, socava la preeminencia de la libertad de expresión e información y la protección de dichas libertades y, last but no least, la lleva a considerar que los órganos parlamentarios han vetado su derecho de participación.

Supongo que Libres e Iguales otorga un valor político y moral al recurso de su impulsora porque, al margen si faltó o no al decoro, considera que la expresión «hijo de un terrorista» aplicada a Pablo Iglesias es una verdad fáctica. Sería antidemocrático no poder decir la verdad. La verdad, la certeza histórica, sería que el padre del vicepresidente fue miembro del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico. Dejemos de lado si Javier Iglesias lo fue o no y hasta cuándo, a pesar de que él mismo diga que sí, que fue militante de una organización de la izquierda radical universitaria que participó en la creación del FRAP, pero de la que se desvinculó precisamente porque no compartía la estrategia del FRAP (incluso antes de que decidiese optar por la lucha armada para acabar la dictadura como vía para iniciar un proceso revolucionario). Dejémoslo de lado porque en el recurso, más allá de algunas declaraciones, no se demuestra la vinculación de Javier Iglesias al FRAP ni su participación en acción terrorista alguna. Simplemente se establece que el FRAP era una organización terrorista porque así consta, más que en libros de historia, en documentos del preceptivo aparato represivo del Estado: Cuadernos de la Guardia Civil, en la web del Instituto Armado o en el documento Dos Siglos de Historia del Ministerio del Interior-. Otra fuente que se cita en el recurso, entiendo que referencial para la discípula de John Elliott, es la Wikipedia (página 28 del recurso).

Esas son las contrastadas fuentes históricas que permiten a la demandante afirmar que el FRAP era una organización terrorista y es a partir de dichos fundamentos que en el recurso se plantea la posibilidad de mantener un debate ideológico que la supresión sabotea: «¿Cree el señor Vicepresidente Segundo que es legítimo el terrorismo, aunque se dirija a luchar contra una dictadura?». Ella misma responde a la pregunta en el recurso, citando una respuesta suya a una entrevista publicada el 1 de junio de 2020 en el diario ABC. «Hubo un antifranquismo democrático y otro antidemocrático (…) y el padre de Iglesias formó parte del antidemocrático, el que utilizaba métodos violentos: el terrorismo. Estas personas no contribuyeron a la Transición, como dice su hijo o Irene Montero. Falso. La Democracia la trajeron los reformistas, desde el régimen y desde la oposición». En términos morales y políticos, pero sobre todo históricos, al margen de la participación de Javier Iglesias en el antifranquismo, diría que Álvarez de Toledo comete una falsedad peor por quién es y por cómo ha sido percibida por la opinión pública.

Parece que la Dra. Álvarez de Toledo, dedicada a la batalla cultural, se haya convertido en defensora de la Transición, aunque la vacuidad de su argumentación la convierta en abanderada de un mito impugnado por la mejor historiografía. No es evidente porque viste su discurso con la elegancia de una envidiable retórica, pero sus argumentos son livianos, parciales y encubridores como las fuentes que usa. Como politólogos e historiadores españoles van documentando y estudiando -diría que nadie mejor que Xavier Casals en El voto ignorado de las armas– la evolución de la Transición no puede explicarse al margen de los conflictos y las violencias. Solo así se comprende la inestabilidad gubernamental del primer gobierno de la monarquía franquista, después la aceleración de la transformación institucional y finalmente una dinámica consensual que hizo posible el pacto democratizador. Pero dicho pacto, fundacional y honorable, no se habría producido sin las violencias.

Es una lástima que el afán de intervenir en los debates como intelectual -así se ha presentado y ha sido percibida por la opinión pública- no haya llevado a Álvarez de Toledo a madurar un discurso crítico y que, en último término, su posición sea fundamentalmente la defensa orgánica del poder establecido desde que apareció en la esfera pública hace ya tres años. Ha sido una constante. Ese es el engaño del sofista. Y para que quede para la historia, tiene razón lo mejor sería que sus palabras pudiesen imprimirse en el Diario de Sesiones. Mi aportación a la campaña, en cualquier caso, es una recomendación bibliográfica que invalida no su propaganda pero sí la factualidad de su discurso.