Vértigo

1.046.641 de contagiados en España. 41,5 millones en el mundo. A 22 de octubre. Acabamos de superar el millón de contagiados por coronavirus. Nuestra población representa el 0,5% del planeta, pero concentra cerca del 2,5% de los contagios y sigue formando parte de la dolorosa lista de países con la tasa más alta de fallecidos, 735, por millón de habitantes. Poca diferencia hay entre la primera ola que, según la versión oficial y pese a conocer lo que ocurría en Italia y los avisos de las autoridades sanitarias internacionales y nacionales, el Gobierno no supo anticipar, y la segunda, para cuya pésima gestión no hay excusas. Y ello a pesar de haber pasado el más severo confinamiento de la Unión Europea. En un demoledor editorial, la revista científica The Lancet identificaba tres causas detrás de las lamentables estadísticas de España: la excesivamente rápida y mal planificada desescalada, la polarización política y el caos sanitario que ha supuesto la gobernanza descentralizada para hacer frente a una emergencia de salud nacional como la pandemia del Covid-19. España, además, sufrirá en 2020 el mayor retroceso de las economías avanzadas, un 12,8%, según el FMI, confirmando el peor escenario del Banco de España. Lo que supone el retroceso de una década en la riqueza nacional.

Pero mucho me temo que no hay motivo para el optimismo con la llegada de 2021. ¿Qué pasará cuando las medidas de dopaje aplicadas a la economía española, como los ERTE y el aplazamientos de las suspensiones de pagos, se agoten a final de este año y principios del que viene? Aprobadas para aguantar la vertiginosa caída del PIB en el segundo trimestre, cuando el estado de alarma supuso la práctica paralización de la actividad económica del país y las quiebras de las empresas se precipitaron, la idea era que el tercer trimestre supusiera una reactivación de la demanda, sobre todo del sector de servicios gracias al turismo. Pero esta sólo duró un mes y medio. Y ante la ausencia de un plan para contener la segunda ola de la pandemia[contexto id=»460724″], con todas las desastrosas consecuencias sanitarias y económicas que estamos viviendo hoy, el panorama se presenta desolador. Tanto que ni empresarios ni sindicatos quieren alargar más estas ayudas. Pues estas disfrazan las verdaderas cifras de paro y quitan la salvaguarda del empleo.

De forma que todo apunta a que 2021 asestará un durísimo golpe al tejido social. Ese desempleo contenido está abocado a aflorar y las empresas que han aplazado su quiebra, condenadas a cerrar. En definitiva, pasaremos de los ERTE a los dolorosos ERE, como refleja el último barómetro de las pequeñas y medianas empresas elaborado por la patronal que las agrupa, Cepyme: el 50,5% de las pymes ven en riesgo su supervivencia y el 52,2% disminuirá su plantilla en los próximos 12 meses.

¿Qué hará entonces el Gobierno progresista del PSOE y UP? Porque si esa crisis social es la que se avecina, ¿cómo se entiende que el Ejecutivo esté hoy embarcado en batallas políticas que sólo tensan la convivencia, en el momento en el que más se necesita el consenso, y ponen contra las cuerdas al Estado de Derecho, desprestigiando nuestra democracia ante Europa? Porque ninguna de ellas tiene que ver con la emergencia social y económica que vive el país. ¿Aspira el PSOE y UP a seguir aumentando el déficit público para mantener artificialmente a empresas zombies y a trabajadores sin futuro a falta de un verdadero plan de reactivación de la economía y de contención de la pandemia? Y ante estas sombrías expectativas y la tozudez de los datos, terribles en el frente sanitario y económico, ¿qué hay de la oposición? No será porque les falte munición…

Precisamente por eso resulta penoso escuchar las sesiones del Parlamento dedicadas a la moción de censura planteada por Vox para echar del Gobierno a Pedro Sánchez, tan legítima como inútil, que ha conseguido unir en el no a todo el arco parlamentario salvo los 52 diputados de la formación populista de derechas. Tanto las propuestas como la respuestas oídas en el Congreso estuvieron en su mayoría alejadas de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Soros, China y un repliegue nacionalista frente a Europa, por un lado. Derecho a la autodeterminación, república, tricornios y pistolas, por otro. Una demostración más de la desconexión de la clase política con un país arrasado sanitaria, social y económicamente por el coronavirus. Un abismo que aqueja gravemente al Gobierno de la nación, principal responsable de este desastre. Echen si no un vistazo a los comentarios sobre series televisivas y partidos de baloncesto que ocupan mayoritariamente la cuenta de Twitter del vicepresidente segundo y ¡ministro de Asuntos Sociales!

Y volviendo a la economía: ¿Hasta cuándo podemos seguir aumentando la factura de la deuda que supone suplir la estrepitosa caída de ingresos fiscales y el vertiginoso aumento del gasto social? Ya se habla de que el endeudamiento público, que tanto ha costado rebajarlo en apenas unos puntos desde la Gran Recesión de 2008-2013, alcanzará el 119% del PIB a finales de este año, un aumento de más de veinte puntos porcentuales en un solo año. Un salto sin precedentes en nuestra historia reciente que condena a generaciones futuras a su pago. Nada más insolidario para un Gobierno que insiste en llamarse progresista. Porque, ¿dónde está el plan de consolidación fiscal que demuestra su voluntad de corregir este desequilibrio en el medio plazo?

¿Será que el Ejecutivo lo fía todo a la lluvia de millones que han de llegar de Europa? Como si ese generoso paquete de ayudas, sin precedentes en la historia de la UE, no tuviera condiciones ni requiriera haber estado trabajado desde hace meses en elaborar el mejor plan para recibirlos y aprovecharlos para la modernización de nuestra economía y, de paso, de nuestras administraciones. Y, sobre todo, de un gran pacto nacional. ¿Han escuchado que esta cuestión centre el debate en el Congreso? ¿Es ahí donde está poniendo el foco una oposición desnortada y desbordada por todos los frentes?

Los 140.000 millones de euros que va a recibir España de la UE podrían suponer una inversión de más del 3% del PIB anual en los próximos cinco años. Eso sí, siempre que estos fondos sean bien ejecutados. Y los antecedentes en el uso de las ayudas europeas por parte de nuestras administraciones no son, por desgracia, nada buenos. La prueba es que hasta el pasado mes de septiembre hemos ejecutado sólo un 34% de los fondos europeos asignados para gastar entre 2014 y 2020. Y no será porque la economía española no los necesite, especialmente en los últimos dos años de retroceso del PIB, en los que ha gobernado el PSOE de Pedro Sánchez. ¿Alguien ha rendido cuentas por esta deficitaria gestión? ¿Alguien las ha pedido?

Como bien señala un estudio reciente elaborado por Manuel Hidalgo Pérez para el EsadeEcPol que dirige Toni Roldán, «el uso de esa financiación representa una oportunidad única para España, pero también un reto administrativo colosal». El citado informe, de necesaria lectura, propone algunos cambios para un uso más eficiente de la ayuda que hemos de recibir del llamado Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR): identificar la capacidad de gestión de las diferentes administraciones, planificar con la máxima antelación posible, crear equipos con experiencia en la contratación pública, constituir oficinas que centralicen la gestión de las licitaciones y simplificar y eliminar duplicidades en la gestión de los fondos europeos. Pero, ¿quiénes de nuestros políticos están dando esta batalla?

¿Se acuerdan de cuando la titular de Economía Nadia Calviño hablaba muy confiada de que la recuperación tendría forma ‘V’? Serían unos meses de fuerte caída del PIB para salir enseguida del bache. El dopaje estaba pensado para eso. Para que el Estado financiara en un plazo limitado en el tiempo a los trabajadores que iban a recuperar su empleo una vez se retomara la actividad. ¿La han oído decir algo más al respecto? Hoy esa recuperación es cada vez más difícil de vislumbrar. De momento y a la vista de la pésima gestión, la ausencia del turismo, los confinamientos, los selectivos estados de alarma y limitaciones de horarios en los servicios de ocio y hostelería, que tanto empleo dan en nuestra economía, parece que estamos estancados en una tristísima ‘L’…. Y nada permite pensar que remontaremos.

Y aquí estamos, debatiendo sobre la esencia de la democracia: la separación de poderes que tan bien había resuelto nuestra Constitución. No hay dónde agarrarse para creer que seremos capaces de superar el gran desafío económico y social en el que estamos inmersos. Cómplices el PSOE y el PP de la colonización del poder judicial durante años de alternancia en el Gobierno, en este momento crítico de polarización política, de bandos y revanchismos guerracivilistas, tan alejados de la concordia constitucionalista, una sólo desea que la condición de que se respete el Estado de Derecho introducida en el pacto para recibir financiación del Fondo de Reconstrucción europeo, se acabe imponiendo. Ante el pretendido asalto del PSOE y UP a la independencia judicial, Europa es nuestro último muro de contención si cae el de la Justicia.

Al incluir esta condición, nuestros socios europeos tenían como objetivo frenar la deriva totalitaria e iliberal de Hungría y Polonia, dos países del antiguo bloque soviético que estrenaron su democracia en los 90. Es indigno para España entrar en esa lista después del camino recorrido tras más de 40 años de democracia y una ejemplar transición. ¿Se impondrá el sentido común para retirar el vergonzante órdago lanzado por el Gobierno al principal partido de la oposición y centrar los esfuerzos en lo importante? No es mucho pedir frente a la colosal crisis que se avecina. Pero el lamentable espectáculo del Parlamento estos días no invita al optimismo. Vértigo es lo que da.