Calidad de la democracia

Hace unos días se reunieron Ignacio Molina y Juan Claudio de Ramón —bajo los auspicios de la exquisita Fundación Juan March de Madrid— para hablar sobre la calidad de la democracia española; la charla no tiene desperdicio y animo a cualquier lector a escucharla. Su énfasis recayó, como es natural, en aquello que puede medirse cuando de medir la calidad de la democracia se trata: indicadores objetivables que se refieren a la separación de poderes, el imperio de la ley, la disponibilidad de canales de participación política, el nivel de corrupción o el grado de transparencia de las administraciones públicas. Puede entenderse así, por poner apenas un ejemplo, que la calidad de una democracia decae objetivamente si los decretos-leyes promulgados por el poder ejecutivo se convierten en la principal fuente de actividad legislativa, en detrimento de las leyes tramitadas por el parlamento. Ni que decir tiene que lo que más fácilmente se deja medir es la dimensión liberal de la democracia. Y desde este punto de vista, como se desprende de la charla, no estamos mal: andamos más cerca de Holanda que de Argentina. Insisto: escuchen a Molina y De Ramón.

Hay que preguntarse, sin embargo, qué pasa con lo que no se mide o no se mide tan fácilmente. De eso quiero hablar aquí, monologando allí donde ellos acabaron la conversación.

¿Y qué es lo que no se mide tan fácilmente? Por una parte, está la cuestión del cumplimiento de las normas o el respeto a las instituciones: uno puede aprobar una Ley de Transparencia, pongamos por caso, para después aplicarla a regañadientes e incluso no aplicarla. También se pueden hacer trampas con las licitaciones públicas, apañándoselas para que un amigo consiga el contrato local correspondiente sin quebrantar en ningún momento la apariencia de legalidad. ¿Y qué me dicen de esa peculiar costumbre española que es el protagonismo político de los jueces que dejaron la carrera por el gobierno? Es difícil que nada de esto aparezca en los indicadores de calidad, cuya elaboración requerirá de un celo suplementario si quiere evitarse esta distorsión. Aunque no es imposible: todo es ponerse, claro, y poner dinero.

Pero el problema principal de los indicadores de calidad de la democracia está en la dificultad para tomar en consideración el discurso de los actores políticos y el resultado de su interacción. Y aquí España presenta algunas peculiaridades negativas. Estas peculiaridades pueden resumirse en un rasgo que se ha hecho estructural, que a su vez puede explicarse por la gradual confluencia de dos tendencias que la crisis económica y la fragmentación parlamentaria han terminado por reforzar.

Dicho sea de manera sintética: la democracia española presenta una cantidad sobreabundante de actores que impugnan de manera habitual la legitimidad y/o funcionalidad de su marco constitucional, así como la legitimidad de parte de los actores que participan en ella. En otras palabras, nuestra democracia dedica buena parte de su tiempo a discutir sobre su existencia, sus integrantes o su diseño. Y si hablamos de «calidad», ¿es mejor una democracia en la que buena parte de los actores impugnan el orden constitucional, o una en la que este último es aceptado por todos ellos, dedicados en consecuencia a competir y gobernar dentro del sistema en vez de cuestionarlo? Yo no tengo dudas, aunque conozco las respuestas del populista, del separatista y hasta del marxista: la democracia liberal es una estafa y por eso hay que derribarla.

Este rasgo, que ha terminado por hacerse estructural, se alimenta de al menos dos tendencias observables en el terreno del discurso y la estrategia política.

En primer lugar, una intoxicación populista que conduce a la deslegitimación moralizante de los rivales políticos: si Podemos empieza hablando de la gente (a la que ellos representan en exclusiva) y de la casta (continuidad franquista en el 78), este antagonismo ha sido después reformulado por el actual gobierno y sus socios como oposición entre demócratas y enemigos de la democracia, situados estos últimos en la «derecha extrema». Al otro lado, está el progresismo: junto al PSOE y Podemos se cuentan Bildu, el PNV, ERC, JxC. Por el otro lado, Vox[contexto id=»381728″] ha respondido discutiendo la legitimidad de los partidos nacionalistas. Naturalmente, ninguno de estos partidos ha dejado de actuar, ¡solo faltaría! Pero la cuestión está en que cuando los actores políticos —unos más que otros— asientan su estrategia política en la neutralización moral del adversario y la estigmatización de sus votantes, algo esencial está fallando en esa democracia. No digamos ya cuando aproximadamente un tercio de los escaños del parlamento está ocupado por fuerzas cuya vocación es acabar con el régimen constitucional del 78; buena parte de ellos son socios preferentes del gobierno.

En segundo lugar, la democracia española tiene un serio problema de articulación territorial. La negociación presupuestaria ha dejado claro que hay comunidades de primera y comunidades de segunda: las representadas por los aliados del gobierno poseen una influencia sobre la «dirección del Estado» (la frase es de Iglesias) que casa mal con el principio de igualdad entre ciudadanos sobre el que descansa cualquier democracia moderna. Se me dirá que España es, en la práctica, un régimen federal donde la diferenciación entre territorios es inevitable. A eso puede responderse que lo inevitable será que, andando el tiempo, difieran los resultados de las distintas comunidades autónomas, porque la autonomía decisoria de cada unidad política en el ámbito de sus competencias será más o menos exitosa: unos aciertan, otros se equivocan. Pero lo que vivimos hoy en España es la concesión habitual de ventajas adicionales a determinados territorios por razones de oportunidad política. Pero, ¿sucede esto por razón del éxito de los partidos que las representan? Desde el punto de vista del sistema electoral, los nacionalismos no están sobrerrepresentados: maximizan sus votos al presentarse en unas pocas circunscripciones.

¡Ahora bien! Son los partidos que se erigen en representantes exclusivos de los intereses de algunas comunidades autonómas los que obtienen fenomenales réditos parlamentarios. En el resto de España, esos partidos no existen o no han tenido fortuna electoral (con la excepción de esa novedad reciente, de orden provincial, que es Teruel Existe). Allí, el respeto al principio según el cual el parlamento está para representar al conjunto de los españoles sin distinciones territoriales desemboca en un castigo: el andaluz o el extremeño cuenta menos para el gobierno que el catalán o el vasco. Para representar a los territorios está el Senado, aunque en la práctica no lo haga ni lo hará nunca, entre otras cosas porque en el Senado habrían de hablar los territorios entre sí en pie de igualdad y esa indiferenciación no es eso algo que convenga o atraiga a nuestros nacionalismos. Esto da al parlamento, sin ruptura alguna de la legalidad y por tanto sin reflejo alguno en los indicadores de calidad, el aspecto peculiar de una institución híbrida donde el abajo y arriba del populismo encuentra una nueva encarnación: abajo están los ciudadanos de la España representada por partidos de ámbito nacional y arriba los ciudadanos de las comunidades autónomas que tienen como tales representación en el parlamento de la nación. Para colmo, estas dos tendencias se solapan: la mayor parte de los partidos territoriales querrían romper el orden constitucional; algunos de ellos ya lo han intentado.

No se me oculta que estas tendencias puedan merecer distintas valoraciones según el observador; habrá incluso quien desmienta su existencia. Y alguno habrá que considere que un panorama tan entretenido aumenta la calidad de nuestra democracia inyectándole al alimón contenciosidad y dinamismo. Pero podría entonces pasarle a la democracia española lo mismo que aquel enfermo al que recurría Kant para ilustrar el exceso de optimismo sobre el progreso: que de tanto mejorar, se acabó muriendo. ¡Esperemos que no!