El regreso del Estado

Los años veinte de este siglo serán los de la gran inversión pública. A día de hoy hay 10 billones de dólares (el 12,5% del PIB mundial) comprometidos para gastar. Los programas de estímulo aprobados por los Gobiernos y bancos centrales de las grandes economías para recuperarse de los daños del coronavirus[contexto id=»460724″] multiplican por tres lo inyectado durante la Gran Recesión del 2013-18. La sanidad, la digitalización de la economía, las energías limpias… Son las prioridades que la pandemia, responsable de 83 millones de contagiados y 1,8 millones de fallecidos en el mundo a 31 de diciembre, ha situado en el corazón de todos los planes de reconstrucción. El triunfo de la ciencia que representa la vacuna del coronavirus, desarrollada en diez meses frente a los diez años de media que son habituales, es el mejor ejemplo de lo fructífera que puede ser la colaboración entre lo público y lo privado para el desarrollo y la modernización de cualquier economía.

Para aprovechar la oportunidad que nos brinda esa generosa lluvia de millones, 140.000 en el caso de España, tal vez sea conveniente sacudirse algunos prejuicios. Como eso de que el Estado es un armatoste burocratizado que debe actuar sólo de regulador y administrador y facilitar en vez de entorpecer la iniciativa privada. Porque hay cantidad de ejemplos en la historia reciente que demuestran la importancia de la inversión pública en sectores estratégicos para el desarrollo posterior de inventos como el iPhone en Estados Unidos. Desde el la tecnología precursora de internet, hasta el sistema de navegación GPS, la pantalla táctil o SIRI. Todos en su origen fueron financiados y desarrollados por alguna agencia del Gobierno. Tesla es otro caso. De las pocas cosas buenas de esta crisis es que la importancia de la inversión pública, sobre todo en I+D, ha vuelto al centro del debate. Es el regreso del Estado.

España, por desgracia, no ha hecho más que alejarse de sus socios europeos en lo que respecta a la inversión en I+D. Lleva cuatro años estancada en el 1,25% del PIB, lejos de la media de la UE, situada en el 2,18% y muy inferior a la de países punteros como Israel (4,9%), Corea del Sur (4,5%), Suecia (3,3%), Alemania (3,1%) o Estados Unidos (2,8%). Los fondos Next Generation europeos pueden ahora permitirnos dar un salto hasta alcanzar la meta del 3% del PIB. Eso, claro está, siempre que la Administración funcione con eficacia.

Pero no es el caso. En 2019 el 51% del presupuesto público en I+D no se ejecutó por burocracia y créditos inaccesibles para las empresas. Lo mismo ocurre con los fondos estructurales europeos: sólo se ejecutaron el 39% de los mismos en los últimos cinco años. O con la deficiente gestión de las ayudas sociales como los ERTE o la RMV aprobadas este año. De poco servirá aumentar en un 78% la inversión en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (12.242 millones de euros, de los que un 38,5% provienen de la UE). Sin una reforma de las administraciones públicas, la ansiada transformación económica y colaboración público-privada en los sectores estratégicos seguirán siendo un objetivo inalcanzable.

La reforma para la modernización de la Administración Pública aprobada por el Gobierno PSOE-UP hace escasos días con el fin de mejorar la ejecución precisamente de los fondos que han de llegar de la UE, bonita en los enunciados, no parece ser muy ambiciosa. Al igual que anteriores intentos, muchos temen que se trate de una operación de maquillaje que no resolverá los problemas de fondo de una administración anticuada, en exceso jerarquizada, poco innovadora y aún pendiente de digitalizarse. A ello se suma otra carencia que ha revelado la pandemia: la deficitaria respuesta del estado de las autonomías a la mayor emergencia sanitaria de nuestra democracia. Similar a un estado federal pero sin sus mecanismos de solidaridad, la pandemia ha puesto en evidencia las dificultades para coordinar una acción común. Basta echar un vistazo al mapa por CCAA de las distintas medidas de prevención adoptadas en estas fechas navideñas. Un verdadero lío.

Tampoco se han dado soluciones al sector privado. Frente a una Alemania que ha asegurado el 75% de la facturación de las pymes en 2019, en España no ha habido una ayuda similar. Sus resultados se han hundido un 71% este año y el Banco de España calcula que el 10% se verán abocadas a cerrar y que una de cada cuatro no podrá pagar sus deudas en 2021. El crédito pedido por algunas pymes y autónomos al ICO se empieza a agotar y son muchas las que no pueden pagar los intereses debido a las nuevas restricciones aplicadas a la actividad económica.

De ahí la importancia de fomentar la colaboración público privada. ¿Un caso al que se podrían destinar recursos? La investigación desarrollada por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa que ha trabajado en colaboración con el Hospital Universitario La Paz para cuantificar la cantidad de coronavirus en ambientes cerrados para que esa información sirva para limpiar y renovar automáticamente el aire. La inmunóloga Margarita del Val siempre ha defendido que esta medida daría más seguridad a espacios cerrados como bares y restaurantes, el sector más afectado por la pandemia. Su instalación tiene un coste, que puede ser asumido por el Estado en forma de subvención, pero siempre será muy inferior al que supone cerrar el negocio.

No es fácil sacudirse el miedo a que la acción del Gobierno esté motivada por la ideología. Sobre todo con Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición. Tampoco el temor a que se repartan los contratos entre un cogollito de empresas afines al Gobierno es grande. Es siempre una manera de perpetuarse en el poder. ¿Se reproducirá ese clásico español que es el capitalismo de amiguetes gobierne quien gobierne? Habrá que esperar. Lo cierto es que la llegada de los fondos europeos pondrá a prueba la capacidad de colaboración público-privada en nuestro país. ¿Marcará un punto de inflexión? ¿Logrará el Estado pasar de ser visto como un Leviathán burocrático a convertirse en un catalizador para la innovación y la inversión productiva? Demasiadas incógnitas por resolver.

Pero si el Financial Times cierra el año con un editorial en el que se pregunta sobre si es posible un capitalismo mejor, más humano e inclusivo, y The Economist propone un nuevo contrato social para el siglo XXI, ¿por qué no soñar con una transformación de lo público aquí que rompa con la división y los viejos recelos hacia el sector privado y que de esa fructífera colaboración haya avances en la salud, la tecnología y el medioambiente que beneficien a todos y mejoren nuestra cohesión social?