Toma el dinero y corre

Esta semana Europa ha dado un paso de gigante con la primera emisión de deuda conjunta en la historia de la Unión. La Comisión Europea ha vendido 20.000 millones de euros en bonos Next Generation EU con una demanda siete veces superior a lo ofertado. 

Una exitosa subasta que refleja la confianza de los inversores en los efectos dinamizadores que tendrá el plan de rescate sobre las economías de la UE y que consolida la credibilidad del proyecto europeo. Ahora toca estar a la altura de las expectativas generadas.

De ahí la importancia de que España, que esta semana también ha recibido el visto bueno de Bruselas a su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aproveche esta oportunidad para transformar su economía y corregir sus desequilibrios. Europa nos ha dado su confianza pero el dinero irá llegando en función del cumplimiento de las medidas de inversión y las reformas acordadas. Del total de los 140.000 millones (la mitad en transferencias fondo perdido y la otra mitad en créditos blandos) a final de julio se espera que lleguen 9.000 millones y antes de que termine el año otros 10.000 millones. Los fondos se espaciarán entre 2021 y 2026 y su importe supone un aumento de 2,5 puntos en el crecimiento anual del PIB español.

A diferencia de Virgin Starkwell, el desgraciado protagonista de la película de Woody Allen, aquí no se trata de coger el dinero y largarse. La llegada de los fondos ofrece a España una ocasión única para transformar y modernizar su economía, mejorar la eficacia de las administraciones, hacer reformas estructurales. De ahí que resulte incomprensible que el Gobierno aún no haya intentado alcanzar un gran pacto con las principales fuerzas políticas. Más bien lo contrario. El plan español presentado a Bruselas no fue negociado ni con los partidos de la oposición ni con los agentes sociales. Estos han estado al margen de la elaboración de las 212 medidas, entre reformas (102) e inversiones (110), que incluye el proyecto. Un mal precedente. En cambio en Italia, el primer país beneficiado del fondo de rescate, el Gobierno de Draghi entregó un plan avalado por más de tres cuartas partes de su Parlamento.

La negociación con los agentes sociales y otras fuerzas políticas parece ineludible. Las exigencias de Bruselas van más allá del tránsito hacia una economía verde o su digitalización. 

Aspira a que España reforme su sistema de pensiones para hacerlo sostenible y profundice en la reforma del mercado laboral para atajar la dualidad y la precariedad laboral de los jóvenes y que se marque unos objetivos de consolidación fiscal en el medio y largo plazo para reducir el déficit (hoy en el 11% del PIB frente al 6,9% de media en la UE) y la deuda pública (120% del PIB). Es de esperar que los países acreedores reclamen la reactivación del Plan de Estabilidad fiscal, hoy en suspenso, a medida que la actividad económica recupera sus niveles pre pandemia.

La Comisión Europea se inclina claramente por los pactos: ha dicho a España que quiere dar una oportunidad al diálogo social pero ha insistido también en la conveniencia de alcanzar grandes acuerdos transversales entre los partidos. Lo cierto es que en el pasado, las graves crisis económicas han servido para forjar grandes pactos. La presión exterior siempre ha jugado un papel. Los Pactos de la Moncloa en 1977, el Pacto Constituyente (1978), el programa de Solchaga-Boyer que nos preparó para la entrada de España en la Comunidad Europea (1982-86), los planes de Convergencia de Aznar para conseguir la entrada en la Unión Monetaria que contaron con el respaldo socialista y de los socios nacionalistas del Gobierno del PP entonces… Resulta imposible recordar hoy esos acuerdos sin nostalgia.

Sánchez, que apela sin solución de continuidad al consenso, el diálogo y la concordia para justificar los inminentes indultos a los líderes del independentismo catalán, bien podría usar esa misma disposición para pactar las reformas económicas que se avecinan. Pero la cuestión territorial contamina hoy todo y las distintas visiones de los grandes partidos sobre como resolver el problema catalán sólo ahondan en la división en dos bloques de los principales partidos. Una división que se traslada peligrosamente a la sociedad. ¿Son irreconciliables? La votación por unanimidad, salvo la abstención de Vox, del Ingreso Mínimo Vital en junio del año pasado, en plena pandemia, demostró que no. Pero las pasiones que desata la cuestión catalana podrían limitar la disposición de los partidos a repetir tales consensos.

Otro de los riesgos es que el Gobierno esté encantado de haberse conocido. Porque el efecto rebote sobre el crecimiento que tendrá el jubiloso gasto del dinero ahorrado durante un año y medio de pandemia unido al impacto en la demanda de las inversiones con el dinero procedente de la UE puede provocar una cierta sensación de euforia económica. Las presiones sobre el Gobierno para llegar a grandes pactos podrían rebajarse. Y lo cierto es que las previsiones de crecimiento para España no han hecho más que revisarse al alza en el último mes: el PIB avanzará un 6,8% en 2021 y un 7% en 2021 y 2022, respectivamente, según los datos del Banco de España. El país tardaría dos años en recuperarse de la caída del 11% sufrida el año pasado.

Si España no aprovecha la ocasión que le brinda ahora la UE corre el riesgo de provocar el hartazgo de nuestros socios europeos, especialmente de los acreedores. Tras dos rescates con fondos europeos en menos de diez años, el Gobierno, la oposición y los agentes sociales deben hacer todo lo que esté en su mano para no perder este tren.