De la construcción institucional del agravio…a la burocracia del consuelo

Una realidad desventurada hace obvio el afán por otro mundo posible, mejor, más justo. Así que no es extraño que una convivencia razonablemente estable y civilizada, una satisfacción suficiente de las demandas e intereses humanos básicos de la inmensa mayoría de los ciudadanos y una común conciencia de que ciertas formas de explotación entre seres humanos son inaceptables, puede frustrar los ímpetus de quienes aspiran a la hegemonía política (bien por razones espurias, bien porque no se renuncia a la utopía). «Cuanto peor, mejor» se han hartado de proclamar revolucionarios de procedencias diversas.

Hubo un tiempo en el que los parámetros de la realidad tenían una métrica objetiva, una base material que diríamos en jerga hoy en trance de recuperación: las condiciones objetivas de existencia (ingesta de calorías, alfabetización, esperanza de vida, mortalidad infantil, perinatal, etc.) nos permitían señalar, juzgar y aspirar con el mapamundi delante. Queríamos ser «europeos», ¿se acuerdan? Buena parte de la descomunal tarea emprendida por el último Steven Pinker sigue exactamente esa senda, la de la ciencia social en serio, ayuna de cháchara, la que mejor habría de servir a la acción política informada por ciertos ideales y principios sobre los que hay, al menos en Occidente, un acuerdo básico. Y no hace tanto llegó a describirse, como uno de los graves «problemas españoles», la ausencia de políticas públicas basadas en la mejor evidencia disponible, un síntoma más de lo pedestre y tosca que resultaba ser nuestra arquitectura institucional.

Todo eso pasó y lo que cotiza en el mercado mayorista de la injusticia es el sentimiento de ofensa. «Que una mentira no calle tu verdad», rezaba una pancarta en la concentración que siguió al episodio-que-no-fue-tal de homofobia en Malasaña. El delito no fue simulado pero la «realidad» no queda desmentida por ese fiasco puntual, se ha venido afirmando. Y aunque los llamados «delitos de odio» no aumentan, de acuerdo con las propias cifras oficiales del Ministerio del Interior (las correspondientes a los años 2019 y 2020) ni la aparición de Vox – la bête noire– en la esfera pública autorice correlación alguna, no debemos dejar de considerar que muchas de esas agresiones por orientación sexual e identidad de género – el 87% según datos también «oficiales»- no son «finalmente denunciadas». Dará igual: esa «infradenuncia» permitirá seguir hablando de «víctimas» o «supervivientes» (nunca encontrarán el calificativo «presuntas») independientemente del hecho de que jamás sabremos si lo que finalmente no se denuncia no podía en ningún caso  serlo (bien porque los hechos eran atípicos bien porque lo denunciable no se correspondía con la verdad de lo ocurrido) o si no habría existido suficiente prueba de cargo como para destruir la presunción de inocencia del denunciado. Pero es que, además, contabilizar y registrar la “infradenuncia” no deja de ser un expediente tramposo por oximorónico: ¿no es acaso una forma de “denuncia” la “no-denuncia que consta oficialmente”? También lo es – una maniobra artera- la ampliación conceptual ad infinitum de términos tales como «violencia» o «agresión». Ya saben, los piropos son una forma de violencia de género aunque también sabrán a estas alturas que comparar los genitales de una Ministra con el tamaño de una mesa, por ejemplo, será un «piropo muy bonito» si el emisor tiene las credenciales ideológicas adecuadas.

Junto a todo lo anterior, asistimos además al asomo de un fenómeno digno de estudio, una insólita inversión de la que cabría presumir como lógica secuencia de las cosas: la desventura social se cocina desde las instituciones mismas; la realidad, trágica incluso, se declara y al tiempo se construye con el instrumento de la ley, del Derecho en general, por paradójico y contra-intuitivo que pudiera parecer. Me explico.

Si uno repasa la normativa reciente en ámbitos que tienen que ver con la protección de las minorías, la convivencia, la garantía de ciertos derechos, encontrará que junto a sus funciones típicas de motivación de la conducta individual, las leyes – sea cual sea la forma que adopten- no sirven prioritariamente al propósito de intentar resolver problemas antecedentes, ya no son esencialmente un conjunto de supuestos de hecho – más o menos abiertos en su formulación- a los que se anuda una consecuencia normativa cierta, o la descripción de estados de cosas deseables y alcanzables; no, esas disposiciones normativas trompetean problemas que persisten y persistirán, y de tales agravios, afrentas o lesiones darán cuenta no ya órganos aplicadores del Derecho que actúan con garantías procesales y procedimientos muy tasados para resolver casos, litigios o controversias, sino difusos entes («observatorios», «unidades», «oficinas»…) encargados de «monitorear», «informar», «acoger», «contabilizar» las afrentas sufridas. A ese magma administrativo bien cabe llamarle «burocracia del consuelo». Entiéndaseme bien: soy perfectamente conocedor del carácter bien normativo que tienen las conductas reguladas por el Derecho, de cómo la descripción del comportamiento humano del que se ocupan las leyes está cargado normativamente. Más allá de su posible caracterización naturalista («poner fin a la vida ajena»), asesinar, robar, etc. es «cosa de hombres».

De acuerdo. A lo que me refiero es a algo sutilmente distinto. Reparen en la ordenanza de convivencia ciudadana que se propone aprobar el ayuntamiento de Valencia de la que hemos tenido noticia recientemente. Lo que alarma no es sólo que se pretenda sancionar con hasta 3.000 euros conductas descritas con una vaguedad inusitada («actos contra la dignidad de las personas» incluyendo los que constituyan «silencio cómplice», según reza alguna de sus disposiciones), o que estemos al borde de la instauración de la «policía del carácter», sino cuál es el propósito albergado; al decir del edil responsable: «Muchos tipos de agresiones no se denuncian porque, al no ser constitutivas de delito, el juez no las va a atender. Con esta ordenanza vamos a crear esa estructura que va a fortalecer los derechos y libertades de los valencianos y valencianas». A tal fin se instituye una Oficina de No Discriminación y contra los Delitos de Odio cuya misión es poner fin, de nuevo, a la «infradenuncia», es decir, prosigue el edil, «… allí se informará a las víctimas sobre sus derechos y se luchará contra la desconfianza sobre el resultado de la denuncia, el miedo ante posibles represalias, la situación de exclusión social o el miedo de no obtener una respuesta firme ante la denuncia».

Esa burocracia del consuelo es, de otra parte, el natural desideratum de la operación consistente en la victimización masiva, un fenómeno ampliamente conocido y descrito. Les invito a considerar la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aunque cuesta resistirse a la cita literal, les ahorro, por razones de espacio y por no abusar de su paciencia, la lista exhaustiva de rasgos o circunstancias que pueden constituir discriminación o trato indigno que se enumeran en el preámbulo. En mi recuento ascienden a 36 e incluyen cosas tales como el «estado serológico» o el «fenotipo» de los individuos presuntamente discriminados. El elenco contiene una cláusula de cierre – como ocurre en otras muchas declaraciones similares- lo suficientemente genérica como para hacer perfectamente inútil toda la anterior colección (o al menos la mayor parte de sus elementos). Pero de lo que se trata es de mostrar, exhibir mediante la enunciación. Las actitudes fóbicas son igualmente múltiples y se señalan profusamente en la ley. Van algunas: aporofobia, cristianofobia, bifobia, edadismo, capacitismo, romafobia, anormalofobia, islamofobia, arabofobia, homofobia, gayfobia… (no me pregunten la diferencia entre estas últimas ilícitas exclusiones discriminatorias). Pero no se equivoquen: todos acabamos siendo ciudadanos-víctimas, cierto, si bien, parafraseando a Orwell, unas víctimas son más víctimas que otras y algunos agravios que resultarán evidentes a la luz de esa normativa lo serán de menor cuantía o no tenidos en cuenta. Si a la condición minoritaria o sospechosa – pongamos «gay»- se añade «militante de Vox» la alquimia interseccional dictará una notable reducción de su peso relativo como síntoma de la homofobia. El artículo 10 de la ley catalana antes citada dispone que: «El departamento competente en materia educativa… debe garantizar … la ausencia de cualquier forma de discriminación o de acoso discriminatorio en los centros educativos». El curso escolar en varios centros educativos catalanes ha arrancado con una campaña («No t’excusis!») en la que miembros de la «Plataforma per la Llengua» se apuestan a la entrada de los colegios con pancartas que denuncian el escaso uso del catalán en los patios. ¿Ustedes creen que la autoridad administrativa catalana competente tomará cartas en el asunto para tratar de averiguar si esa denuncia es más bien una forma de acoso discriminatorio contra los niños castellanoparlantes?

Termino. Hay una forma última, definitiva, de mantener la llama perpetua de la injusticia y con ello una escatología política para la que ninguna medida, plan, o progreso será nunca suficiente: ponernos un listón imposible, derogar, también ex lege, las que Hume llamó «circunstancias de la justicia» (la escasez moderada de recursos y el altruismo limitado). En el Estrasburgo de 2021, un 16 de septiembre, una amplísima mayoría del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se recomienda a la Comisión que se incluya la «violencia de género» como uno de esos llamados «eurodelitos» contemplados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 83.1.). Bajo la siguiente premisa, entre otras: «… la desaparición de la violencia de los hombres contra las mujeres es un pre-requisito para el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres». «Pidamos lo imposible y pidámoslo ahora», clamaban los jóvenes en el París del 68. Parece que fue ayer, o sea, que muchos de nuestros responsables públicos perpetúan su adolescencia política.