Mudanza colectiva

Uno de los debates habituales durante las últimas semanas en los medios es el de si el alza de los precios es un problema coyuntural o un síntoma de que volvemos a tiempos en los que la inflación era un verdadero problema. Concretamente, a la década de los 70, cuando tras la crisis del petróleo el mundo conoció una etapa económica convulsa de alza de precios y estancamiento económico: la temida estanflación. Un temor que no es caprichoso, pero que parece poco fundamentado si se observan las tasas de crecimiento, tanto las actuales como las proyectadas. Además, los expertos han identificado diversos cuellos de botella post-pandemia que explican el encarecimiento de fletes y bienes específicos, y con ellos, de casi todos los productos esenciales. No hay que olvidar que, a diferencia de aquella década, tampoco tenemos en Europa grupos terroristas asesinando casi a diario para terminar de ensombrecer el ánimo. Tampoco lo minusvaloremos.

En cambio, y a diferencia de cuatro décadas atrás, ahora hay una limitación que ya no ignoramos, aunque aún haya negacionistas o líderes ambiguos: el cambio climático y la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que estos días se debate en el contexto de la COP-26 de Glasgow. Los precios de la energía reflejan esa realidad, porque, a diferencia de lo que ocurría con la inflación de los 70, sucede que estos precios suben porque hemos decidido que suban. No el de la energía en su conjunto, sino de las más contaminantes para así desincentivar su uso dentro un pool de energías que debe tender a estar compuesto muy mayoritariamente por renovables a medio plazo. Y en esa transición estamos, pues estas últimas todavía no son capaces de sustituir a las contaminantes, más aún tras el rebote económico post-pandemia, que pilla a nuestras sociedades crecientemente concienciadas pero también muy fatigadas.

Inútil es caer en el pesimismo, y si la tentación cunde, ahí está el comunicado reciente de las dos potencias más contaminantes, Estados Unidos y China, en el contexto de la cumbre de Glasgow, en el que se comprometen a acelerar sus planes de descarbonización. Si en otros asuntos reina un aire de rivalidad sistémica, casi de nueva guerra fría, aquí parece haber un acuerdo tácito que sigue las advertencias más recientes de la ONU y el Panel de Expertos en cambio climático: los esfuerzos que ya antes nos parecían ímprobos son insuficientes para cumplir con los objetivos marcados de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados desde el nivel preindustrial. Algo hay que hacer, y aunque las palabras se las lleva viento, en la acción pública todo comienza por papeles aburridos, por técnicos o por previsibles.

Hay debate sobre si los precios suben de forma coyuntural o permanente, pero lo que todos los movimientos para contrarrestar el problema del cambio climático nos señalan es que lo que está aquí para quedarse es un cambio importante en los precios relativos de determinados bienes y servicios. Si la innovación tecnológica apuntaba hacia una economía de coste marginal cero, el cambio climático señala en dirección contraria en determinados ámbitos esenciales en nuestras vidas tal y como la conocemos: volar, conducir, viajar en general. Una realidad que generará –que ya genera– problemas de injusticia y que agrava otros, como la desigualdad, con todas sus consecuencias.

El hacer compatible el 2030 con el 30 de cada mes, como decía el presidente Macron, es una labor de orfebrería de políticas públicas, de discursos políticos y de actividad privada que está costando mucho diseñar y coordinar. No es fácil decirle a nadie que hay que mudarse a una casa con menos comodidades que la anterior, pero a cambio la nueva tendrá cimientos más sólidos. En que sepamos diseñar, explicar y ejecutar esa transacción nos jugamos todo.