Proteger a los más vulnerables

El acontecimiento político que ha copado todas las portadas y multitud de horas tertulianas durante esta semana han sido unas declaraciones del ministro de Consumo a un medio inglés sobre la producción ganadera patria y su calidad. Así somos y así nos vamos haciendo un poco entre todos. Le dedicamos más tiempo a polémicas infladas, por unos y para otros, para gastar el tiempo e ir ajustando las trincheras partidistas. Gracias a los analistas independientes ahora hemos descubierto que las macrogranjas son un problema social, económico y ecológico de primer orden que no podemos dejar de lado. Ojalá el ministro pueda llegar a tener una cartera gubernamental o un sitio en el consejo de ministros para solventar algunos de los problemas que denuncia. Para el líder de la oposición ha sido la oportunidad para lanzarse a recuperar algún voto de la España vaciada ahora que hasta los más entusiastas se han cansado de aquella letanía de la «ley de pandemias» y los oráculos demoscópicos establecen que su hado electoral languidece. 

Lo cierto es que hay asuntos que se ponen en el foco mediático y no nos abandonan en días, mientras otros tienen una vida guadianesca y suelen terminar en el cubo de la basura a las pocas horas. Llevamos, al menos, dos años con noticias que tienen como trágicas protagonistas a menores tuteladas en procesos sobre abusos y explotación sexual. Ahora que sabemos que estos casos han sucedido en la Comunidad de Madrid algunos medios los pueden llevar a su primera plana, algo es algo, para escapar de su vergonzante silencio hasta el momento. Ya hemos visto el proceder de los gobiernos en otras comunidades echando tierra sobre el asunto y evitando que las responsabilidades pudieran recaer sobre ellos. Hasta ahora habían sido comunidades gobernadas por una izquierda que ahora pedirá en Madrid lo que se ha negado a hacer en otros lugares. Los populares tienen la oportunidad de demostrar que sus inflamadas denuncias, que incluso han llegado al Parlamento Europeo, eran sinceras. Aunque no es un buen augurio que la primera respuesta fuera negar las informaciones para reconocer después que sí había menores tuteladas por las instituciones regionales. 

Quizá no sea del todo perjudicial que este tema salga del foco mediático, si estuviéramos dando pasos para solventarlo

Desde que la tormenta se desató en Baleares hubo quien afirmó que era más habitual de lo imaginado y que estos casos podían estar más extendidos de lo que quisiéramos reconocer por toda nuestra geografía. Duele el mero hecho de pensar que eso es así porque nos devuelve una cruel realidad que debería estar en el centro de la conversación pública. Sabemos que nuestro sistema tiene muchos agujeros que deben ser reparados, pero nunca deberían romperse por el lado de los más débiles. Quizá no sea del todo perjudicial que este tema salga del foco mediático, si estuviéramos dando pasos para solventarlo. No lo parece. 

Y pienso en aquella propuesta que hizo una escéptica como Judith Shklar, ahora que goza de una segunda vida recuperada, sobre el liberalismo del miedo. Esta filósofa defendió un liberalismo alejado de cualquier ideal utópico porque era consciente de la existencia del mal. Las amenazas son demasiadas como para no tomárselas en serio. Y nos rondan para ahondar en la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Shklar volvía la vista a John Locke y sus epígonos para recordarnos que no se debe confiar incondicionalmente en los gobiernos. Por esa razón es necesario tener todo tipo de mecanismos institucionales que nos permitan evitar o minimizar al máximo el daño, ya sea este físico o moral.  La prevención de estos males debería ser nuestro primer e innegociable compromiso. Si queremos reparar los problemas que acucian a nuestra democracia liberal, no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. No se trata de encontrar ese chivo expiatorio para calmar las conciencias, porque la responsabilidad está bastante repartida.