El diputado Casero a Eurovisión

Veinte segundos duró la derogación de la no-derogación-técnica-prometida-pero-derogación en el fondo-aunque-en-el-fondo-no-es-más-que-un-reformita de la reforma laboral de 2012 (le pido disculpas amigo lector por este arranque, era inevitable). Sí, 20 segundos desde que la Presidenta del Congreso Meritxell Batet anunció su «no convalidación», hasta que «los servicios de la cámara» le advirtieran de su error aritmético y proclamara la convalidación del Decreto-Ley. Se anuncia un recurso del Partido Popular ante la negativa de la presidenta a considerar la posibilidad de que uno de sus diputados, Alberto Casero, votara presencialmente al haber advertido que se equivocó en el voto telemático.

Meses antes de que se aprobara la declaración de independencia de los Estados Unidos, dos de sus padres fundadores, John Adams y John Penn, mantenían correspondencia acerca del futuro político e institucional de una nación política emergente. En una carta fechada el 27 de marzo de 1776 el primero le decía al segundo:  «Puesto que la asamblea representativa debe ser un retrato exacto, en miniatura, de la ciudadanía en su conjunto, que piense, sienta, razone y actúe como ella, deberá tenerse mucho cuidado en su formación para evitar elecciones no equitativas, parciales y corruptas».

Si Adams está en lo cierto acerca de lo que significa y expresa la representación parlamentaria, lo que refleja nuestro actual Parlamento es el retrato en miniatura de una polis en escombros que solo provoca desolación.

Esta semana que ha concluido pasará a los anales de la historia del parlamentarismo español. Es difícil ya a estas alturas de la legislatura hacer un inventario completo y preciso de la indignidad institucional a la que estamos sometidos desde que el «Frankenstein» augurado por Alfredo Pérez Rubalcaba cobró vida. No eran ya noticia las palabras gruesas, los insultos, los lapos, los desprecios y desplantes, las preguntas hueras y las respuestas previamente escritas y evasivas en las sesiones de (des)control, las camisetas más propias de alguna rave mediterránea que del templo de la soberanía popular. Ya apenas conmueve el número de Decretos-ley convalidados sin mayor deliberación o tramitados como leyes por el procedimiento de urgencia (32 en 2021, 39 en 2020): la excepcionalidad se ha convertido en rutina, lo extraordinario en normalidad y lo postergado a conveniencia en urgencia repentina. Con normalidad pasmosa se nos informa de «leyes aprobadas por el Gobierno».

Habíamos hecho callo de la inaudita proclamación verdulera «España me importa un comino» de una representante del pueblo español (señor Adams: vuélvase a la tumba), cuando esta semana otra diputada, llevándose las manos a los pechos, ha preguntado a los diputados de Vox por qué les dan miedo las tetas (señor Adams: insisto). Es esta la misma semana en la que el seguimiento torticero de los procedimientos ha alcanzado el refinamiento del maestro relojero suizo; o más bien del aceitero de colza adulterada. No me digan que la inclusión de la prórroga de la obligación del uso de mascarillas en exteriores en el mismo decreto que actualizaba las pensiones no es para hacer la ola al trilero antes de encaminarnos a la comisaría. La rabia e indignación del diputado Errejón le llevó a abstenerse. ¡Valiente!

¿En qué han consistido las deliberaciones previas – chulísimas, siempre con cariño según la retórica de la vicepresidenta- para lograr la aprobación de la reforma de la legislación laboral? En un chalaneo al mejor estilo calabrés y en la negación del principio según el cual el porquero de Agamenón también puede decir verdad. Después del fiasco de la votación de este 3 de febrero hemos conocido los términos de algunas de las subastas: unos millones para una partida presupuestaria y retirar una reprobación al alcalde de Pamplona, censura que se ha reactivado tan pronto se ha comprobado la «traición» de los diputados que no fueron fieles a la consigna dada por quien llevó a término las negociaciones. Los diputados díscolos, por su parte, con su voto no pretendían manifestar su discordancia con los mecanismos establecidos para la flexibilidad interna en las empresas, o la prevalencia del convenio de sector salvo en salarios, ni sobre cualquier otro aspecto de la reforma, sino expresar su rechazo a que partidos separatistas como Bildu y ERC apoyen al Gobierno. Pero resulta que estos partidos, representantes de una izquierda solo supuesta y cuya aspiración política es que los trabajadores vascos y catalanes no estén unidos bajo un mismo marco de relaciones laborales con el resto de españoles, han votado en esta ocasión contra el Gobierno. Las razones de fondo y el contenido de la ley ya en vigor no importaban nada: lo preocupante era el fuero, el «quién» la votaba. ¡La hubiera votado incluso Albert Rivera! exclamó el diputado Rufián, quien también dijo con verdad – y para rebajar la relevancia del «diálogo social»- que «las leyes se hacen en el Congreso». Ese recordatorio de la clave de bóveda que representa el Parlamento español en nuestra arquitectura institucional no se aplica, en cambio, cuando de romper la soberanía popular mediante una secesión unilateral hablamos, pues para ello una mesa de diálogo extraparlamentaria, cuando no un referéndum ilegal organizado por instituciones que han dado un golpe de Estado, es lo fetén desde el punto de vista «democrático».

En el Segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke sostuvo que el poder legislativo puede ser entendido como «el alma que da vida, forma y unidad al Estado», a partir de lo cual: «… derivan los miembros de la sociedad su influencia mutua, simpatía y conexión» (par. 212). Cuando el poder legislativo se rompe o disuelve, concluía Locke, la «disolución y la muerte» se siguen de ello. En algún sentido, añado yo, es legítimo preguntarse si de esa muerte se infiere también la de esa comunidad política a la que llamamos «España».

Mientras lo dilucidamos la vida civil sigue, y la parlamentaria también. El Parlamento español en algún sentido ha muerto, mutando en otra cosa, algo así como un zombi; un lugar que se puede pensar como idóneo para «auditar» e «inquirir» sobre el proceso de votación que llevó a seleccionar la canción «SloMo» como representante de España en el festival de Eurovisión, un asunto que también es objeto de preocupación del sindicato CCOO.

Lo verán discutir próximamente y será impagable. Yo, como modesto representado, tengo una propuesta con la que rendir tributo al ideal representativo de John Adams: anularlo todo (lo de Eurovisión) y votar como sustituto de la cantante Chanel Terrero al diputado del PP Alberto Casero. ¿Acaso no es su presunta torpeza, y el resultado de la misma, un «retrato fiel, en miniatura» de lo que estamos siendo como país? La canción y la coreografía pueden permanecer. Añadamos, si acaso, unas gaitas y una teta gigante en el escenario. De las que no den miedo.

Mira que si ganamos…