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Álvaro Nieto

Un Gobierno enfermo, una oposición desnortada

Incapaces de buscar acuerdos de calado que trasciendan varias generaciones, nuestros representantes solo viven obsesionados por el regate corto

Opinión
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Un Gobierno enfermo, una oposición desnortada

Euforia y abrazos en la bancada del PSOE tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. | EFE

Que un país con 3,1 millones de parados haya aprobado su nueva legislación laboral por un solo voto y de chiripa da la medida del grado de salud de la democracia española. Incapaces de buscar acuerdos de calado que trasciendan varias generaciones, nuestros representantes viven obsesionados por el regate corto y solo tienen la mirada puesta en las siguientes elecciones. Es el drama de España: un país atrapado entre un Gobierno enfermo de populismo y una oposición completamente desnortada.

Lo del Ejecutivo no tiene nombre. Más que hacer, lo único que le mueve es aparentar que hace y, sobre todo, transmitir a la ciudadanía lo que le interesa en cada momento, sin importar si es verdad o mentira. Así lo vimos hace unos días con el escándalo de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, un capricho gubernamental sin ninguna base científica que fue aprobado en plena ola ómicron para dar la sensación de que se afrontaba el problema y que ahora, por arte de magia y tras ser respaldado por el Congreso de los Diputados, será revertido en vísperas de las elecciones en Castilla y León.

Parecida estafa ha sido calificar la ‘reforma’ laboral de revolucionaria y pretender venderla como el bálsamo de fierabrás que solucionará todos nuestros problemas, cuando estamos ante el mismo texto que aprobó el Partido Popular, aunque con algunos cambios menores. Ver a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, profundamente emocionada y celebrando su aprobación como si le hubiera tocado la lotería produce verdadero sonrojo.

Lo mismo cabría decir de la nueva Ley de Vivienda, que se nos vende como otro gran hito pero cuya entrada en vigor está en duda debido a que el propio Poder Judicial ya ha advertido que invade competencias autonómicas. El Gobierno, conocedor de ese extremo, se ha curado en salud dejando que sean las regiones las que decidan si aplican la ley, que por otra parte contempla un periodo transitorio largo antes de su puesta en marcha. En resumen: difícilmente entrará en vigor, pero eso es lo de menos.

La publicidad que no falte

Y para garantizar que la ciudadanía se entere de que el Gobierno está cambiando nuestras vidas, Pedro Sánchez aprobó la semana pasada gastar la mayor cantidad en publicidad que ningún otro Gobierno en los últimos 14 años. Un plan que, como les fue desgranando en primicia THE OBJECTIVE, contempla que el Ministerio de Igualdad sea el segundo que más gaste en propaganda. Un ministerio sin competencias, sin funcionarios y casi sin presupuesto, pero con la segunda mayor dotación para gastar en publicidad. El mejor ejemplo de lo que es este Ejecutivo: mucho ruido y pocas nueces.

De igual manera, el Gobierno anda inmerso estos días en convencernos de que hay que investigar los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica. Nadie niega que haya casos y que se deba perseguir a sus responsables, pero la campaña impulsada desde Moncloa, con la colaboración estimable de algunos medios de comunicación, entre ellos Televisión Española, es de aurora boreal. A juzgar por lo que se está diciendo, parecería que en España las parroquias sean lugares de perversión donde se abusa sistemáticamente de los niños.

Sin embargo, los datos demuestran que, una vez más, el Gobierno ha encontrado un ‘falso’ problema con el que mantenernos entretenidos durante un tiempo, dado que Franco ya salió del Valle de los Caídos y da poco juego. Como les contamos hoy en un artículo que firma el periodista Fran Serrato, resulta que las cifras que maneja ‘Save the Children’ van en otra dirección: de todos los abusos a menores, los protagonizados por religiosos son minoritarios. Seguramente hace 40 años el problema fuera de otra dimensión, pero es increíble que se pretendan convertir en prioridad cuestiones del pasado mientras, por ejemplo, se pasa de puntillas sobre las menores tuteladas que ejercían la prostitución en Baleares y Madrid.

¿Y qué hace la oposición?

Pero, en vez de criticar todo lo anterior, la oposición se ha embarcado esta semana en una absurda campaña de denuncia de un supuesto ‘robo’ en la votación clave sobre la reforma laboral. Ya sabemos que estamos en manos de un Gobierno putrefacto, enfermo de populismo y habituado a hacer lo que le sale de las narices de forma arbitraria, caprichosa e improvisada, pero que el Partido Popular pretenda convertir un error propio en un ‘pucherazo’ es vergonzoso.

Evidentemente, el sistema de voto telemático del Congreso de los Diputados hace aguas por todos lados y el comportamiento de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, tampoco ha sido el más honesto. Pero Pablo Casado tendría mayor autoridad moral para criticar todo ello si hubiera cesado a su diputado al minuto siguiente de producirse el error. Por el contrario, el PP ha emprendido una huida hacia delante que, mientras no despida a Alberto Casero, solo será un burdo intento de tapar su tremenda metedura de pata.

Resulta ridículo denunciar un supuesto golpe institucional en un caso que se ha producido por un error propio y que tiene como consecuencia la aprobación de un texto que se parece casi como dos gotas de agua a la reforma aprobada en su día por el PP… y que cuenta además con el aval de la propia CEOE, poco sospechosa de revolucionaria.

Y el colmo de la desorientación es que el PP ha defendido de forma ardorosa a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que se saltaron la disciplina de voto impuesta por su partido. Sergio Sayas y Carlos García Adanero son para los populares unos héroes por haberse atrevido a enfrentarse al ‘diktat’ de la cúpula de UPN. Probablemente sea así, pero el PP es el partido menos indicado para destacar ese ejercicio de autonomía, pues acaba de imponer una multa de 500 euros a Cayetana Álvarez de Toledo por no avalar con su voto el pacto con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional.

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