Cordones sanitarios: un serial de dos décadas
«El hilo argumental de la política española de las últimas décadas ha sido la aplicación sistemática del «cordón sanitario» a la derecha»
Los guionistas de la serie de (futuro) éxito Yo, Pedro o El Pedrino (según se mire) no debieran olvidar que el hilo argumental de la política española de las últimas décadas (visto desde la izquierda) ha sido (y sigue siendo) la aplicación sistemática del denominado «cordón sanitario» a la derecha.
Aquello se puso por escrito, a finales de 2003, en el célebre Pacto del Tinell. Entonces, hace casi veinte años, ni Podemos ni Vox formaban parte de nuestras vidas. Pero eso daba (y da) lo mismo.
Como la memoria es frágil, les recuerdo la textualidad de los “Criterios sobre actuación política general” firmados en el Pacto del Tinell un 14 de diciembre de 2003 en Barcelona:
«Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente, estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales».
Así nació el «cordón sanitario», el más antidemocrático de los acuerdos políticos en dos décadas. Se decide, sin discusión posible, la prohibición de pacto con una fuerza política por la sublime razón de que es de derechas. Ésa es la (solidísima) base teórica del “noesnoismo” de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy.
El «No es no» que Rajoy tardó en asumir significaba que ¡de ninguna manera! el PSOE iba a aceptar un Gobierno de gran coalición, ni tampoco ningún acuerdo amplio de legislatura. Por eso, la temporal abstención que el PSOE de la gestora de Javier Fernández concedió al PP de Rajoy duró «lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks»”. Por ser precisos, hasta la moción de censura que Sánchez pudo presentar en mayo de 2018, y que revitalizó el espíritu del Tinell.
La última denominación del «cordón sanitario» la ha ofrecido Pedro Sánchez. Ahora se llama «cordón democrático» y añade una sublime modernización del concepto: en lugar de comprometer a toda la izquierda, junto a nacionalistas de diverso jaez, a aplicar el «cordón sanitario» al PP, se exhorta al PP a que se lo aplique a sí mismo, por la vía de demonizar a Vox.
El «cordón democrático» es una modernización del «cordón sanitario» tan interesante como inteligente. Porque estas dos décadas de «cordón sanitario» han tenido un evidente coste reputacional y de expectativas electorales para la izquierda moderada que pretende encarnar el PSOE por, al menos, tres vías.
- La primera, y más evidente, es el creciente e indeseable protagonismo en «la dirección del Estado» que el PSOE ha necesitado conceder a partidos abiertamente anticonstitucionales, antisistema, antieuropeos y contrarios incluso a la existencia de España como nación.
- La segunda, y no menos relevante, es la suave declinación de apoyo ciudadano que el PSOE ha ido constatando, incluso cuando ganaba, en estas dos décadas de Tinell.
- Y la tercera, que complementa a las dos anteriores, es el incentivo a la proliferación de partidos con opciones de participación en el Gobierno (o en «la dirección del Estado»), primero a la izquierda y también, como lógica reacción, a la derecha.
El paso de «cordón sanitario» al PP a «cordón democrático» que el PP debería imponer a Vox es tan interesante como inteligente porque traslada a su principal perjudicado todo el coste de la antidemocrática decisión de expulsar del tablero político a un partido que respeta escrupulosamente las reglas de nuestra democracia. Sí, hasta hoy, Vox ha demostrado un absoluto respeto a las reglas de la democracia española, empezando por la Constitución. Y, también sí, es el PP la víctima mayor de una eventual cesión al antidemocrático «cordón democrático» que la izquierda le exige aplicar sobre Vox.
¿Por qué? Primero, y principal, porque blanquea dos décadas de «cordón sanitario». Segundo, porque consolida la asimetría según la cual el PSOE puede pactar hasta con los albaceas de ETA, pero el PP no puede pactar con nadie: o mayoría absoluta o a la oposición. Tercero, porque -en el mejor de los casos- podría concederse al PP la gracia de servir de silente y solícito apoyo al PSOE para que éste no tenga que depender tanto (¡tantísimo!) de sus socios antisistema… como ya hizo en 2009 con el lehendakari socialista Patxi López. Cuarto, porque incentiva el trasvase de voto de centro-derecha del PP a Vox, no solo entre quienes sentirán una lógica simpatía por los excluidos y marginados, sino también por parte de los que rechazan los cordones antidemocráticos y se preguntan por qué algo así nunca se aplica, con la Constitución y Ley de Partidos en la mano, a quienes incluso juran sus cargos contra la democracia española…
El espectáculo de juramentos contrarios a la Constitución que ofrecieron los integrantes y socios del Gobierno en la sesión de investidura de enero de 2020 en el Congreso contrasta vivamente con la canónica aceptación de nuestra Carta Magna por parte de los diputados de la reciente coalición PP-Vox en Castilla y León este marzo de 2022.
Pues da lo mismo: los contrarios a la Constitución son quienes juran acatarla. Y así todo. Hay que expulsar por anticonstitucionales a quienes, por ejemplo, piden y consiguen el amparo del Tribunal Constitucional contra su antidemocrático arrinconamiento en el Parlamento Vasco, o a quienes, hace unos meses, lograron sentencias favorables del Constitucional contra los excesos antiparlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. A cambio, los plenamente constitucionales son los de Podemos, miembros del Gobierno, que los días en los que se levantan moderados solo piden «agitar las calles» para abrir un «nuevo periodo constituyente» que sustituya al «traje viejo de la Constitución». ¡Y qué decir del acreditado constitucionalismo de los socios de ERC (condenado por sedición) o Bildu (custodio de ongi-etorris)!
En todo caso, lo más interesante del nuevo «cordón democrático» que el PP tendría que imponer a Vox es que hoy, según la privilegiada encuesta que son las elecciones parciales, la derecha (en sentido amplio) suma bastante más del 50% de los votos. Así ha ocurrido en Castilla y León y en Madrid, con todas las diferencias entre ambos territorios.
Ponemos el foco en la casi mayoría absoluta de los los 65 escaños de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y en la escasa mayoría de los 31 procuradores de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Pero si ampliamos un poco el campo de visión, la suma de todos los partidos del espectro de centro derecha supera en ambos casos (y por mucho) el 50% de los votos. Es decir, el PSOE junto a todos sus socios de izquierda, y con todas las sumas imaginables, no llegan a un escuálido 45%.
Esta tendencia, si se mantiene y corrobora en el conjunto de España, es la clave de las próximas elecciones generales. Estamos ante un ‘momento de la derecha’ que la fórmula del “cordón democrático” pretende esterilizar. Y lo hace invitando a la víctima (al votante de centro-derecha que quiere poner ya punto final al pésimo Gobierno de Pedro Sánchez) a convertirse en victimario (por la vía de demonizar al votante más decididamente de derechas).
Los guionistas del serial de (futuro) éxito Yo, Pedro (o El Pedrino) podrán exprimir con delectación los requiebros argumentales en los que los partícipes en una felonía se convierten en sus principales damnificados. Esos giros de guion de victimarios-victimizados pueden dar pulso dramático (y reciente realismo) a la producción televisiva Pedro, juego de promos que, muy posiblemente, nos amenice la campaña electoral.
Claro que las series, las exitosas y las que no, son productos de ficción y la política es una actividad para adultos que solo intentan gestionar la más cruda realidad.