Vuelve la lucha de clases
«La izquierda no se entera: no es la nueva extrema derecha, son los nuevos pobres»
Confieso que yo pasé por el siglo XX sin que nunca me abandonara la íntima convicción de ser de izquierdas. Asunto, el de decirse de izquierdas, que en aquella centuria que daba sus últimos coletazos todavía poseía un significado claro y preciso. Así, cuando entonces, ser de izquierdas consistía, en el máximo nivel de abstracción, en postular la igualdad económica, siempre con todos los matices y gradaciones que se quisiese, frente a los partidarios de la sola igualdad jurídica, a su vez el rasgo identitario común de las distintas derechas. Era un mundo, el de ayer, algo binario, sí, pero al menos resultaba descifrable. Me ha venido ese pensamiento a la cabeza ojeando una noticia en la prensa donde se glosa la partida de 445 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado elaborados por un Ejecutivo al que llaman «social-comunista» reservan para subvencionar, huelga decir que a fondo perdido, la adquisición de coches eléctricos por parte de empresas o particulares.
Una prima pública que alcanza los 7.000 euros para cualquier comprador de un vehículo nuevo de esas características que acceda a entregar el antiguo a las autoridades con el objeto de su ulterior desguace. Dicho de otro modo: la condición para conseguir la ayuda estatal es que el coche antiguo no pueda pasar bajo ningún concepto al mercado de segunda mano, ese donde las familias humildes y con menos recursos adquieren habitualmente sus medios de transporte. Por lo demás, en el cuerpo de la misma pieza periodística acuso recibo de que el coche eléctrico más vendido en el mercado español durante el último año resultó ser el Tesla Model 3, un automóvil capaz de transitar de 0 a 100 kilómetros en el breve lapso de tres segundos, diseñado -leo- para alcanzar una velocidad máxima de 226 kilómetros por hora, y cuyo precio de venta al público parte, siempre en el caso del modelo más básico, de 46.990 euros, impuestos al margen.
No tratamos de una anécdota, sino de una categoría. Haber descarbonizado por completo las fuentes de energía en Europa a la altura de 2050, el objetivo oficial de la Unión, será empresa imposible a ojos de muchos peritos científicos en la materia. Y lo será no por falta de voluntad política, sino por la escasez de los minerales imprescindibles a fin de llevar a cabo la transición. Repárese, sin ir más lejos, en que un coche convencional, uno de combustión interna, contiene 25 kilos de cobre y de manganeso, mientras que los eléctricos incorporan en su interior en torno a 80 kilos de esos dos componentes, cantidades a las que procede añadir además otros 130 kilos de níquel, cobalto y litio, elementos, los tres, escasos en la naturaleza. Multiplíquense esas magnitudes por el número de coches que habrá que sustituir en todo el planeta y dispondrá el lector de una idea aproximada de lo desmedido del proyecto, primero, y, segundo, de lo muy caro que de modo inevitable terminará resultando cuando se consume.
Y, por si eso aún fuera poco, resulta que el incremento de los precios internacionales de las principales energías fósiles -gas y petróleo-, que ya había comenzado bastante antes del inicio de la guerra, obedece en última instancia a razones físicas. Ocurre que los grandes países productores, empezando por Rusia, ralentizan desde hace algún tiempo sus inversiones técnicas a la vista de sus expectativas de agotamiento de los yacimientos. Y de ahí que no aumentase la producción mundial pese a la gran demanda post-pandemia. Es la tormenta energética perfecta. Tormenta que, por lo demás, anda dando lugar a un inopinado revival de la lucha de clases. Una novísima lucha de clases en la que la izquierda política se alinea en bloque con los de arriba frente a los de abajo. He ahí, como muestra, el consistorio municipal más nominalmente progresista de la Península Ibérica, el de Barcelona, teniendo que acusar recibo de una sentencia judicial donde los togados le afean que los principales perjudicados de su ilegal zona de bajas emisiones resultaran ser «los colectivos que tienen menor capacidad para renovar el vehículo». No es la nueva extrema derecha, son los nuevos pobres.