La inflación beneficia a muchos
«Más pronto o más tarde, el BCE ordenará a España subir los impuestos. Y España los subirá, gobierne el PSOE o gobierne el PP»
El tan inesperado despertar súbito de ese viejo monstruo doméstico, la inflación, ha vuelto a poner en circulación una leyenda urbana también vieja y casi olvidada, la de que los incrementos sostenidos en el tiempo del IPC nos perjudican a todos y que, en consecuencia, todos estarían interesados en arbitrar políticas urgentes para frenar su crecimiento. El problema de esa leyenda tan popular reside en que, tal como ocurre con la mayoría de las leyendas, resulta ser falsa. Porque simplemente no es cierto que todos salgan perjudicados cuando en alguna parte da inicio un proceso inflacionario. Bien al contrario, hay quien puede verse no sólo beneficiado, sino muy beneficiado. Y no necesariamente suelen ser pocos, por cierto. Sin ir más lejos, cualquiera que esté endeudado en el instante de comenzar la subida general de precios, y mejor cuanto más endeudado, podrá beneficiarse del proceso.
Así las cosas, ese 30% de españoles que ahora mismo mantiene saldos vivos de al menos una deuda hipotecaria, deuda cuyo monto agregado asciende a un volumen de unos 631.000 millones de euros, va a salir ganando. La inflación les está bajando el sueldo real pese a las subidas nominales aparentes, sí, pero también les paga parte de la hipoteca siempre que el tipo de interés que abonen al banco se sitúe por debajo del incremento del IPC. Y justo eso es lo que ocurre hoy y aquí. Ergo, y como siempre pasa con todo, hay quien pierde y hay quien gana. Con sideral diferencia sobre el resto, el actor económico más beneficiado por una inflación de largo recorrido sería, claro, el más endeudado de todos. Y ese sobreendeudado ya crónico y estructural no estulta ser otro que el propio Estado. Mariano Rajoy, el segundo presidente del Gobierno durante la Gran Recesión, acaba de sentenciar hace un rato que España necesita un partido al mando del Ejecutivo que no sólo baje los impuestos, sino que resulte creíble cuando prometa que los bajará.
Él, Rajoy, llegó a la Moncloa prometiendo bajarlos y, solo en su primer año y medio de mandato, creó 12 nuevas figuras tributarias -ocho relacionadas con el sector eléctrico- y ordenó 30 subidas de impuestos, entre ellas cinco del IRPF, amén de dos del IVA y cuatro del de Sociedades. Y no es que Rajoy obtuviera un secreto placer sádico incumpliendo todas sus promesas fiscales a los votantes del PP. Ocurrió algo más prosaico, a saber: que cuando debes mucho dinero a otros, esos otros son los que mandan y deciden lo que tienes que hacer, te guste o no te guste hacerlo. Hoy, tras la pandemia, España vuelve a arrostrar una deuda entre inmensa y sideral. Una deuda que se aloja, sobre todo, en los libros del BCE. Por tanto, más pronto o más tarde, el BCE ordenará a España subir los impuestos. Y España los subirá, gobierne el PSOE o gobierne el PP. Porque cuando te ponen una pistola en la nuca, no existe alternativa. Se obedece y punto.
Para hacerse una idea siquiera aproximada del peso de la deuda sobre el destino de la próxima generación, basta acusar recibo de que las proyecciones oficiales estiman que hacia el año 2050 su saldo todavía equivaldrá al 80% del PIB, 20 puntos por encima del máximo fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Solo hay una posibilidad de que eso, lo de la pistola financiera y la nuca fiscal, no llegue a ocurrir en el futuro mediato: que la inflación se termine cronificando y, poco a poco, la deuda estatal vaya diluyéndose de un modo en apariencia indoloro. Sería repetir lo que ya sucedió, y a raíz de una decisión política consciente y deliberada, en la Europa de los años 60 y 70, hasta la llegada de la crisis del petróleo. Un apaño político, por lo demás, simple: ganaban el Estado y los particulares y empresas endeudados a largo, mientras que perdían todos los ahorradores que tuvieran depósitos a plazo en los bancos, quienes veían impotentes cómo su dinero adelgazaba año tras año. Ahora, las primeras víctimas serían los titulares de fondos de pensiones, todos dueños de dinero cautivo. ¿Caerán de nuevo los Estados en esa tentación? Yo no lo descartaría en absoluto.