Comeremos mierda

Cuando la mujer del coronel le pregunta, desesperada, «dime, qué comeremos», este le responde: «mierda». Se me viene a la cabeza el contundente final de la novela de García Márquez cada vez que veo imágenes de estanterías vacías en los supermercados o de colas en las gasolineras. Y eso las que no han tenido que cerrar porque son incapaces de asumir las pérdidas a las que les obliga el Gobierno bajo la promesa de reembolso tras pasar por un periplo burocrático. Las gasolineras tienen que adelantar a Hacienda unos 11 millones de euros cada día y entre que unas no pueden y otras no se fían de un Gobierno con un mentiroso patológico al frente, muchas ya han cerrado. Les aseguraron que el lunes cobrarían, pero llegó el lunes y, por supuesto no cobraron. Como para fiarse.

Estremece pensar que solo llevamos dos años del Gobierno de Sánchez y Podemos y ya estamos viviendo situaciones así, y ese estremecimiento es todavía mayor al recordar que Monedero fue asesor en Venezuela, donde el desabastecimiento y las largas colas son ya la normalidad. Siempre habrá el Errejón de turno que diga que si se forman largas colas, es porque la gente tiene mucho dinero para gastar, pero el resto sabemos que eso no es cierto. 

La realidad es que, según un informe del Banco de España, el salario medio bajó 0,9% en 2021; tenemos el menor poder adquisitivo per cápita de las economías de nuestro entorno y la máxima inflación y que el pronóstico para este año es todavía peor: estanflación, es decir, bajo o nulo crecimiento y precios desbocados. Y la cosa puede empeorar todavía más porque Argelia no descarta subir el precio del gas a España, mientras lo mantiene al resto de sus clientes. A nadie se le escapa que se trataría de un castigo por el volantazo de Sánchez en su posición con respecto al Sahara, un giro radical que tomó pisoteando no solo al Parlamento español sino, incluso, a sus propios socios. Una torpeza más que se suma a la larga lista de entuertos internacionales de su Gobierno que van dejando cada vez en peor lugar a una España que se aleja de los estándares de nuestro entorno mientras se acerca a los de Venezuela.

El precavido lector puede objetar que estamos muy lejos de Venezuela y que aquí esto no puede pasar, pero es que a mí me resuenan una y otra vez las voces de muchas personas que huyeron de ese país y cuentan que cuando los cubanos les alertaban de cómo podía acabar Venezuela, respondían: «Esto no puede pasar aquí». Y, de verdad, no quiero ser agorera, pero es que fíjense en el destrozo que han perpetrado en tan poco tiempo, así que no me quiero ni imaginar cómo estará España cuando acabe la legislatura. Y sí, han sido dos años especialmente complicados, con una pandemia y una guerra en Europa, pero con esos mismos mimbres, los otros países de la UE han hecho mejores canastos.

Al margen de eso, hay desastres que no tienen nada que ver ni con la pandemia ni con la guerra, sino con la ideología del Gobierno actual. Me refiero, por ejemplo, a la ley Celaá, una especie de caballo de Atila que por donde pase, no volverá a crecer el conocimiento. Algunas ya avisamos en su día, pero otras muchas personas empiezan a ser conscientes ahora con el Real Decreto de enseñanzas mínimas de la ESO publicado por obra y gracia de la ministra Alegría que, para tristeza de muchos, parece que va a hacer buena a Celaá.

En el nuevo currículo se sustituye cualquier atisbo de lógica -por ejemplo, enseñar la Historia en orden cronológico- por la ideología woke y por la palabrería típica de los libros de autoayuda: «Crecimiento personal», «optimismo», «resiliencia»… Así, los alumnos no sabrán los rudimentos matemáticos básicos ni situar cronológicamente la Revolución francesa, pero dominarán las destrezas socioafectivas y serán optimistas y resilientes por Real Decreto. Miren si la ministra Alegría tiene claro que todo esto es un disparate, que ella lleva a su hijo a un colegio privado que se rige por el sistema educativo francés.

Resulta curioso que teniendo en España una comunidad autónoma que ocupa las primeras posiciones en diferentes rankings internacionales de educación como es Castilla y León, el Gobierno haya ido a inspirarse en Cataluña, que tiene unas medias bastante mediocres. Resulta curioso también que con un currículo tan centrado en el supuesto bienestar del alumno, se hayan inspirado en el modelo catalán cuando, según los informes PISA, año tras año, los alumnos catalanes son los que se sienten menos integrados en la escuela. 

Supongo que ese malestar tiene que ver, al menos en parte, con el hecho de que la mayoría de alumnos reciben su educación en una lengua que no es la materna. Algo inconstitucional y que debería haber acabado ya el mes pasado con la sentencia que obliga a todos los centros a dar un mínimo del 25% en español, algo que el Consejero de Educación paga para que sus hijas tengan, pero que niega al resto de catalanes. Alegría ya ha dicho que no piensa pedir que se ejecute la sentencia, dejando una vez más desamparados a los catalanes, pero es que Pedro Sánchez tiene claro a quien le debe el Falcon y el colchón en la Moncloa y no los va a poner en riesgo por quíteme allá unos derechos de los alumnos.

Estoy convencida de que si cuando Sánchez se hizo con el poder nos hubieran dicho que íbamos a vivir desabastecimiento en los supermercados o que el Gobierno iba a aprobar limitar la venta de productos básicos, muchos no se lo habrían creído y hubieran objetado que eran prejuicios y maledicencias de la ultraderecha contra del Gobierno más progresista de la historia. Pero la realidad es que ya lo estamos viviendo y espero que no llegue el día que ante la pregunta de «qué comemos» tengamos que responder: «Mierda».