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Velarde Daoiz

Los expertos

«Lo que de ninguna manera pueden definir ‘los expertos’ es qué leyes deben aprobarse, con qué contenido o con qué plazos»

Opinión
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Los expertos

El director del CAES, Fernando Simón. | Europa Press

En 1689 nacía en el Castillo de la Brede Charles Louis de Secondat, filósofo y jurista. En él viviría y escribiría la mayor parte de su legado intelectual. Aunque, curiosidades de la vida, tuvo que publicar en Suiza en 1748 su obra cumbre, El espíritu de las leyes, debido a problemas con la censura.

No es extraño que así sucediera, puesto que su publicación coincidió con el reinado en Francia de Luis XV, que controlaba todas las esferas del Estado, justicia incluida. Y lo que defendía en aquella obra el también conocido como Barón de Montesquieu era una ruptura radical con el régimen absolutista que imperaba hasta entonces. Proponía Montesquieu un nuevo sistema de división de poderes del Estado, concretamente en tres áreas independientes y con responsabilidades diferenciadas: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Tres poderes conformados de forma tal que ninguno pudiera controlar al resto, y todos se controlaran entre sí mediante un juego de pesos y contrapesos. Este sistema se transformó en pocos años en uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos y continúa siéndolo en las democracias liberales modernas.

En un sistema como el español, los ciudadanos eligen al Poder Legislativo (los miembros del Congreso y Senado), que a su vez eligen al Poder Ejecutivo (el Gobierno), y son los encargados de aprobar las leyes. Esas leyes deben ser aplicadas en nombre del pueblo (en el que reside la soberanía nacional) por los Jueces (Poder Judicial).

Se podrían hacer muchas críticas sobre si realmente en un sistema partitocrático como el español existe realmente de forma perfecta dicha separación de poderes, o sobre si la función del poder judicial es simplemente aplicar las leyes aprobadas por el Legislativo. Pero lo que me llama la atención de un tiempo a esta parte, y particularmente desde el inicio hace ya más de dos años de la pandemia de covid, es la reciente aparición de otro aparente nuevo «poder»: el de «los expertos» o «la ciencia».

Llevamos dos años en que el Gobierno central y los diversos gobiernos autonómicos se amparan en supuestos «expertos» para adoptar decisiones de carácter político. De hecho, Pedro Sánchez ha intentado hacernos creer que todas sus decisiones durante la pandemia (los sucesivos estados de alarma incluido aquel específico para Madrid en otoño de 2020, la obligación de mascarillas, los procesos de aplicación y retirada de ciertas medidas de control de la transmisión, etc) han venido definidas exclusivamente por la opinión de esos expertos.

Del mismo modo, «la Ciencia», «los expertos» o «los científicos» son los escudos en que se apoyan todos los políticos europeos para aprobar sus Leyes de Transición Energética y Cambio Climático.

De forma aún más llamativa, y ante la polémica de la posible retirada de las mascarillas en interiores, decía el martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desea que la decisión sea adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud pero avalada por el Comité Técnico y Científico, pues estos comités «son los que saben» y considera que «no deben ser los políticos los que tomen ese tipo de decisiones».

El papel de los expertos es asesorar técnicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en sus diversas áreas de conocimiento, explicando a dichos poderes las potenciales consecuencias de sus posibles decisiones normativas y políticas. Pero cuando, como es el caso con la mayoría de las decisiones normativo-políticas, estas afecten a muchas áreas de la vida (sanitaria, económica, sociopolítica…), los expertos de una o unas pocas áreas no pueden, en ningún caso, tener la última palabra. Porque, aun asumiendo que sepan mucho de algo (y es mucho asumir a la luz de la experiencia de los dos últimos años, y de la divergencia de criterios que los especialistas tienen en diversas regiones y países), solo pueden saber mucho de ese algo.

Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, los confinamientos estrictos, los cierres de colegios, la aplicación de pasaportes covid, la restricción de aforos u horarios a la hostelería o hasta los toques de queda, pueden (o no) ser medidas eficaces para disminuir la transmisión de un virus respiratorio. Pero todas esas medidas impactan de manera decisiva en la economía, en otras áreas de la salud, en el desarrollo educativo de nuestros hijos y hasta en potenciales conflictos sociales. Impactan a corto, a medio y a largo plazo. Y es la responsabilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo el analizar todos esos impactos y ponderarlos, para después adoptar las decisiones que maximicen el beneficio social teniendo en cuenta todos los marcos temporales.

Lo mismo sucede con la descarbonización y el cambio climático. Los científicos pueden afirmar que las emisiones de CO2 incrementan el efecto invernadero, calentarán la Tierra y que eso puede producir, o va a producir, una serie de consecuencias: subida del nivel del mar, mayores o menores precipitaciones, etc. Normalmente tienen el buen juicio de afirmarlo señalando que sus proyecciones no son predicciones, y que poseen un alto grado de incertidumbre cuantitativa, cuando no cualitativa. Pero lo que de ninguna manera pueden definir «los expertos» es qué leyes deben aprobarse, con qué contenido o con qué plazos.

Es una vergüenza que nuestros políticos eludan su responsabilidad sobre las consecuencias de las decisiones que toman amparándose en «los expertos». Las decisiones ejecutivas y legislativas tienen que tomarlas los políticos (para eso los elegimos periódicamente). Si posteriormente esas decisiones han sido acertadas, el mérito será suyo. Si por el contrario esas decisiones traen, como lo han hecho en la mayor parte de España durante estos últimos años, ruina económica y problemas de difícil solución a medio plazo en materia sanitaria, educativa o energética, no vale decir que «hicimos lo que nos decían los expertos»: no pagamos a esos expertos para que redacten y aprueben leyes, ni para que gobiernen. Para eso le pagamos a usted, Sr. Sánchez. Para eso le pagamos a usted, Sr. Moreno.

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