Bono joven para amigos viejos

Como no hay crisis y nos sobra el dinero, el Gobierno va a repartir 210 millones de euros de ese dinero público que «no es de nadie» entre los 500.000 jóvenes nacidos en 2004. Les tocan 400 euros por cabeza, que deberán gastar en ciertos bienes y servicios culturales.  

Las justificaciones del Gobierno para este Bono Cultural Joven son un tanto peregrinas. Arguye, por un lado, que la pandemia ha reducido la demanda del sector cultural, sobre todo de los espectáculos de cine y teatro. Cierto. Igual que la de muchas otras actividades, como los restaurantes; pero a éstos no les ayuda. Es más, por si alguien pudiera considerar que la gastronomía también es cultura, la excluye expresamente como posible beneficiaria.

Pero lo más llamativo es que el Gobierno afirme la conveniencia de que «la entrada en la edad adulta venga acompañada de un impulso económico para el disfrute y el descubrimiento de actividades culturales [porque ello] puede suponer una ayuda y un incentivo decisivo para consolidar ciudadanos adultos que incorporen el consumo y el disfrute de la cultura como un hábito más en su desarrollo y en su vida adulta» (sic). Busca así «promover la fidelización que genere el hábito de consumo de productos culturales en las personas jóvenes de modo que, como personas adultas, continúen consumiendo productos culturales con asiduidad». 

Sin perjuicio de que, en sí misma, la redacción del Decreto parece indicar cierto déficit cultural, el bono pretende aficionar a los jóvenes (perdón, a las personas jóvenes) a consumir cultura. De hecho, el ministro Iceta desea que gasten este “regalo de cumpleaños” en entradas para ir a la ópera o a conciertos de música clásica. Pero resulta difícil creerle, pues es miembro del mismo gobierno que aprobó en 2020 una ley de educación (la LOMLOE) que rebaja aún más los estándares de esa enseñanza que David Cerdá acierta al calificar como devastada. La demanda de productos culturales requiere personas cultas, y los déficits formativos de nuestros jóvenes no se maquillan subvencionando sus videojuegos.

Eso nos autoriza a pensar que el objetivo real quizá sea otro. Caben dos posibilidades complementarias. 

Por un lado, los beneficiarios serán quienes cumplan justo 18 años en el año en que soliciten la ayuda. Dice al respecto el Decreto que «la mayoría de edad implica, además de la asunción de unos deberes y derechos, la posibilidad de inaugurar una autonomía en lo que respecta a sus decisiones en muchos ámbitos, y también en el ámbito cultural». Quizá no sea casual que entre esos «deberes y derechos» figure el ejercicio del derecho de voto. Alguien podría incluso pensar que el mecanismo se dirige a comprar el voto de los jóvenes (el Pass Culture francés lo disimula entregando 200 euros de un total de 500 a los menores de edad). 

No sería extraño, al menos en cuanto a su intención, pues los socialistas de todos los partidos tienden a despreciar el libre albedrío de quienes sufren sus maquinaciones. Sería interesante comprobar este posible efecto; pero dudo que sea eficaz. Además, ni siquiera el bono parece estar diseñado para manipular voluntades, pues incluye restricciones que reducen su utilidad para los jóvenes. Pese a que, como señala el Decreto, éstos «realizan un uso intensivo de las tecnologías y de actividades en línea (nativos digitales)», el bono destina la mitad del importe (un máximo de 200 euros por beneficiario) a subvencionar las artes en vivo; 100 euros a productos con soporte físico (como novelas o DVD), y otros 100 euros a consumo digital o en línea (plataformas como Netflix).

Asimismo, lo hace con tres baterías de restricciones (algunas de las cuales, por cierto, bien podrían ser discriminatorias desde el punto de vista legal). Por un lado, podrán gastarlo en cine, teatro o conciertos de rock; pero no en espectáculos taurinos, una expresión cultural que no es del gusto de este Gobierno; así como tampoco la baja cultura de la moda y los espectáculos deportivos. Por otro lado, es sintomático y muy en línea con el tipo de joven dependiente y adocenado que le gusta al Gobierno, que el bono fomente el consumo, pero no la producción cultural. Podrán así gastarlo en adquirir videojuegos, novelas, y suscripciones a HBO o Spotify; pero no en ordenadores, software, libros de texto o instrumentos musicales (al contrario que en Francia). Por último, limitan la subvención de suscripciones a cuatro meses, y obligan al beneficiario a que recoja de forma presencial las compras en soporte físico, sin que pueda recibirlo en su domicilio o recogerlo en puntos de entrega.

Estos límites y excepciones sugieren que el Gobierno, más que favorecer la cultura, lo que desea es aumentar la demanda de quienes producen y distribuyen sus manifestaciones culturales favoritas. Quizá la de sus goyescos amiguetes, desde cómicos a tiendas convencionales, en perjuicio de los formatos y distribuidores más modernos y competitivos. El mecanismo de este trato de favor es bien conocido: gran parte de la subvención será absorbida por un aumento del margen comercial de los productores y distribuidores de los productos subvencionados. Lo saben por experiencia, pues sucedió igual en 2018 tras la reducción del IVA del cine, la cual apenas redujo los precios pero sí engordó dicho margen.

De ser así, muchos jóvenes se sentirán insultados. Si esos 210 millones que cuesta el bono se financiaran con impuestos, el Gobierno estaría cobrándoselo a sus padres. Pero, dado que nuestra deuda pública anda por el 120% del Producto Interior Bruto, lo que hace el Gobierno es obligarles a comprar hoy 400 euros de mercancía cultural a cuenta de los impuestos que habrán de pagar mañana. Muchos cobrarán el bono:  en Italia, sólo lo hizo el 60%, contando a los que lo vendieron en metálico por menos de su importe nominal. Sin embargo, en todo caso, como no son tontos y visto que el Gobierno les engaña, una gran mayoría votará en su contra.