No es la corrupción, sino su relato

La corrupción socava la eficiencia del gasto público, condiciona el crecimiento económico y cercena la confianza en las instituciones legítimas y en sus representantes. La corrupción engendra populistas cuyos progenitores no son los ciudadanos que deciden votar a opciones antisistema, sino los políticos corruptos. Por eso causan sorpresa, cuando no bochorno, las críticas y menosprecios constantes que las élites de nuestro país dirigen a los compatriotas que deciden delegar su confianza en los partidos denominados extremos, señalándoles como principales responsables de un desaguisado que ellos, con sus corruptelas, han propiciado.

Las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 tuvieron un efecto devastador en la economía y en la sociedad, obligándolas a aprobar medidas de financiación adicional y a aumentar sustancial y urgentemente el gasto, así como a flexibilizar los procedimientos de contratación pública. Se creó así un caldo de cultivo idóneo para quienes conciben la política como un medio para servirse del ciudadano, en lugar de para servirlo.

Tanto es así que el pasado 15 de diciembre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a la Comisión a evaluar medidas preventivas para evitar la corrupción, las irregularidades en el gasto y el uso indebido de los fondos de la UE y de los fondos nacionales en el caso de los fondos de emergencia y los ámbitos de gasto relacionados con las crisis. Considera este órgano representativo de la UE que la presión por prestar ayuda y la necesidad de emplear los recursos en el plazo más breve posible podrían haber aumentado el riesgo de corrupción, fraude y otras irregularidades, y que esta situación requiere medidas preventivas y procesos de gestión del control eficaces, esto es, que todos los procedimientos de contratación pública se atengan a las normas más estrictas en cuanto a apertura, transparencia y rendición de cuentas.

Esta resolución no viene a ser más que un recordatorio de algo que muchas autoridades nacionales, regionales y locales parecen haber olvidado: la respuesta a las situaciones de crisis debe de darse dentro del marco del estado de Derecho, el cual sigue vigente durante las emergencias. Y es que ni la salud, ni la urgencia ni la eficiencia son incompatibles con la ley.

En España estamos asistiendo a los primeros coletazos judiciales de la corrupción económica presuntamente cometida aprovechando las especiales circunstancias pandémicas, mientras hemos dado carpetazo, con más pena que gloria, a otra bastante más grave que se perpetró durante los estados de alarma: la corrupción institucional. Tal y como constató el Tribunal Constitucional en nada menos que cuatro sentencias, el Gobierno de nuestro país aprovechó la emergencia sanitaria para sustraer su actuación del control de los contrapesos democráticos, lo que le ha servido para profundizar y acelerar un proceso de colonización, ideologización y asalto a las instituciones de alta intensidad, posiblemente inédito en democracia. La fiscalía, el CIS, el poder judicial, el Tribunal de Cuentas, RTVE están entre los organismos afectados, aunque la lista es larga.
Parece, no obstante, que este tipo de corrupción genera menos inquietud entre los ciudadanos que la económica, especialmente cuando el político señalado por la segunda no milita en las filas de un partido progresista: el relato hegemónico sobre la corrupción sigue residiendo en la izquierda mediática. Efectivamente, la preocupación de muchos medios españoles por la malversación o la prevaricación termina donde empieza el carné del partido. Ello explica que tramas relacionadas con la presunta adquisición fraudulenta de mascarillas desarrolladas en lugares donde gobierna el Partido Popular copen titulares, aunque ni un solo miembro de ese partido haya sido imputado a día de hoy. Mientras tanto, otras en las que sí que están siendo investigados altos cargos y miembros del Partido Socialista apenas reciben atención mediática.

En las últimas semanas los informativos han abierto con acusaciones de corrupción y peticiones de dimisión tanto contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como contra el Alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a pesar de que sobre los mismos no ha recaído imputación alguna. La primera está en la diana periodística porque se hizo público que se hermano percibió de una empresa que había contratado con la Comunidad el suministro de material sanitario una comisión de 55.000 euros por su labor de intermediario comercial. La fiscalía se aprestó a abrir diligencias de investigación por un presunto tráfico de influencias, aunque nadie haya resultado imputado todavía a resulta de las mismas -quizá porque jurídicamente tengan escaso recorrido- y rechazó investigar a Ayuso. En lo referente a Almeida, la fiscalía ha puesto el foco sobre dos comisionistas que, presuntamente, habrían estafado al Ayuntamiento de Madrid, percibiendo cinco millones por su labor de intermediación.

Pocos saben, sin embargo, que tres altos cargos del Gobierno de Sánchez están imputados por fraude en la adjudicación en la compra de material sanitario por importe de 310 millones de euros, nada menos. Se trata de Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Están siendo investigados por 56 contratos, de los que varios se concedieron a empresas «dudosas», alguna de las cuales ni entregaron el material adquirido ni devolvieron el importe que se les anticipó.

Otro caso que está pasando de puntillas es el del diputado del PSOE andaluz José Luis Sánchez Teruel por un supuesto desvío de 40 millones de fondos europeos. Según la resolución judicial, la investigación se centra en el posible «incumplimiento de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, las posibles irregularidades en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes».

Y no puedo dejarme en el tintero la imputación de Ada Colau en el caso de las subvenciones a entidades afines, que la querella cifra en 80 millones de euros, aunque no guarde relación con el uso de fondos europeos o la adquisición de material sanitario. Anticorrupción se sumó el pasado mes de enero al procedimiento, en el que a la alcaldesa se le atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

O sea, que tenemos algo más de cinco millones en tramas en las que no está siendo investigado ningún político popular frente a los más de 430 millones de euros presuntamente afectados en casos de corrupción en los que sí que hay imputados miembros del Gobierno, del PSOE o de sus socios. Resulta obvio que existe una evidente descompensación cuantitativa y cualitativa en la entidad de los delitos investigados que no guarda proporcionalidad con su tratamiento mediático, algo que sin duda recuerda a la gestión informativa de la trama de los ERES andaluces frente a la de la Gürtel. Que muchos de los que fueron linchados periodística, social y políticamente por su supuesta implicación en la segunda hayan sido absueltos o sus casos archivados no tiene importancia.

Se ha asentado la idea de que la corrupción es consustancial al PP, por lo que respetar la presunción de inocencia de los miembros de ese partido se considera una formalidad innecesaria, no un derecho humano consustancial a un Estado democrático y de Derecho. En ello está colaborando sin duda la fiscalía, suministrando a la prensa ese alpiste en forma de escándalo del que tanto gustan: se han filtrado mensajes telefónicos, conversaciones de WhatsApp, los textos de las querellas o las declaraciones ante el juez de instrucción. Y aunque nada de lo publicado resulta incriminatorio para Ayuso y Almeida, muchos medios han aprendido que, para la opinión pública, el peso de lo que se publica es mayor de lo que se juzga o de lo que se sentencia.

De lo que se trata es de que Sánchez pueda utilizar la corrupción del PP en sus comparecencias y entrevistas, señalando a dos de los mayores activos electorales de la derecha aun cuando no están siendo investigados, mientras se soslaya la corrupción propia o la de sus socios de gobierno, con imputaciones mediante. Utilizar a la fiscalía para ello es también una forma de corrupción, si cabe más grave que la económica, aunque no exista un tipo penal que castigue el uso partidista de las instituciones. El coste reputacional que el nombramiento de Dolores Delgado y sus ulteriores decisiones está suponiendo para la fiscalía es difícil de cuantificar, pero no duden que nos pasará factura.