The Objective
Publicidad
Ignacio Ruiz-Jarabo

Almeida, Ayuso y los directores generales del PSOE

«Pareciera que Ayuso y Almeida, al alimón, fueran los asesinos de Keneddy»

Opinión
2 comentarios
Almeida, Ayuso y los directores generales del PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Europa Press

Pocas veces ha resultado tan evidente la destreza de nuestra siniestra política y de sus terminales mediáticas en estirar como el chicle cualquier nimiedad que pudiera afectar a la gestión de los líderes de su rival político -el PP-, como está resultando en estos días/semanas con determinados contratos celebrados por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Escuchando las declaraciones de los responsables del PSOE, incluido el propio Sánchez, y leyendo/escuchando/viendo el contenido informativo de las reseñadas terminales, cualquier español puede llegar a pensar que Ayuso y Almeida hubieran reeditado las hazañas de Luis Roldán, reinventado Filesa o Malesa, o reproducido el escándalo de los ERE de Andalucía. Incluso que hubieran cometido también los crímenes de Estado que se cometieron a través de los GAL. No es así. Toda su culpa es que las respectivas instituciones que dirigen celebraron durante el confinamiento diversos contratos para la adquisición del material sanitario que resultaba imprescindible y que el Gobierno de la nación no era capaz de suministrar.

Dada la excepcionalidad del momento, los contratos se tramitaron por el procedimiento legal de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Estado, modalidad que exonera de multitud de trámites en el proceso. Así, mientras que en el procedimiento normal para celebrar un contrato una Administración pública, es obligatorio elaborar el expediente de contratación que incluya el pliego de cláusulas administrativo, el de prescripciones técnicas, la clasificación exigida al contratista, los criterios de solvencia económica y técnica requeridos, o el modo de futura adjudicación del contrato, en el procedimiento de emergencia, y a fin de agilizar la disposición del objeto a contratar, se elude la elaboración del expediente de contratación, siendo suficiente la consignación del crédito presupuestario y la propia ejecución del contrato. En estas condiciones legales, los únicos defaults achacables a la Comunidad madrileña y al Ayuntamiento de Madrid sería que hubieran dispuesto de opciones más baratas de adquisición -no se conoce tal cosa-, o que no habiendo recibido lo contratado, o recibiéndolo en mal estado, no hubieran reaccionado ante el vendedor. Tampoco es el caso.

Lo cierto y verdad es que, de momento, en el curso de las respectivas investigaciones, ni la presidenta de la Comunidad ni el alcalde están imputados/investigados en el proceso. Y tampoco lo está ningún alto cargo dependiente de una o de otro. Por ello, es increíble el espacio informativo destinado diariamente a la cuestión y, muy especialmente, es inaudito el tono con el que es tratado. Insisto, pareciera que Ayuso y Almeida, al alimón, fueran los asesinos de Keneddy.

Frente a lo anterior, sucede casualmente que, como refería este martes THE OBJECTIVE, dos directores generales del Gobierno de Sánchez y un ex director general sí están imputados/investigados por la celebración de diversos contratos adjudicados en la misma etapa de la pandemia. Conviene resaltar que un director general es un alto cargo y que su nombramiento se produce en el Consejo de Ministros, de manera que no se trata de meros funcionarios con funciones administrativas. No, los imputados/investigados son o eran cargos políticos que forman o formaban parte de la estructura política de sus respectivos Ministerios, de manera que su imputación/investigación atañe, ¡y de qué manera!, a quien los nombró -el Gobierno en pleno- y a quien los dirigía -el Ministro de Sanidad y la Ministra de Hacienda-.

Sin embargo, para el Gobierno y para sus corresponsales, lo relatado es como agua. Ni se refieren a ello, parece que no hubiera pasado o como que no dejara mancha. Y ello pese a que, como se señalaba este martes en THE OBJECTIVE, el importe global de los contratos por los que se encuentran imputados/investigados/ los tres altos cargos del Gobierno de Sánchez supera los 300 millones de euros. Se constata que, en eso de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio, el Gobierno y los suyos son campeones. Pero se constata también que los demás somos auténticos amateurs.

Únete a la discusión
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D