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Javier Benegas

España secuestrada

«Feijóo parece haber decidido eludir otro debate, que tal vez él considere vacío, pero que es el debate de todos los debates: cómo devolver España a los españoles»

Opinión
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España secuestrada

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. | Europa Press

Alberto Núñez Feijóo prefirió reunirse con los llamados «agentes sociales», patronal y sindicatos, en vez de asistir a la constitución formal del Gobierno autonómico de Castilla y León, donde su partido, el Partido Popular, gobernará en coalición con Vox. De esta forma, el nuevo líder del PP intenta proyectar la imagen de una alternativa moderada, dialogante y alejada de maximalismos ideológicos. La intención, explican desde el propio PP, es adoptar un perfil mucho más técnico, centrado en proponer soluciones a la grave crisis económica que atraviesa el país, y alejado de la «política líquida» y los «debates vacíos».

Por ahora, que sepamos, las recetas económicas que Feijóo maneja son el IVA superreducido del 4% a la luz y el gas y deflactar algunos tramos del IRPF, ambas medidas aplicadas de manera coyuntural, es decir, temporal. A pesar de que estas propuestas son muy poca cosa, en comparación con las reformas estructurales necesarias, los sindicatos UGT y CCOO ya han dicho que no. Los impuestos no se tocan, da igual el cómo, el por qué y el para qué. De hecho, desde la izquierda, en la que militan estos sindicatos, se pretende justo lo contrario: subir los impuestos y también las cotizaciones a los autónomos.

Llegados a este punto, me pregunto qué quiere decir realmente Feijóo con la expresión «debates vacíos», más allá, claro está, de señalar a la manida «guerra cultural», que es el juguete predilecto de su adversario más directo. Porque o mucho me equivoco o el nuevo líder del PP parece haber decidido eludir otro debate, que tal vez él considere vacío, pero que ciertamente es el debate de todos los debates: cómo devolver España a los españoles. O, dicho de otra forma, cómo devolver la representación política a sus legítimos dueños. 

El ‘nuevo PP’ tiene todo el derecho a marcar distancias con Vox; también a no pelear el voto de centro derecha o de derecha porque considera que en buena medida el primero ya lo tiene y el segundo le supone más costes que beneficios, y prefiera incursionar en el centro izquierda para tratar de romperle la cintura al sanchismo. Según algunas encuestas, esta estrategia habría propiciado que 500.000 electores, que en las pasadas elecciones generales votaron al PSOE, se inclinen ahora a favor del PP. Lo que explicaría en alguna medida el milagroso ‘efecto Feijóo’, que, personalmente, creo que dichas encuestas exageran.

Nada que objetar a todo lo anterior, allá cada cual con su estrategia. Lo preocupante es que Feijóo venda como moderación plegarse a un statu quo que es incompatible con el interés general y, sobre todo, con la función de representación de los partidos, que es la esencia de la democracia representativa, y que, según expresa el artículo 6 de la Constitución española, consiste en la expresión del pluralismo político, la formación y manifestación de la voluntad popular y la participación política. En mi opinión, lo que está haciendo el líder del PP es lanzar un mensaje cuyo destinatario no es Juan español, sino ese statu quo que, durante demasiado tiempo, ha anulado de forma sistemática la posibilidad de una verdadera alternativa política.

Cada vez resulta más evidente que lo que ocurre en España no obedece tanto al sentido del voto de los españoles como a la voluntad de ciertos grupos de presión a los que eufemísticamente llamamos «agentes sociales». Y cabe preguntarse qué legitimidad tienen estos agentes para arbitrar la acción política en perjuicio del interés general, incluso, llegado el caso, pasando por encima de las urnas.

UGT y CCOO puede que se arroguen el título de sindicatos mayoritarios, pero lo cierto es que, en el mejor de los supuestos, apenas representan al 10% de los trabajadores, y eso si damos por válidas sus cifras de afiliados, que son cuestionables. En cuanto a las asociaciones patronales, cabe preguntarse si ciertamente representan los intereses de los empresarios o solo los de unos pocos. Lo que sí sabemos es que tanto estos sindicatos como las dos organizaciones patronales que cohabitan con ellos reciben del Estado generosas subvenciones que son regularmente incrementadas por los sucesivos gobiernos. Y aquí surge la tercera pregunta: ¿qué agente social es aquel que, en vez de depender de las aportaciones voluntarias provenientes de la sociedad civil, se encomienda a la generosidad del gobierno de turno?

Mientras se siga otorgando a estos impostados agentes sociales —en realidad, sindicatos y patronal de lo suyo— la potestad de arbitrar la política, no habrá salida. Así, la capacidad de gestión, a la que Feijóo alude como principal virtud de su partido, consistirá, en todo caso, en gestionar la ruina de manera más o menos aseada. Una gestión que, para colmo, además de estar a merced de dos sindicatos y dos asociaciones patronales con intereses marginales, también estará condicionada por otro ente que ha cobrado vida propia y al que tampoco se atreven a torcer la mano los políticos: la Agencia Tributaria. Esa entidad fuera de control, casi un poder dentro del poder mismo, que trata a los contribuyentes como presuntos delincuentes y chulea a los más altos tribunales con la redacción por cuenta propia de nuevas normas que bordean sus sentencias.

En cierta forma, lo que el nuevo líder del PP propone como alternativa al desastre del gobierno Sánchez es una suerte de democracia orgánica, con la promesa implícita de que España no irá a peor, pero tampoco mejorará mucho. En esencia, un «virgencita que me quede como estaba», que siempre tiene su tirón entre los votantes menos amigos de los cambios o los que aún conservan cierta autonomía económica, pero, sobre todo, entre los señores del dinero y los altos funcionarios del Estado.

En un sentido estricto, el término «democracia orgánica» se refiere al sistema de representación política que fue implantado en España durante la dictadura franquista. Se trataba de un régimen que no admitía el sufragio universal de las democracias liberales y rechazaba tanto el parlamentarismo como la existencia de partidos políticos. En su lugar, establecía otros cauces de participación en la toma de decisiones públicas, que se correspondían con las denominadas «unidades naturales», a saber: la familia, el municipio y el sindicato.

Pues bien, en la actualidad y salvando las distancias, esas unidades naturales son ahora los agentes sociales. No son ciertamente lo mismo que antaño, sino algo distinto, porque la familia y el municipio han pasado a mejor vida. Sin embargo, estos agentes sociales, junto con el poder funcionarial hecho carne en la élite de la Agencia Tributaria, han convertido el parlamento y los partidos políticos en meros edecanes de sus intereses. Feijóo, que es perro viejo, lo sabe y parece haber asumido que la clave para llegar al gobierno no consiste tanto en convencer a unos votantes abocados a elegir entre susto o muerte como en prometer al statu quo que España seguirá secuestrada.

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