Cabalgando contradicciones

De unos días a esta parte venimos discutiendo acerca del alcance, oportunidad y legitimidad de la vigilancia que los servicios de inteligencia españoles habrían llevado a cabo sobre un número indeterminado de miembros del movimiento separatista catalán. Según parece, el espionaje habría sido autorizado judicialmente y concernía sobre todo a los dirigentes en la sombra de Tsunami Democrátic, una difusa organización dedicada al sabotaje que se mostró especialmente activa durante los disturbios que siguieron a la condena por sedición de los políticos independentistas. Hay algunos elementos desconcertantes, como la posibilidad de que el mismísimo presidente de la comunidad autónoma —Pere Aragonés— hubiera sido espiado más o menos al mismo tiempo que se negociaba la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Esta coincidencia temporal, como ha señalado Rafa Latorre, no es ni mucho menos anecdótica: ¿cómo podía la dirigencia socialista negociar la investidura con una fuerza política cuyos líderes estaban en la cárcel por haber tratado de derribar el orden constitucional español y además prometían volver a hacerlo?

Para esa pregunta, en realidad, hay una respuesta muy sencilla: ya lo habían hecho antes. Sabido es que la moción de censura que se llevó por delante a Rajoy fundó una «mayoría de investidura» que desde entonces vincula al PSOE a un conjunto de fuerzas parlamentarias cuyo objetivo es hacer avanzar sus respectivas agendas secesionistas, nacionalistas o populistas. Y, hasta donde sabemos, sin haber recibido por ello castigo de sus votantes ni reproche de los medios afines: ¡ave que vuela, a la cazuela! Es verdad que aquel PSOE, finiquitada la breve legislatura de los 85 diputados tras el escándalo —qué tiempos– del relator y la mesa de diálogo, había prometido mano dura con el separatismo y no coaligarse jamás con Podemos. Pero las cosas no salen siempre como uno espera y la repetición de elecciones dejó a Sánchez sin otra salida que una puerta detrás de la cual estaba Bildu.

El escándalo Pegasus tiene una utilidad imprevista: nos permite comprender por fin el significado de una de las expresiones más ignotas de nuestro vocabulario político. Me refiero a eso de «cabalgar contradicciones»

De manera que el escándalo Pegasus tiene una utilidad imprevista: nos permite comprender por fin el significado de una de las expresiones más ignotas de nuestro vocabulario político. Me refiero a eso de «cabalgar contradicciones», una metáfora a la que recurría con frecuencia Pablo Iglesias y que alguna vez hemos oído también a Yolanda Díaz. Cuando se utiliza, se buscan efectos performativos: hacerse disculpar una acción política que contradice de manera flagrante los principios de los que uno hace gala. Si uno denuncia la reforma laboral de Rajoy pero se acoge a ella para hacer despidos, por ejemplo, estaría cabalgando contradicciones; también si se pregunta en referéndum al pueblo griego si rechaza las condiciones financieras de la troika y luego ignora el resultado llegando de todos modos a un acuerdo con la troika. Pero no es menor la cabalgada de quien se asocia con un partido al que considera necesario espiar.

Tampoco sabemos si esa contradicción es cabalgable. La semana pasada tuvo recorrido en las redes sociales un corte de la intervención de Macarena Olona en la sesión de control al gobierno: la diputada de Vox se preguntaba retóricamente qué problema hay con el espionaje a unas fuerzas políticas que se levantaron contra la democracia española. Pero es que también Inés Arrimadas y la ministra Margarita Robles se han expresado en los mismos términos, poniendo en evidencia la poca razón que asiste a unos separatistas que explotan el caso con el victimismo habitual. Está por ver si los votantes terminarán por rellenar la línea de puntos: si ERC y Bildu son protagonistas destacados en la democracia española es porque así lo ha querido el presidente del gobierno. El resto es ruido.