Cuentas y cuentos públicos
«El Plan de Estabilidad intenta cuadrar las cuentas públicas llenándose de ilusión tributaria»
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. | Europa Press
Ahora que finalmente los bancos centrales parecen decididos a controlar la inflación es el momento de hablar de las cuentas públicas. Hemos tenido que esperar a que los precios suban más que en los últimos 20 años, pero ya se han acabado las discusiones académicas sobre el presunto carácter transitorio del brote inflacionista. Si en España aún quedaban creyentes en la benéfica autocorrección de las presiones de precios, las promesas sindicales ante su escasa parroquia en las manifestaciones del 1º de mayo les habrán hecho despertar de su ilusión. Se ha abierto la carrera para recuperar las cláusulas de revisión ligadas al IPC y la indiciación de salarios y rentas y así hacer endémica la inflación y la pérdida de competitividad. Cuentan para ello los sindicatos con la poderosa complicidad del Gobierno, que se ha apresurado a indexar todo aquello sobre lo que tiene control directo, menos los tramos del impuesto sobre la renta. La negociación de los convenios se anuncia excitante.
Los mercados financieros están reaccionando con unánime dureza y el bono americano a diez años ya cotiza al 3%, el español por encima del 2% y subiendo con la prima de riesgo. Los tipos de intervención subirán este verano, ya han subido en muchos países, y se proyectan al menos tres subidas este año en Estados Unidos y también en Europa, aunque éstas últimas de menor cuantía. Reaparece la preocupación sobre la fragmentación financiera europea y los analistas vuelven a estudiar las OMTs, ese mecanismo que inventó Draghi cuando presidía el BCE para ayudar a los países que se ayudaran a sí mismos. Para poder comprar deuda soberana de Italia y España y asegurar su financiación sin meter al banco central europeo en problemas constitucionales y subordinarlo a los intereses fiscales de los distintos gobiernos. Se busca creatividad político-financiera, algunos hasta imaginan a los gobiernos emitiendo COCOs como los bancos. Pero no hay muchas alternativas reales al ajuste fiscal propio.
El Gobierno ha aprobado finalmente la revisión del cuadro macro para presentar en Bruselas el Plan de Estabilidad. Parece volver a la realidad y rebaja sustancialmente la previsión de crecimiento para unirse al consenso internacional. Pero mantiene el optimismo fiscal y su búsqueda permanente de un culpable externo, primero el PP, luego la pandemia y ahora Putin. No lo tiene fácil, su credibilidad está por los suelos. También en economía, donde los mismos vicios que están agotando la legislatura, un pacto de investidura incompatible con la resolución de los problemas reales, le impiden dar una adecuada respuesta al drástico cambio de ciclo. Confía el gobierno, como en los años de su referente el presidente Zapatero, en que la exuberancia de la recaudación fiscal, esta sí transitoria, le evite un duro ajuste fiscal que intenta posponer hasta terminado el ciclo electoral, lo que por cierto le llevará inevitablemente a acortarlo. Esa es toda su estrategia, que la benevolencia de la Comisión y del BCE, que la expansión fiscal y monetaria, duren un año y medio más. Hasta repetir. Peligrosa ilusión.
La Comisión Europea acaba de recordarnos que el déficit estructural de las cuentas públicas españolas se mantendrá en el 4% del PIB durante los próximos n años. Un dato importante que desmonta la teoría del culpable externo. El déficit estructural es de cosecha propia, porque descuenta precisamente el efecto del ciclo económico, de los vientos externos. Elimina del cálculo el gasto social y sanitario extra con la pandemia o los ingresos tributarios extraordinarios por la inflación. Y aquí está el truco del Plan presentado a Bruselas. El Gobierno prevé recaudar 80.000 millones de euros más en tres años sin tomar ninguna medida, sin subir impuestos. Porque toma los extraordinarios ingresos fiscales de 2021 como base recurrente de cálculo. Ingresos producto de una inflación desbordada y de un consumo privado creciendo al 8% tras el obligado confinamiento. Según el Observatorio Fiscal del BBVA, la reducción del déficit público en 2021 se debió en 2,6 puntos al ciclo económico con una mejora marginal en el saldo estructural, básicamente porque los dos factores citados elevaron silenciosamente la recaudación fiscal por encima del 50% del PIB, una cifra inédita en España.
En la crisis de 2010, el Gobierno Zapatero cayó en el mismo error. Quiso creer y hacernos creer que la extraordinaria recaudación fiscal del boom inmobiliario era permanente y se embarcó en una política suicida, pero electoralmente rentable, de derechos para todos que arruinó el país y provocó su intervención. El Gobierno Sánchez lo quiere volver a hacer con los ingresos extraordinarios de la inflación y la salida del covid. Se trata de un nuevo intento desesperado de ganar tiempo. Le podía haber salido bien si no fuera porque la invasión de Ucrania ha precipitado los tiempos y convertido en inaplazable el ajuste fiscal. Rusia ha cambiado las prioridades europeas y subrayado las obligaciones estatutarias del BCE. El shock asimétrico ya no está en las economías más expuestas al Covid como España, sino en las que más dependen del gas y el petróleo ruso. A ellos irá dirigida la solidaridad europea. Como debe ser en un contexto de estancamiento generalizado y dificultades crecientes de financiación.
El Plan de Estabilidad intenta cuadrar las cuentas públicas llenándose de ilusión tributaria. Sus autores tienen que ser conscientes de que mantener esos niveles de ingresos públicos solo sería posible con fuertes subidas de impuestos que erosionarían el crecimiento y su base electoral. Y que los objetivos de déficit exigirán recortes sustanciales de gasto público que pongan fin a su modelo de fidelizar electoralmente a grupos sociales con cargo al presupuesto. Déjenme que les ponga un ejemplo algo más que anecdótico, el Gobierno eliminó irresponsablemente los peajes en las autopistas catalanes y valencianas para recuperar a un electorado en fuga, y prometió un difuso peaje sombra en las autovías nacionales. Lo primero es un hecho y ha aumentado el agujero fiscal estructural. Lo segundo ha desaparecido del programa de gobierno.
La irresponsable política fiscal, un calendario electoral absurdo y eterno en el tiempo, y el endurecimiento gradual pero sostenido de la política monetaria amenazan con provocar la repetición de dramáticos episodios pasados. No es inevitable. Todavía hay tiempo para hacerlo bien. El Plan de Estabilidad es una nueva oportunidad perdida. Como lo fue el Informe de los expertos para la reforma fiscal y la primera ronda de la reforma de las pensiones, la que aumentaba el gasto. La segunda permanece escondida. La condición necesaria es que dejemos de hacernos trampas nosotros mismos, que dejemos de creer en milagros y coloquemos el ajuste fiscal en el centro de la política económica, de la política española. La reducción del gasto público es posible y deseable. Gracias a la AIReF y a muchos buenos economistas españoles tenemos algunas pistas sobre cómo hacerla bien. No puede haber vacas sagradas: el estado de la Autonomías y el estado del Bienestar no son inmutables, son claramente mejorables desde la eficiencia y la equidad. La subida de algunos impuestos y la redistribución de la carga tributaria son también necesarias. Parece un reto excesivo para este Gobierno, este presidente y esta mayoría. Permítanme que les deje con una duda personal, ¿son los tres todavía separables
