El castellano no es un cromo político

Tienen 15 días. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado ese plazo a la Generalitat para informar a los centros de la obligación de impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en español. Actualmente, solo se da en castellano la clase de castellano. Pasarían a ser dos y la segunda ha de ser troncal. No vale escoger gimnasia o dibujo. Preocupados porque los niños hablan español en el patio, el nacionalismo quiere imponer su modelo de escuela monolingüe. Desobedecerán. Ahora, toca hablar de espías (solo los de Madrid, claro) y de dimisiones. Les conviene tensar la legislatura, aunque sin romperla (para conseguir más prebendas).

«Aberrante», así calificó el conseller de Educación, Josep González-Cambray (Junts per Cat), la sentencia del TSJC. Cambray es un ultranacionalista de manual. Su objetivo es poner en marcha un nuevo decreto para rediseñar la Ley de Educación (LEC) y blindar la inmersión. Ya ha anunciado que en los próximos años «habrá mucho más catalán en las escuelas». No querían sopa, pues dos platos.

ERC, PSC, En Comú Podem y JxCat llegaron recientemente a un rocambolesco pacto para flexibilizar la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1983 y renovada en 1998. Pero Junts, ante las críticas de la CUP y de otros grupos y asociaciones nacionalistas, tardó pocas horas en descolgarse del acuerdo. Los partidos de izquierda intentaban ofrecer una alternativa a los tribunales para no ejecutar la sentencia del 25%. El pacto, muerto antes de ser discutido, se proponía flexibilizar la Ley, dejar más libertad a los centros educativos y considerar el entorno sociolingüístico de los alumnos. Una propuesta voluntarista pues los centros seguirían dependiendo de la consejería de un Govern independentista.

La obligada ejecución de la sentencia marca un antes y un después. Hasta hace bien poco, las resoluciones de los tribunales sobre las leyes lingüísticas catalanas y su posible inconstitucionalidad se guardaban en un cajón. La inmersión absoluta se daba por sentada. A los que protestaban y presentaban demandas se les calificaba de «casos aislados», de «personas que no quieren integrarse».

La demanda colectiva presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), con el respaldo de 1.600 familias catalanas, ha acabado con décadas de hacer oídos sordos, de incumplir sentencias. «Es catalán», decía Jordi Pujol, «todo aquel que vive y trabaja en Cataluña». Pues ahí están esos catalanes que han presentado y ganado una demanda colectiva para que se aplique el bilingüismo real en las aulas. El Gobierno español no ha pedido la ejecución forzosa, pero la AEB, un tercero «con interés legítimo en la materia», sí. Y ha acabado con 40 años de constante ninguneo de quienes no comulgan con la lengua única y de ese 53% de catalanes que tiene el castellano como lengua materna.

En los ochenta, la izquierda creyó que la inmersión ayudaría a los inmigrantes a adaptarse y prosperar, pero esa buena intención para reducir las diferencias sociales ha derivado en imposición lingüística. Las desigualdades socioeconómicas siguen existiendo. Y, debido a sus limitados recursos, son los nuevos inmigrantes latinoamericanos y los trabajadores de los barrios más humildes quienes se ven obligados a llevar a sus hijos a escuelas públicas monolingües.

La burguesía catalana se puede permitir pagar colegios concertados o privados con varias lenguas vehiculares. Un buen ejemplo de las diferentes realidades educativas es la Escuela Europea Aula, donde estudió Artur Mas y también varios nietos de Jordi Pujol. En ella, según su programa pedagógico, dan a los alumnos «las suficientes habilidades para poder expresarse libremente en cualquiera de las cuatro lenguas vehiculares de la escuela: catalán, castellano, inglés y francés». Como diríamos en catalán, «pagant, Sant Pere canta».

En los últimos doce meses, ocho planes lingüísticos de diferentes centros académicos han sido anulados por el TSJC por no respetar la obligación de enseñar en una de las lenguas oficiales; el último del Instituto Ramón Barbat de Vilaseca (Tarragona), que contemplaba la enseñanza en catalán, en inglés y en alemán… pero no en español.

El victimismo lingüístico da votos al nacionalismo. Los voceros del «solo en catalán» se empeñan en convencernos de que, hace un siglo, nadie en Cataluña hablaba castellano, que la llegada de los inmigrantes andaluces y murcianos del franquismo acabó con la lengua local. Pura ignorancia intencionada. La introducción del castellano en la Corona de Aragón, Cataluña incluida, comenzó en el siglo XV. Se convirtió entonces en la lengua de alfabetización de todos sus territorios.

Esos ultras que denuncian a las camareras que no les entienden cuando piden un «tallat» (un cortado) están haciendo antipático al catalán. Y, como consecuencia de la imposición y del hartazgo, aumenta la abstención y el voto a Vox. La lógica nos lleva a pensar que sería mejor intentar ayudar al catalán de otra forma, consensuando nuevas leyes que tuvieran en cuenta la realidad de un territorio que es plurilingüe.

La tentación de incumplir la sentencia, de cometer un delito, está ya en las cabezas de quienes gobiernan Cataluña. JxCat, sumergido en múltiples luchas internas, no cuenta para la gobernabilidad de España y está decidido a seguir imponiendo la lengua de sus votantes. ERC, que siempre ha sido un socio desleal para el socialismo, ha endurecido su postura ante el Gobierno español. Votó contra el Decreto Anticrisis de Sánchez y exige más dimisiones en el Ministerio de Defensa. Olvidan ambos partidos que el independentismo, a través de los Mossos, espió (sin mandato judicial) a miles de profesionales y políticos, además de crean innumerables listas negras.

Ante la tensión legislativa y los posibles pactos, es bueno recordar que no cabe incluir a las lenguas en componendas políticas. Y que, en democracia, las sentencias judiciales hay que cumplirlas. El idioma castellano no es un cromo político.