Bienvenido a casa, Señor

La seguridad jurídica, la certeza de unas reglas de juego conocidas, es uno de los activos más importantes de los que dispone un país para asegurar su desarrollo económico. Sin ella, ese país se convierte en un paria en el escenario económico internacional. Las inversiones desde el exterior desaparecen y las ya existentes se congelan, con lo que dicho país se deslizará inexorablemente por la pendiente del descrédito hacia la penuria económica. Y esa seguridad jurídica representada por unas instituciones sólidas, respetadas unánimemente, valor seguro para cuantas empresas se planteaban invertir en España, está desapareciendo en nuestro país a los ojos de analistas cuya opinión pesa en los consejos de administración de los inversores, nacionales e internacionales.

Al observar el efecto que supone el derrumbe de la reputación de las instituciones del Estado para la seguridad jurídica de España, se aprecia, sin sombra alguna de duda, cuál es la mano que mece la cuna. Todas ellas han sido fagocitadas por un gobierno personalista dispuesto a todo siempre que ello convenga a su permanencia, a cualquier precio, en los sitiales del Poder.

Así hemos asistido al desprestigio del CIS, convertido en herramienta hazmerreir, o la Fiscalía General del Estado, que ya lo dijo él con sonrisa autosuficiente en diáfana entrevista televisada: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…».

O la Abogacía del Estado, siempre a su servicio, como quedó acreditado en el procés y, por supuesto, el Tribunal Supremo, contaminado en su imagen por los indultos a los independentistas condenados.

También el mismísimo Congreso de los Diputados, donde con la imprescindible ayuda de su presidenta se ha permitido el acceso a los enemigos de España en la comisión de secretos oficiales.

Y si todo ello no fuera suficiente, en el episodio más reciente de esta continuidad de sinsentidos, se ha dejado al Centro Nacional de Inteligencia a los pies de los caballos por hacer aquello que, por ley, tiene encomendado hacer. 

Pero todo ello, con ser dramático y afectar al desarrollo de nuestra economía, a la moral del ciudadano, a la Nación en su conjunto… es caza menor. La pieza a batir, la que realmente se persigue sin descanso, es la Corona. 

Porque la Corona es el último bastión defensivo de la estructura constitucional, la última esperanza, la única institución no controlada por el Gobierno. El símbolo de la unidad de la Patria, la institución que, sin distinción alguna, a todos los españoles representa, y de la que (véanse las encuestas al respecto) los españoles mantenemos una alta estima y un inexistente grado de preocupación.

Así, por un lado, el Gobierno favorece la ‘opacificación’ de la labor de S.M. Felipe VI, la limitación de su exposición pública, la disminución de su actividad, para tratar de convencer a la opinión pública, cuando llegue el momento, de su innecesariedad, de su carácter redundante, de su reemplazabilidad.

Simultáneamente, un permanente y demagógico debate sobre su coste, como si de ello dependiera la salvación económica de nuestras cuentas públicas, cuando las cifras pertinentes son absolutamente ridículas, sobre todo si se comparan con la dotación presupuestaria de cualquiera de los innecesarios ministerios inventados para contentar a los apoyos parlamentarios imprescindibles.

Y siempre, siempre, el ataque al Rey padre, a don Juan Carlos, el responsable junto a millones españoles del milagro de la Transición hacia la democracia. Ataque que se produce y mantiene porque la monarquía no tiene sentido sin la continuidad dinástica que le confiere estabilidad y sentido histórico. Y esa continuidad se pretende romper en la persona de quien ya es parte de nuestra historia y lo será para siempre.

A muchísimos españoles nos agradaría ver gestos de cariño de S. M. el Rey para con su padre en el ámbito personal, compatibles con respeto en lo institucional y, como ya ha ocurrido, con rígido sometimiento a la norma en el plano legal y judicial. El grueso del pueblo español respiraría aliviado comprobando que la solidez de la Institución, imprescindible para hacer frente a los ataques que sufre y sufrirá la Corona, es compatible con una relación paterno-filial normalizada, contraria a la imagen que algunos medios presentan en estos momentos en los que la vuelta de don Juan Carlos a España, su casa, parece inminente.

España siempre ha sido generosa en el perdón. ¿Cómo es posible que esa magnanimidad se extienda a la chulería de los sediciosos del Ho tornarem a fer, pero esté vetada para un hombre de 84 años, alejado de su hogar y de su familia, que ha contribuido de manera esencial a la prosperidad y prestigio de la España que hoy disfrutamos todos los españoles? 

En ese plan de sometimiento de las instituciones al poder ejecutivo, y en la personalidad de quienes lo ostentan, no cabe la generosidad, no cabe el perdón, no cabe la hombría de bien. Sólo una masiva y contundente reacción de los españoles en las urnas podrá revertir este proceso de deterioro y degradación de nuestra democracia devolviéndonos la esperanza de poder impedir la declinante seguridad jurídica en España. 

Pero mientras tanto, es un consuelo y una alegría poder exclamar, por fin y tras casi dos años, ¡bienvenido a casa, Señor!