Diez años del rescate

El 9 de junio de 2012 España pidió una línea de crédito a la Unión Europea (UE) de 100.000 millones de euros. Finalmente, el montante utilizado fue de unos 48.000 millones de euros, con el objetivo de abordar la insolvencia de entidades bancarias -en esencia cajas de ahorros dirigidas por políticos ineptos- con serios problemas de liquidez. Desde hacía un año aproximadamente, la confianza había abandonado al sector financiero español y los ahorradores habían ido sacando de sus cuentas miles de millones de euros. Hoy, el Estado ha devuelto al Mecanismo de Estabilidad (MEDE) 17.612 millones de euros, teniendo que hacerse frente al resto del préstamo solicitado y sus intereses de aquí al 2025. 

El gobierno del PP no quiso usar la palabra «rescate» para definir la inevitable intervención comunitaria. La «ayuda sin condiciones» vino acompañada de un memorándum de entendimiento donde las instituciones de la UE -y creo que el propio FMI- exigían a España una serie de reformas estructurales que afectaban a la administración, el mercado laboral, las pensiones o la fiscalidad. La receta frente a la crisis de escasez financiera fue la austeridad: era necesario que las cuentas cuadraran y que se pusiera freno al endeudamiento para aplacar a la prima de riesgo, lo que implicó no solo el desarrollo de la reforma del art. 135 CE realizada un año antes, sino la incorporación de una exigente legislación comunitaria que de facto suponía el control externo del presupuesto. 

Esta política procíclica estaba, según los manuales jurídicos a nuestra disposición, en la «Constitución económica» de los Tratados de la UE. Constitución neoliberal -yo mismo he escrito estas patochadas- que impediría, a priori, la aparición de un Leviatán supranacional que hiciera frente con deuda y gasto propios a una crisis que a partes iguales dañaba a las sociedades donde se cernía y deslegitimaba a las instituciones nacionales y comunitarias que aplicaban la medicina prescrita. A partir de la mitad de la década de 2010 ocurría lo impensable solo unos años antes: aparecen partidos antisistema a izquierda y derecha que propugnan, entre otras cosas, la salida o disolución de la propia UE. 

Compárese este enfoque con el adoptado con la llegada de la pandemia, que supuso un parón brutal del sistema productivo. Con las mismas reglas constitucionales, la política económica ha sido diametralmente opuesta: el Banco Central ha seguido con el gas de la risa monetario y la UE se ha endeudado como cualquier Estado soberano, poniendo en marcha gigantescos programas financieros mediante fondos de recuperación e incluso permitiendo la intervención de precios. Bodino regresa por la puerta grande. El nuevo paradigma demuestra -por si había dudas- la neutralidad de la Constitución económica, a disposición del pluralismo político y un cambio de circunstancias climático y comercial que anuncian una nueva relación entre mercado y política. 

Es de suponer que Rajoy y los miembros de aquel gobierno que tuvieron que abordar las trágicas consecuencias del desastre inmobiliario e hipotecario, habrían preferido que Mercozy, aquella alianza ideológica que decidió en noviembre de 2010 que cada país apechugaría con sus bancos y sus problemas de deuda, hubiera propuesto un rumbo distinto. La gasolina -hoy por las nubes- para el populismo y el independentismo catalán estaba servida.

Por el contrario, Sánchez y la coalición del PSOE y Unidas Podemos han visto cómo todas sus propuestas sociales e interventoras en la economía eran selladas y avaladas por la Comisión más politizada de la historia. Nada que objetar. Ahora bien, ello no despeja algunas dudas de cierta enjundia: el diferente trato recibido por gobiernos con problemas similares y la posibilidad de que la UE vuelva a equivocarse con políticas que parecen destinadas a agravar desequilibrios -como la inflación- cuyo combate estaba escrito en el frontispicio de los Tratados comunitarios. De momento, el BCE sube tipos, veremos qué sucede.