Callejones sin salida

Una de las preguntas que se formulan reiteradamente las ciencias humanas es si las sociedades aprenden: si saben aprovechar sus experiencias para hacer frente de manera exitosa a los problemas que se les van presentando. Tenemos claro que deben hacerlo, porque lo contrario sería absurdo; que lo hagan en la práctica, sin embargo, está menos claro. Con demasiada frecuencia, las democracias priman el corto plazo: solo se fijan en lo que tienen delante. Se parecen, en eso, a los individuos. Pero, al igual que sucede con estos últimos, hay diferencias: unas son más previsoras que otras. O sea: no todas se empeñan con el mismo ahínco en tropezar dos veces con la misma piedra.

Naturalmente, se dan éxitos ocasionales. Si los gobiernos occidentales hicieron lo necesario para que no colapsaran los bancos durante la crisis financiera, pese a las quejas suscitadas por los indignados de todas las confesiones, fue porque existía la debida conciencia histórica acerca de las catastróficas consecuencias que tuvo dejarlos caer cuando la Gran Depresión de los años 30. También el anuncio del Banco Central Europeo de que irá subiendo los tipos de interés para frenar el actual proceso inflacionario debe entenderse a la luz de la historia: sabemos desde los años 70-80 que el encarecimiento táctico del precio del dinero no debe retrasarse, a pesar de sus efectos potencialmente negativos sobre el crecimiento; de otro modo se termina por pagar un precio más alto. Va de suyo que los bancos centrales no rinden cuentas ante el electorado; por arduos que sean los dilemas a los que se enfrentan, gozan de una libertad que los gobiernos rara vez se conceden a sí mismos. Por eso operan con una relativa autonomía: para escapar de la lógica electoral que condiciona el desempeño de los integrantes del poder ejecutivo.

Y es que el deseo de los gobernantes de perpetuarse en el poder es tan voraz, que preferirán engañar a los votantes si eso es lo que conviene a su propósito. Ni que decir tiene que la tentación de recurrir a la mentira —o a la media verdad— nunca es tan fuerte como cuando se deteriora la economía de una nación: el descontento popular aterroriza a cualquier gobierno. Ya lo vemos en España, que parece dispuesta a repetir los errores cometidos hace poco más de una década: de nuevo estamos ante un gobierno que se niega a reconocer públicamente el empeoramiento de los indicadores económicos, divulgando en su lugar un relato fantasioso acerca del futuro próximo y resistiéndose a aceptar la necesidad de poner orden en las cuentas públicas. Y ello hasta el punto de haber subvencionado el consumo de combustible para todos los usuarios sin distinción de renta o de seguir asegurando que se subirán las pensiones conforme a la elevada inflación prevista para este año. Es verdad que los vigías de Bruselas no se han quejado demasiado todavía; quizá sea la prima de riesgo la que se pronuncie en primer lugar.

En coyunturas como la actual se deja ver el elemento atávico de la toma democrática de decisiones: la voluntad de poder de un solo hombre puede dificultar que una comunidad política al completo se enfrente de manera eficaz a sus desajustes económicos. Y es que la fuente de legitimidad de un gobierno representativo —el consentimiento popular— se convierte asimismo en el origen de sus males cuando el gobierno —y con él un número suficiente de votantes— prefiere mirar para otro lado cuando vienen mal dadas. Este cortocircuito es humanamente comprensible: nadie quiere dar malas noticias y nadie quiere recibirlas. A la realidad, sin embargo, eso le es indiferente.