¿Quién va a pagar este desastre?

El regreso del fantasma de la inflación conlleva a su vez la reaparición del miedo y de la ira. En realidad no se fueron nunca, más allá de los tiempos festivos de la burbuja. El populismo tiene que ver con ese miedo y con el malestar que provoca lo desconocido cuando el horizonte se ensombrece y el futuro se agosta igual que el campo tras la sequía. Sin embargo, en la inflación hay vitalidad: un fuego incandescente que ilumina el territorio de las pesadillas. Conjuga con la riqueza y con la pobreza, con ambas a la vez y no sólo con una u otra. Por su urgencia acuciante, la inflación propicia una gramática del enojo que se traduce en protestas callejeras. Cuando el valor del dinero se esfuma, todas las seguridades desaparecen. Esa fue la lección de Weimar, que conduciría al trauma de la Gran Depresión. Y, si bien la inflación no es un fenómeno político, sus consecuencias sí lo son. Y, por desgracia, muy tangibles.

¿Habrá un aterrizaje suave de la economía? No lo parece. Lawrence Summers, que fue secretario del Tesoro con Bill Clinton y presidente de Harvard, lo duda; como también lo desmienten los registros históricos que se conservan de periodos altamente inflacionarios como el actual. Para pinchar la burbuja, en los años setenta del pasado siglo, el mítico gobernador de la FED Paul Volcker tuvo que subir los tipos de interés a niveles tan estratosféricos que, de repetirse hoy, causarían un diluvio universal. No lo veremos, como tampoco veremos los tipos negativos que, en estos últimos años, han conseguido mantener latiendo el corazón de la economía mundial. El viejo chiste del semanario The New Yorker –«¡póngame otra burbuja!»– parece haber perdido su vigencia, aunque nadie tiene muy claro cómo podremos pagar las consumiciones. Porque, en efecto, la gran burbuja de esta última década ha beneficiado a unos pocos –y agravado la fractura social–, mientras los Estados podían seguir con unas políticas de gasto irresponsables. Esto último aún no ha terminado, diga lo que diga hoy la Unión y lo quieran o no los políticos. Pero se acabará porque la realidad es una fuerza poderosísima y porque la deuda rige nuestras vidas –¡una deuda que ya no saldrá gratis!–.

Por supuesto, los trabajadores saben qué supone ese nuevo escenario. Como saben –o intuyen– que la inflación destruye ahorros y salarios, y que el empobrecimiento es su consecuencia casi inmediata. Y puesto que lo saben, o lo intuyen, la rueda de protestas sindicales no ha hecho más que empezar. Hay huelgas en el sector aéreo, en el transporte por carretera, en la limpieza. Hay –o habrá– huelgas en muchísimos otros sectores a medida que los precios y la subida de tipos vayan minando los márgenes salariales y el ahorro familiar disminuya. Tras el verano, a la vuelta de las vacaciones, llegará el momento decisivo: nadie podrá ocultarse tras la máscara de una falsa normalidad. El Banco de España pide un pacto de rentas para evitar daños mayores. ¿Lo aceptarán los pensionistas? El Gobierno ya se ha apresurado a decir que no se preocupen, que ellos quedan al margen. ¿Lo aceptarán los funcionarios? Seguramente no les quedará más remedio, pero esta semana pasada ya han empezado a enseñar los dientes: no van a consentir un incremento salarial del 2% cuando la inflación ronda el 10%. Ni cederán, porque firmar esa subida sería sellar un recorte histórico de su poder adquisitivo. ¿Qué harán los demás trabajadores? ¿Y las grandes empresas? ¿Querrán o podrán absorber el golpe de la inflación sin trasladarlo al precio final de sus productos en un contexto en el que, además, va a empezar a escasear la financiación? Hay razones para el pesimismo. Y motivos para actuar. El Gobierno ha aprobado su plan anticrisis, con algunas medidas cosméticas y otras reales. Me temo que no será el último.