Tragar y traicionar la memoria

En la noche del 26 de noviembre de 1977 ETA asesinó en Pamplona al comandante de la Policía Armada Joaquín Imaz Martínez. Tal fue el ostracismo social que sufrieron tras el asesinato su viuda y su hija Carmen, que entonces contaba 7 años, que acabaron por marcharse de Pamplona para vivir en Madrid. 

Desde el 21 de octubre de aquel año 1977 estaban siendo excarcelados todos los «presos vascos» en aplicación de la conocida como «ley de amnistía», esto es, la Ley 46/1977 de 15 de octubre en cuyo artículo primero se disponía: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de 1976». Además, en el apartado b) se incluían los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977 «… cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España». Reparen por favor en la sutileza de un lenguaje que solo con tenue disimulo designaba a los asesinos etarras, beneficiarios máximos del inciso b). 

No ha de extrañar que el gobierno de UCD preguntara directamente a la banda terrorista ETA si condenaba o rechazaba el crimen de Joaquín Imaz. La respuesta de ETA figura transcrita en 1977. El año de la amnistía 40 años después (publicado por la Fundación abertzale Iratzar en 2017) y epitomiza la hipocresía, inhumanidad y cinismo criminal a la que la sociedad española tuvo que acostumbrarse durante las décadas siguientes, cuando España ya gozaba de un régimen democrático de libertades pero ETA no cejaba en su actividad asesina.

Vale la pena leer la cita en su integridad: «Las fuerzas del KAS no desean la violencia, pero desde una perspectiva política realista, saben a ciencia cierta que eso no depende de sus deseos y tampoco del posicionamiento que adopten ante la prensa y los medios de difusión en general, sino que son las condiciones políticas y sociales en las que se desenvuelve Euskadi las que crean el clima propicio para que ésta se genere. KAS no desea que hombres venidos en una inmensa mayoría de las clases más humildes, mueran en Euskadi defendiendo unos intereses que no son los suyos por unos salarios que no justifican el riesgo, ni que otros, enfrente, caigan como lo vienen haciendo desde años atrás. Y este deseo, claro está, en modo alguno debe suponer ocultar las razones de fondo donde están latentes los gérmenes de la violencia». 

El día 9 de diciembre de 1977 abandonó la cárcel el último de los presos de ETA y tan sólo una semana después la organización terrorista asesinaba al concejal de Irún Julio Martínez. El resto es historia bien conocida. O quizá no tanto y la memoria flaquea; o se traiciona. 

El 14 de diciembre de 2021 el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Memoria Democrática (en adelante LMD) presentado por el Gobierno a finales de agosto del año pasado. La número 9 firmada por el grupo parlamentario EH Bildu, el heredero político de ETA, reza: «Quedan derogados los apartados e) y f) del artículo segundo de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, así como los demás preceptos incompatibles con las finalidades de la presente Ley». ¿Qué dicen esos apartados? Lo siguiente: «En todo caso están comprendidos en la amnistía… e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley. f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas».

El cuadro de El abrazo de Genovés, ante el que esta semana se lució nuestro Presidente junto al resto de representantes de la OTAN, es la más vívida representación de ese gran acuerdo que supuso la condición de posibilidad del arranque de nuestra democracia y el paso de una página atroz en nuestra historia reciente. En aquel memorable debate parlamentario sobre la ley de amnistía en octubre del 77 que concluyó con su aprobación por el 90% de los diputados, el líder nacionalista Xabier Arzalluz lo expresó del siguiente modo:  «… si nosotros somos representantes y cauce de esta sociedad, hemos de ser también el ejemplo de la misma con nuestro mutuo olvido… la ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor». 

En estos días hemos conocido que el PSOE ha llegado a un acuerdo con el grupo parlamentario EH Bildu para introducir algunas modificaciones al proyecto de LMD. Por lo que parece esa suerte de «abrazo» no incluye la derogación de los preceptos de la ley de amnistía antes mencionados, aunque sí que la futura LMD de algún modo «declare» que la Ley de Amnistía torticeramente impidió que se persiguieran delitos «imprescriptibles» como los de genocidio o de lesa Humanidad, para lo cual, en recta vulneración de cimientos básicos del Estado de Derecho, o bien se tendría que aplicar retroactivamente el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en España entró en vigor en 1977 o bien se tendría que sostener que en España estaban vigentes las normas y costumbres del Derecho Internacional de los Derechos Humanos durante todo el franquismo.

«Muchos hemos asistido asombrados a la elasticidad de las tragaderas con las que el PSOE ha tenido que desenvolverse en su geometría variable de pactos»

Pero no más allá: en un Auto de 16 de noviembre de 1998 el entonces juez Garzón inadmitió la querella presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de Paracuellos contra Santiago Carrillo por la presunta comisión de un delito de genocidio. Le bastó un párrafo en el que sencillamente aplicaba las reglas y principios – irretroactividad de la ley penal- que se hurta a los «hotros». El típico enjuague del juez prevaricador que fue. 

Uno de los que sí ha sido objeto de acuerdo entre el PSOE y Bildu es la extensión hasta 1982 o 1983 del límite temporal para considerar que alguien pudo ser víctima de la represión de la dictadura, cuya reparación o reconocimiento sería debido. Bildu sostiene en la exposición de motivos de su enmienda (132) que: «La conquista y consolidación de la democracia en España es un objetivo inacabado… la Constitución de 1978 no consuma la aspiración de democracia». El diputado Íñigo Errejón, por su parte, considera que la violencia política protagonizada por las fuerzas del orden y los grupos de extrema derecha ligados a grupos policiales abarcó hasta 1982. Recuerden que el último crimen atribuido al terrorismo de Estado tuvo lugar en 1987. De resultas de todo lo anterior no será descartable que el Estado se vea en la tesitura de rendir tributo a, por ejemplo, Joaquín Pérez de Viñaspre y Ceferino Sarasola Arregui, los asesinos del comandante Imaz que murieron en enero del 78 en un enfrentamiento con la policía.  

Nada de esto ha de sorprender a nadie: son los planteamientos que ETA y su entorno han defendido desde el inicio de la Transición. Una consideración según la cual la dictadura y la opresión pervivían más allá de lo que la voluntad del pueblo español hubiera plasmado a través de sus representantes legítimos era el salvoconducto retórico que les permitía justificar el asesinato, el secuestro, el chantaje, el éxodo de miles de ciudadanos vascos. 

En 1981, y con más de doscientos muertos ya puestos sobre la mesa desde la concesión de la amnistía, el boletín Gora!, el panfleto propagandístico de las Gestoras Pro-Amnistía, uno de los varios tentáculos que la banda terrorista ETA extendía en la sociedad civil, publicaba un suelto con el título «1977: algo más que un recuerdo (13 de febrero de 1981)» en el que se recordaba cómo a principios de 1977 habiendo más de 180 presos políticos los «jerarcas de la reforma» (entre ellos Landelino Lavilla al que se referían como «ministro de injusticias») insistían en que las posibilidades de ampliar la amnistía se habían agotado. «Pero los acontecimientos iban a hacerles tragar sus palabras –se decía en el boletín-. Ya pueden tomar nota quienes se escudan en que la Constitución prohíbe expresamente la concesión de nuevas amnistías».

La sociedad española, a costa de un sufrimiento indecible, no se doblegó al chantaje. Una semana antes de escribirse esa bravuconada había aparecido asesinado el ingeniero José María Ryan tras haber sido secuestrado a manos de ETA. Es uno de los 379 crímenes de la banda criminal aún no esclarecidos. Policías, guardias civiles, militares, funcionarios, trabajadores de toda condición, paseantes, taxistas, y, por supuesto, políticos en ejercicio o destacados por su militancia. 11 del PSOE: Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua e Isaias Carrasco.  

Lo que sí es terriblemente novedoso es que el PSOE se abrazara a la diputada de Bildu Mertxe Aizpurúa, sí, la editora de un periódico (Gara) que, con motivo de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de secuestro titulara «Ortega Lara vuelve a la cárcel», que el PSOE suscribiera, digo, este pacto y con ello asumiera su «relato de demolición» del régimen del 78, un auténtico escupitajo a la memoria y al digno ejemplo de tantos y tantos que se afanaron, hasta el punto de sacrificar su propia vida, por superar las heridas del pasado y garantizar las libertades de todos. ¿En algún momento pudo preguntar quién fuera representante del PSOE en esa componenda si Bildu está dispuesta a comparecer en esas «comisiones de estudio o de verdad» para que se logren esclarecer tantos crímenes de ETA por resolver? ¿Preguntó quizá si estarían dispuestos a que la derogación de la ley de amnistía exhume también las condenas a los amnistiados de ETA, que vuelvan a la cárcel los varios «Apalateguis» aún vivos y que nunca pagaron por sus asesinatos? 

Desde casi el inicio de la legislatura muchos hemos asistido asombrados a la elasticidad de las tragaderas con las que el PSOE ha tenido que desenvolverse en su geometría variable de pactos «de progreso» con partidos que ampararon la violencia o la destrucción de nuestro marco de convivencia. Pero con esta traición a la mejor memoria democrática atestiguamos que además de las palabras – como vaticinaba ETA en 1981- al PSOE le cabe tragarse entera toda su dignidad. 

¿A cambio de qué?