Alabanzas condenables
«La ironía de la ley censora es que si la documentación clasificada llega a un periodista y éste la publica será penado por un fallo de seguridad del Gobierno»
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. | Europa Press.
El Gobierno de Pedro Sánchez maneja un anteproyecto de ley por la que se podría multar a los periodistas y medios de comunicación que publiquen información clasificada. Atrás quedan los elogios de la izquierda a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y no hay realidad más virtual que la que se programa, hacia abajo, desde el despacho de cualquier administración.
Entiendo que, como a ustedes, la noticia les habrá supuesto un puntero hacia Los papeles del Pentágono, película de Steven Spielberg quien, en su impecable técnica narrativa, nos cruza hasta cuatro historias entre las que los personajes se van reubicando.
Una de ellas es la búsqueda de la noticia; otra es la carrera del Washington Post frente al New York Times por la atención sobre esa noticia; la tercera es el perfil que se hace de una mujer que nunca pensó que un periódico le aterrizaría en las manos y del que se hace cargo, no sin desvelos y frustración de por medio, Katharine Graham; la última es la libertad de prensa.
Como ya saben los hechos que se narran son reales y lo ocurrido es historia. Sí, esta vez sí podemos calificarlo como histórico, en contra de una mala praxis en el entorno de la política, que siempre ha usado el calificativo para describir cualquier acontecimiento (por débil que sea) y desvirtuarlo porque, si todo es histórico, al final nada lo es.
Son hechos históricos, al igual que lo que se cuenta en Todos los hombres del presidente. Ambas películas describen sendas realidades periodísticas: la primera podemos llamarla periodismo de descarga, que es el que vemos en la de Spielberg. La segunda es periodismo de investigación, que supuso dos años de fe, resistencia y constancia por parte del Washington Post.
Es periodismo de descarga porque Daniel Ellsman, un analista militar, se encargó de sacar de RAND cientos de informes, miles de páginas, que mostraban la verdadera orientación de las distintas administraciones respecto a la guerra de Vietnam. Estos informes se los hizo llegar al New York Times y al Post para que los publicaran y, ojo, Ellsman no se escondió al hacerlo. Incluso acudió a dar la cara en entrevistas.
Resulta que, sin importar si eran republicanos o demócratas, desde Truman a Nixon (y éste no fue el más implicado, sino que lo fueron JFK y Johnson), en el Despacho Oval preocupaban dos cosas: la imposibilidad de lograr un avance determinante en la confrontación y la más que real amenaza de que el país perdiera una guerra. A sabiendas de lo desorientados que estaban ante la primera y la alta probabilidad de la segunda, aun así, miles de jóvenes eran recurrentemente enviados por lotería al otro extremo del Pacífico. Lo ocurrido en Vietnam y el resultado también nos es conocido por, además, decenas de películas y documentales.
De eso hablaban los informes: de una realidad completamente ajena a lo que el Gobierno quería hacer ver al pueblo americano. Una realidad virtual.
Ante la evidencia destapada por Ellsman, la Administración Nixon quiso poner freno a las publicaciones de ambos periódicos y este intento acabó en el Tribunal Supremo. El caso fue registrado como 403 U.S. 713 (1971), pero sus nombres son de los más representativos de los tratados por la alta corte: New York Times Co. v. United States y United States v. Washington Post Co.
«La prensa ha de servir a los gobernados, no a los gobernantes»
Conocida la sentencia y en medio de la alegría porque el Tribunal Supremo había desestimado la causa del Estado por 6 votos a favor, frente a 3 en contra, una escena de Los papeles del Pentágono se hace eco de la opinión del juez Hugo Black (nominado por Franklin Delano Roosevelt en 1937 y que dejaría su asiento y fallecería pocos meses después): «La prensa ha de servir a los gobernados, no a los gobernantes. El poder censor del gobierno se abolió para que la prensa pudiera tener la libertad de censurar al gobierno».
Por tanto una ley censora como la que pretende aprobar el Gobierno es una ley que no está exenta de sentido de la ironía. Me refiero a que si documentación clasificada llega a manos de un periodista y éste decide publicarla (que podría ser que estimara no hacerlo), será penado por un fallo de seguridad y de procedimiento… en el lado del gobierno.
Es más, y esto y es el Óscar a la ironía, si el periodista decidiera no publicarlo, el Estado estaría in albis respecto a su vulnerabilidad, lo que implicaría que esa conexión podría seguir abierta de cara a obtener información aún más relevante.
Quede constancia que ni Snowden ni Assange ni Chelsea Manning son santos de mi devoción. Puedo llegar a entender como atenuante que el capítulo de Ellsman llegó en un momento en el que Nixon ya había ordenado y ejecutado una retirada progresiva de tropas. Por supuesto considero que Garganta profunda, Mark Felt, decidió hablar desde una posición privilegiada en un caso de espionaje de los chicos de Nixon contra el Partido Demócrata, no en una cuestión de seguridad nacional (aunque así lo quisieran pintar). Pero que, por lo que se le haya podido escapar a una organización, la que sea, pague el periodista, considero que es un acto que raya en la perversidad.
De hecho, en gran medida es perverso porque el proyecto de ley es iniciativa de un Gobierno que se identifica con términos como democracia, libertad o conciencia social cada vez que alguno de sus miembros se ubica tras un atril. Abusar de esta identificación y demonizar al contrario mientras se lastra las piernas de la prensa a la que, insisto, el juez Hugo Black consideró en 1971 que estaba ahí para servir al gobernado y no al gobierno, arroja cierta claridad en eso que se ha dado en llamar las falsas banderas de la izquierda.
