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El Gobierno podrá multar a los periodistas que publiquen secretos con la nueva ley

Los profesionales de la comunicación quedan en manos de la Justicia para libarse de dichas sanciones que pueden llegar hasta los tres millones de euros

El Gobierno podrá multar a los periodistas que publiquen secretos con la nueva ley

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez, comparece ante la prensa en el Palacio de la Moncloa | Jesús Hellín (Europa Press)

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá multar a los periodistas y medios de comunicación que publiquen información clasificada. La nueva ley de secretos oficiales fija multas de hasta tres millones de euros para cualquier particular o empresa que difunda información clasificada.

Así se desprende del texto del anteproyecto al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que se detalla que se enfrentarán a estas multas todos aquellos que difundan documentos que tengan las nuevas categorías de alto secreto, secreto, confidencial o restringido.

De esta manera, los profesionales de la comunicación quedan en manos de la Justicia para libarse de dichas sanciones. La única vía para evitar las multas previstas será recurrir a los tribunales una vez la multa ya ha sido impuesta, según señala El Confidencial.

Para acceder a esta información clasificada hay que tener una habilitación personal de seguridad otorgada por la Autoridad Nacional, un organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, según detalla la nueva ley.

La norma establece la cuantía de las multas en función de la gavedad de las infracciones. En este sentido, las consideras como muy graves -que hacen referencia a las categorías de alto secreto y secreto- se castigan con cantidades de entre un millón y tres millones. La categoría grave o leve se aplicará en función del nivel de protección del secreto. En cuanto a las las multas menores, reservadas a la difusión de material clasificado como restringido, quedan en 50.000 euros o un apercibimiento

«A la hora de fijar la cantidad exacta de la multa, el Gobierno tendrá que valorar criterios como la relevancia de la información para la seguridad de España, el daño causado o la actitud del sancionado. Si se negase a dejar de difundir información o no colaborase con las autoridades, la sanción sería mayor», señala El Confidencial.

Las organizaciones de prensa rechazan la nueva ley

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han rechazado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al considerar que «limita los derechos de libertad de expresión e información».

Por ello, la federación y la asociación han realizado varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al entender que «el desarrollo de su articulado limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional».

Entre otros aspectos, consideran que debería establecerse que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida «no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información».

«Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas», apunta FAPE.

Asimismo, reclaman la supresión de consideración como infracción grave o leve, la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión, sin que en estos supuestos estén obligados los periodistas o los medios informativos a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público.

Las organizaciones de periodistas insisten en que «la ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los limites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».

También rechazan «que impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos».

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