El Supremo desmonta a los teóricos del indulto a Griñán
«Las 1205 páginas en las que se fundamentan las condenas de Chaves y Griñán por delitos de prevaricación y malversación son demoledoras»
José Antonio Griñán, a su llegada al juicio de los ERE en Sevilla, en una imagen de archivo. | Europa Press
Quienes han intentado justificar el indulto a Griñán tras su condena por el caso ERE recurriendo a argumentos tan zafios como su desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en Andalucía o sus cualidades de «buena persona», se han topado con un muro en forma de sentencia del Tribunal Supremo. Las 1205 páginas en las que se fundamentan las condenas, entre otros, a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves, por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, por los delitos de prevaricación y malversación, son demoledoras.
El Alto Tribunal ha confirmado la condena por prevaricación a todos los que intervinieron en la cadena de concesión y pago de las ayudas, incluidos aquéllos que aprobaron las partidas presupuestarias correspondientes a través de las llamadas «transferencias de financiación» a sabiendas de su ilegalidad. La finalidad no era otra que eludir los controles previos por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía y la aplicación de la normativa andaluza en materia de subvenciones. La sentencia también confirma la condena por malversación a quienes concedieron y pagaron las ayudas y a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades.
Ambos mandatarios socialistas formaron parte de un engranaje que, con el pretexto de agilizar el pago de ayudas a los parados andaluces, modificó el procedimiento de presupuestación con el propósito deliberado de tejer un sistema que les permitiese disponer sin cortapisas de los fondos públicos, eliminando todos los controles e ignorando las exigencias normativas. El resultado fue un quebranto de, nada más y nada menos, 680 millones de euros.
Pues aunque les resulte difícil de creer, el mismo partido socialista que consiguió el poder tras construir una moción de censura que perseguía devolver la dignidad a nuestras instituciones apoyándose en una sentencia no firme que condenaba al Partido Popular al pago de 250.000 euros como responsable civil a título lucrativo, pretende ventilarse la condena de los ERE con un indulto parcial a sus principales responsables, aun cuando ni un solo euro del dinero distraído ha regresado a las arcas públicas. La dignidad institucional que nos vendieron no era más que una impúdica impunidad para los suyos.
Los ERE son, probablemente, el mayor caso de corrupción de nuestra historia democrática tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, forjado durante décadas de gobierno socialista en Andalucía. A pesar de ello, ya habrán ustedes escuchado a los relatores monclovitas habituales proclamar la inocencia de «Manolo» y de «Pepe», incidiendo en que no hubo corrupción porque no hay pruebas de que se enriqueciesen personalmente.
«El Gobierno se va a aferrar al voto particular como la protagonista de Titanic lo hizo a la tabla de madera. Y lo van a hacer aun a costa de hundir el prestigio del poder judicial»
Pero miren, el Supremo constata que la concesión de las ayudas «fue un eje central de la acción política durante el mandato de Manuel Chaves» entre 1990 y 2009, cuyo Consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 a 2008 fue, precisamente, José Griñán, que le relevó en el cargo hasta 2013. Más de veinte años a los mandos de la Junta y todavía quieren que pensemos que la sentencia que los condena es injusta porque los pobres no eran conscientes de lo que pasaba a su alrededor.
A mí, personalmente, me convencen más los argumentos de los magistrados, que consideran que es lógico suponer que Chaves estuviera al tanto de las ayudas que se concedían y de su importe aproximado, al menos de las más relevantes, y de que «sabía que ninguna de ellas se aprobaba en Consejo de Gobierno a pesar de que éste tenía competencias para la aprobación de subvenciones superiores a 1.200.000 euros».
También parece sólida la tesis de la sentencia en relación con el intento de Griñán de eludir la condena alegando que algunos de los hechos que se le atribuyen acaecieron con anterioridad al ejercicio del cargo como Consejero. Afirma el Supremo que no le son ajenos porque «cuando dictó las resoluciones calificadas de prevaricadoras lo hizo conociendo todas las irregularidades que se estaban produciendo y que tuvieron lugar a partir del año 2000″.
Tampoco quiero dejar de recordarles a los telepredicadores del sanchismo que el enriquecimiento personal no es necesario para considerar integrados los tipos penales por los que los exmandatarios andaluces han sido condenados. Como se puede constatar en la propia sentencia: «la existencia de prevaricación no precisa que el autor actúe guiado por motivos de interés personal o con un ánimo de enriquecimiento o beneficio personal, siendo suficiente que las resoluciones que se dicten estén orientadas a eludir el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos, y la sentencia declara de forma reiterada la existencia de esa ilícita finalidad». Respecto a la malversación por la que ha resultado condenado Griñán a seis años de prisión, el delito «se produce cuando se dispone de los caudales públicos como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, pero también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo».
Me consta que todas estas explicaciones caerán en saco roto para quienes tienen como misión trasladar a la opinión pública la injusticia de una sentencia que ni siquiera se habrán leído, como tampoco leyeron la de la Audiencia Provincial de Sevilla en su momento. Ellos se van a aferrar al voto particular como la protagonista de Titanic lo hizo a la tabla de madera. Y lo van a hacer aun a costa de hundir el prestigio del poder judicial, al que llevan acusando semanas de incumplir la ley.
Deben saber, no obstante, que tanto la magistrada que firma el voto particular, como la que se adhiere, pertenecen a «Juezas y Jueces para la Democracia», una asociación que se declara abiertamente progresista y que se dedica sin disimulo alguno a hacer activismo a favor de los partidos de izquierda. Tanto es así, que yo la he rebautizado socarronamente con el nombre de «Juezas y Jueces para la Pedrocracia», porque me parece que los define bastante mejor. Y si no me creen, echen un vistazo a las publicaciones de la asociación en las redes sociales, que no sé si comprometen la apariencia de legalidad de sus integrantes, pero desde luego no la refuerzan. Alguno pensará que este detalle de la membresía de la discrepantes no es casualidad, pero yo ahí no voy a entrar. Como dicen en el mundillo de los fact-checkers: «estos son los datos, suyas son las conclusiones».
