Carta a los instigadores del indulto a Griñán

Una de las cuestiones por las que fuimos preguntados los que participamos el jueves de la semana pasada en la tertulia de Herrera en Cope fue sobre la petición a favor del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, suscrita por personas de los ámbitos de la política, el periodismo, etc.
Aunque no todos los firmantes son militantes, no hay duda de que se trata de una iniciativa promovida por el Partido Socialista apenas horas después de conocerse la noticia de que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre del año 2019, que condenaba al exmandatario andaluz como autor de los delitos de malversación y prevaricación a las penas de seis años de prisión y nueve de inhabilitación.

Mi opinión sobre el nada descartable indulto a Griñán seguramente ya la conocen: su concesión trasladaría a los ciudadanos la percepción de que la clase política es impune, o lo que es lo mismo, que el acatamiento y cumplimiento de las sentencias por parte de los gobiernos no es imperativo, sino que depende de su exclusiva voluntad. Los españoles asistirían a otro ninguneo al poder judicial y a un nuevo desprecio hacia la separación de poderes y al principio de legalidad sobre los que se cimentan los estados democráticos y de Derecho liberales.

Resulta difícil ignorar que este indulto vendría precedido por otros que han servido al Ejecutivo sanchista para proclamar que sus necesidades de gobernabilidad y sus consignas ideológicas están por encima de cualquier otra consideración de índole institucional o jurídica. Recuerden si no los infames indultos a las «madres protectoras» como Juana Rivas o María Sevilla, cuyo fin no era otro que reprender a la justicia por no aplicar en sus resoluciones el principio fundacional del feminismo peronista: «Hermana, yo sí te creo». Y qué decir del indulto a los políticos procesistas, condenados como autores de un delito de sedición por nada menos que intentar subvertir el orden constitucional en Cataluña. Sánchez pasó de defender la calificación de rebelión y asegurar que la sentencia del Tribunal Supremo sería cumplida en sus justos términos, a tildar a la justicia de «vengativa» por alterar la paz social en Cataluña.

Pero volvamos a la tertulia. No les voy a negar mi sorpresa al escuchar los argumentos aducidos por mi compañero, Fernando Jáuregui, para justificar su posición favorable hacia el indulto, aunque bien es cierto que con anterioridad se hizo eco de ellos en redes sociales y hasta los plasmó por escrito. Básicamente reprodujo el argumentario que he escuchado a no pocos e importantes socialistas, a algún que otro jurista y a unos cuantos activistas de los medios de comunicación: Griñán es una buena persona que no cometió un delito de corrupción porque no hubo enriquecimiento personal. Además, cito textualmente, «los centros de reclusión están para castigar el dolo, la mala fe, la apropiación indebida, el abuso sobre los demás. No me consta que Griñán tenga que ver con todo esto, aunque sí con un deficiente cumplimiento de sus funciones (…)».

Pues bien, me complace aclarar tanto a mi estimado Fernando como a tantos otros que repiten este tipo de explicaciones, que la malversación y la prevaricación son delitos dolosos. Ergo si, como afirman, es el dolo en la actuación de nuestros representantes públicos el factor que los hace merecedores de la pena de prisión, no les quedará otra que concluir que la condena a Griñán es justa, pues cometió dos delitos dolosos, uno de los cuales está penado con la cárcel.

Cuestión distinta es que lo que quieran decir los defensores de Griñán es otra cosa, esto es, que no malversó, motivo por el cual debería haber sido absuelto de este delito que lleva aparejada la pena de prisión. Este punto de vista parte de una concepción errónea del delito de malversación: no es cierto que para cometer la conducta tipificada en el Código Penal sea necesario haberse enriquecido personalmente, ya que es posible la actuación omisiva, esto es, conocer el peligro de sustracción y los medios para impedirla.

Asumo que puede resultar farragoso y aburrido, pero recomendaría encarecidamente a los promotores del indulto que se lean los cientos de folios de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla. De forma meticulosa, la resolución detalla la administración paralela que se creó en Andalucía, con el conocimiento y aquiescencia de quienes gobernaron la Junta, y cuya finalidad no fue otra que la de eludir los controles institucionales que habrían garantizado que ese dinero llegaba a sus destinatarios, que no eran otros que los parados andaluces. Hoy sabemos que cientos de millones se destinaron a usos menos loables y también que de todo ello fue informado y advertido por la Inspección el señor Griñán cuando era presidente. También sabemos que de esta gestión arbitraria y opaca se benefició el PSOE-A, pues colaboró de forma importante en su permanencia en el poder durante décadas. Algo que, sin duda alguna, no redundó en perjuicio del expresidente autonómico.

Luego está lo de que es una «buena persona», una expresión que juega en el terreno subjetivo de la moralidad y no en el objetivo de la legalidad. Dado que se trata, pues, de algo opinable, les diré lo que yo pienso al respecto: una buena persona es aquélla que asume los compromisos inherentes a sus responsabilidades -más aun si se trata de un cargo público- procurando siempre obrar de forma honesta y con arreglo a la legalidad. Las buenas personas no miran para otro lado cuando otro se lleva crudo el dinero que tanto sudores y sacrificios costó a sus compatriotas.

Así que yo sólo les pediría a quienes abogan a favor de que el sanchismo indulte a Griñán que dejen de recurrir a las falacias y a los argumentos pseudojurídicos para confundir al personal. Que den un paso al frente y se atrevan a verbalizar aquello que realmente piensan: que la sentencia es injusta y que los tribunales habrían prevaricado al condenarlo por malversación. Que José Antonio Griñán -Pepe para los amigos- es la última víctima de la derecha judicial, empeñada en conseguir a base de sentencias lo que no pudieron lograr en las urnas. A estas alturas, tampoco nos sorprendería demasiado y se les agradecería la honestidad.