Justicia de parte y democracia de partidos
«Los ciudadanos españoles llevan mucho tiempo recibiendo de su clase política la más sectaria de las lecciones: que todo vale en defensa de los propios intereses»
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán | Europa Press
A la pendiente de la degradación institucional por la que va descendiendo nuestra democracia solo le falta el pedrusco del posible indulto a José Antonio Griñán; si se consuma, nada podrá impedir que se despeñe por el barranco del descrédito. Porque hay que pararse a pensarlo: en este país nuestro se ha normalizado que la clase política y los medios de comunicación se refieran de manera desenfadada a la filiación partidista de los miembros del poder judicial, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, como si lo más normal del mundo fuera que la impartición de justicia dependiese de la proporción de «progresistas» y «conservadores» que a cada cual le toca en suerte cuando acude a los tribunales.
Tener que hacerlo, dicho sea de paso, es ya una mala noticia para cualquiera: no anda desencaminado el abogado que ha preguntado al Tribunal Constitucional si no constituirá una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que uno deba esperar años a que se dicte sentencia; la ironía del asunto es que el propio Tribunal Constitucional puede tardar una década en responder a esa pregunta.
«Los ciudadanos españoles llevan mucho tiempo recibiendo de su clase política la más sectaria de las lecciones: que todo vale en defensa de los propios intereses»
Si el Gobierno indultase al expresidente de la Junta de Andalucía estaríamos ante un trato de favor —consideren si no a los encarcelados por delitos similares que seguirán en prisión— que solo puede explicarse como el auxilio que se presta a «uno de los nuestros» en caso de necesidad. ¿Quién podría pensar al día siguiente de publicarse en el BOE, de llegar ese día, que la justicia es «igual para todos»? Por el contrario, los ciudadanos españoles llevan mucho tiempo recibiendo de su clase política la más sectaria de las lecciones: que todo vale en defensa de los propios intereses.
Hacemos mal en hablar de «politización de la justicia», cuando lo que tenemos delante es más bien una «faccionalización de la justicia». De hecho, la razón más poderosa para eludir el indulto parece ser el perjuicio electoral que causaría al partido que gobierna. Nada de esto guarda relación alguna con las razones públicas que —descontando a los amigos personales del expresidente andaluz— se exponen para justificar el posible perdón gubernamental: queda todavía, no sabemos si para bien o para mal, un resto de pudor.
«Ojalá hubiera un número suficiente de ciudadanos dispuestos a castigar la voracidad apropiacionista de nuestros partidos»
Se objetará que el indulto y la faccionalización partidista de la justicia son cosas diferentes: la primera es una anticuada prerrogativa gubernamental regulada por la ley; la segunda constituye una perversión del principio de la separación de poderes que en los últimos años ha llegado a su paroxismo. Pero no hay tanta diferencia: en ambos casos se procede a instrumentalizar la justicia, convertida en medio para la realización de fines partidistas.
Ojalá no hiciese falta recordar que los padres del liberalismo comprendieron la necesidad de establecer una distinción funcional y personal entre los distintos poderes del Estado, a fin de evitar la inclinación del gobernante a abusar de su poder. ¡Y eso fue antes de que nacieran los partidos políticos tal como hoy los conocemos! Aunque siempre conviene matizar: no todas las democracias son iguales y la nuestra no se encuentra precisamente en vanguardia cuando se trata de separar al gobierno de los partidos y viceversa.
Dijo hace unos días la ministra de Justicia que cuando viaja en transporte público oye a los ciudadanos lamentar la parálisis de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que quería decir la señora Llop es que la gente común está del lado del Gobierno y en contra de la oposición, pero eso es aquí irrelevante por la sencilla razón de que no es eso lo que se discute en los autobuses. Y sin embargo: ojalá se discutiera. Es decir: ojalá hubiera un número suficiente de ciudadanos dispuestos a castigar la voracidad apropiacionista de nuestros partidos. Si eso sucediera, otro gallo cantaría; el gallo del reformismo. Pero el pobre animalito está muerto y enterrado: a él no vino nadie a indultarlo.
