Escrivá lo ha vuelto a hacer
«El ministro pretende recentralizar las competencias fiscales de las Comunidades Autónomas para poder imponer, ‘manu militari’, el modelo fiscal de la izquierda»
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. | Europa Press
Anteayer Juan Manuel Moreno anunció la próxima adopción de dos nuevas medidas fiscales. La primera es la bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio a todos los andaluces, en línea con lo realizado en la Comunidad de Madrid hace años. En realidad, visto con mayor amplitud, al adoptar esta medida, el presidente andaluz está emulando a la Europa de la Unión, pues debemos recordar una vez más, que por vetusto, arcaico, antifuncional y confiscatorio, el Impuesto sobre el Patrimonio ya no existe en ningún país de la Unión Europea … salvo en España ¡Esta sí que es una «excepción ibérica»!. Su relevancia recaudatoria es marginal y su existencia solo sirve para satisfacer ese vicio extendido en la izquierda española que es la envidia ¡Que se estruje más a los muy ricos!, aunque ello pueda suponer que un porcentaje de los afectados cambien de residencia fiscal quedándose la región sin buena parte de la pretendida recaudación marginal y, aún peor, sin la correspondiente al IRPF de los desplazados que pasarían a pagarlo en otro territorio (región o país).
La segunda de las medidas anunciadas por el presidente andaluz, que emula a la adoptada hace poco por la Comunidad de Madrid, es la próxima deflactación del IRPF en sus componentes autonómicos. Al hacerlo, se evita el ilegítimo aprovechamiento de la inflación para aumentar la carga fiscal del contribuyente. Deflactando el impuesto, la Junta de Andalucía renuncia a enriquecerse de manera indebida simultáneamente al empobrecimiento injusto de los andaluces. Así, en línea con el Gobierno regional de Madrid, la Junta de Andalucía apuesta por una fiscalidad ética, justo lo contrario de lo que realizan Sánchez y su Gobierno, que sin escrúpulo alguno utilizan la inflación en beneficio propio y en perjuicio de la totalidad de los contribuyentes españoles.
Es obvio que, por lo descrito, las dos medidas anunciadas son positivas para Andalucía y para los andaluces. Sin embargo, como era previsible, lo decidido por el Gobierno andaluz -antes realizado por el de Madrid- ha escocido al Gobierno central, en tanto que deja al desnudo su política tributaria, basada en imponer y exigir al ciudadano una carga fiscal creciente. De entrada, la docta ministra de Hacienda andará preocupada pues se le rompe su falaz discurso en el que califica a Madrid de paraíso fiscal. Ministra, según su particular concepción de lo tributario, ya serían dos los paraísos fiscales. Y prepárese, pues parece que el Gobierno de Castiila y León va a caminar en la misma senda que Madrid y Andalucía. A este paso, van a ser las comunidades autónomas gobernadas por sus correligionarios las que queden al descubierto como auténticos infiernos fiscales.
«Hace un año Escrivá apoyó la esotérica propuesta de Ximo Puig de crear un nuevo impuesto para los residentes en Madrid»
No obstante, el primero que ha enseñado la pata ha sido el ministro Escrivá que, una vez más, ha puesto de manifiesto su escaso o nulo respeto por las normas que desarrollan el Título Octavo de la Constitución, por la autonomía financiera constitucionalmente reconocida a las Comunidades y por la voluntad política que los electores manifiestan en las elecciones autonómicas. Propone Escrivá recentralizar las competencias fiscales de las Comunidades Autónomas, pretendiendo así quebrar sin consenso la actual configuración del Estado autonómico para poder imponer, manu militari, el modelo fiscal de la izquierda. En definitiva, la propuesta de Escrivá hurtaría las actuales competencias que permiten a los Gobiernos autonómicos del PP aliviar parcialmente a sus ciudadanos la carga tributaria impuesta desde el Gobierno central.
Pero la patología fiscofílica de Escrivá no es nueva. Recuérdese que hace aproximadamente un año apoyó de modo entusiasta la esotérica propuesta de Ximo Puig tendente a crear un nuevo impuesto cuyo hecho imponible fuera residir en Madrid y que, consecuentemente, pagáramos solo los madrileños. La monstruosidad técnica, el descomunal desatino, y la copernicana injusticia que constituía la propuesta propició que desde Moncloa se les pusiera un bozal a los dos. Es posible que ambos, Puig y Escrivá, se hayan olvidado de la propuesta que respectivamente hicieron y apoyaron. Que sepan que los madrileños no.
En todo caso, Ximo Puig, Escrivá y todo el resto de fiscofílicos de nuestra izquierda deberían recordar que, como dijo Jean Jaques Rousseau, la democracia es el gobierno de la opinión pública y la española parece tener las cosas claras en materia fiscal. En efecto, según el último barómetro fiscal del CIS, el 46% de los españoles opina que pagamos muchos impuestos, y tan solo el 9% cree que pagamos pocos. Ergo, los que creen que deben reducirse más que quintuplican a los que consideran que deben aumentarse. Señores de la izquierda: Sigan, sigan subiendo y proponiendo subir los impuestos, los electores españoles sabrán responder adecuadamente a su esfuerzo.
