Intervencionismo y centralismo europeo
«La Comisión avanza en su agenda de convertirse en el gobierno de la Unión sin más argumentos que una guerra no declarada y la falta de liderazgos nacionales»
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | Europa Press
La era de los tipos de interés negativos ha quedado atrás. Ya solo queda Japón, inmerso en la deflación treinta años pero la política monetaria nada puede contra sus problemas demográficos y su obsesión antimigratoria. Algún día habrá que hacer un balance no apasionado del coste beneficio de los tipos negativos. En el activo, haber ayudado a la recuperación económica garantizando la liquidez. El BCE estima esos impactos en un incremento del 0,7% del crédito al sector privado y 0,5% de mayor crecimiento. Magros resultados para una política contra natura que ha llevado a cobrar por los depósitos bancarios y pagar a los hipotecados, alimentando el endeudamiento y las burbujas de activos, y castigando el ahorro.
La dureza y persistencia del brote inflacionista, y el retorno a sus orígenes de los bancos centrales, están llevando a los tipos de interés a máximos que no veíamos desde antes de la crisis financiera. El bono americano a diez años supera el 3,5%, el alemán se acerca al 2% y el español por encima del 3%. Con el euro rompiendo la paridad con el dólar. Mientras, la política fiscal sigue sin cambiar el tono y continúa cebando la inflación, haciendo cada día menos improbable una nueva crisis de deuda. Una amenazante realidad en países emergentes, véanse las alertas del FMI, y una creciente posibilidad en la Eurozona. A pesar del nuevo mecanismo aprobado por el BCE para evitarlo, el llamado TPI. Porque es difícil imaginar a la autoridad monetaria europea acudiendo al socorro de los Tesoros nacionales si estos no ponen algo de su parte. Y es aquí donde entra el debate sobre las reglas fiscales en la Eurozona.
Nada hay decidido, pero algunos principios de la reforma parecen claros, aunque a muchos nos parezcan incompatibles entre sí. Hay acuerdo, nos dicen, en que las nuevas reglas deben ser sencillas y transparentes, verificables, de aplicación automática sin discrecionalidad política alguna. También en que las reglas deben acomodarse al nivel de riesgo que suponga su incumplimiento. Traducido más allá de Bruselas, la magnitud del déficit tolerable a un Estado y la velocidad de ajuste al objetivo de mediano plazo, será proporcional a su nivel de deuda pública y a su importancia en los mercados financieros europeos. El tamaño importa y mucho para la estabilidad de la unión monetaria.
«La Comisión parece haber asumido su déficit de legitimidad y el Consejo su inevitable politización»
Queda abierto el debate sobre el procedimiento de aplicación de estas reglas, un debate sobre la gobernanza fiscal europea y la corresponsabilidad en las decisiones de las autoridades nacionales y europeas. La Comisión parece haber asumido su déficit de legitimidad, el Consejo su inevitable politización y riesgo de enfrentamientos. Ambos parecen proponer delegar en las autoridades nacionales fiscales independientes, en nuestra Airef. Suena bonito, pero permítanme un profundo escepticismo basado en lo que está pasando con los Planes nacionales de Recuperación y Resiliencia, por ejemplo. En momentos de crisis, económica o simplemente electoral del gobierno de turno, resulta palmaria la tentación de instrumentalizar u ocupar agencias como la CNMC o la CNMV, en España, no estoy hablando de Hungría. Esto convertirá inevitablemente en papel mojado las reglas fiscales europeas y la supervisión europea en una discusión administrativa y procedimental incomprensible para el ciudadano. Y al euro en una moneda débil, incapaz de convertirse en algo más que una divisa regional.
Sorprende esta voluntad descentralizadora en el cumplimiento fiscal con el agresivo intervencionismo que la Comisión está desplegando en otros ámbitos con la excusa de la invasión de Ucrania. Cierto, tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, pero no todo lo extraordinario es sensato. Europa lleva años discutiendo sobre su política de defensa y seguridad. Pero la guerra de Ucrania no ha llevado a la Comisión a crear un ejército europeo, sino solo a promover el debate sobre su autonomía estratégica y plantearse la coordinación europea en el seno de la OTAN. Afortunadamente, porque las aventuras mejor con gaseosa.
Sin embargo, la Comisión parece entender que las consecuencias económicas y sociales de la guerra en el Este requieren nuevos impuestos, cargarse el mercado eléctrico europeo e intervenir empresas privadas ante posibles problemas de suministro. Como si la historia de las vacunas y las mascarillas fuese un ejemplo del éxito de la intervención política en la actividad empresarial en momentos de crisis. Sorprendentemente estas propuestas no han suscitado debate alguno. Quizás asustados los posibles críticos de ser catalogados como antipatriotas o insuficientemente europeos. Y ya sabemos cómo se las gastan con los disidentes en esta España nuestra. No hay más que observar la muerte civil con la que la España oficial ha condenado a los que osan defender el bilingüismo y el cumplimiento de la ley en las escuelas catalanas.
«El Instrumento de Emergencia del Mercado Único rezuma una injustificada desconfianza en la economía de mercado»
La Comisión ha propuesto aplicar un tipo del 33% a los beneficios extraordinarios de las empresas de energías fósiles y todos hemos corrido a aplaudirla. Bueno, casi todos, porque yo tengo unas cuantas preguntas pendientes: ¿solo ellas han tenido beneficios extraordinarios en 2022 por la guerra? ¿si se trata de una cotización extraordinaria para financiar la guerra, no sería más fácil establecer este año un sobre tipo en el impuesto de sociedades?, ¿si los beneficios del período de referencia, 2018-2021, eran normales qué va a pasar cuando los beneficios no lleguen a ese nivel, habrá una devolución extraordinaria?, ¿le parece a la Comisión que los tipos de sociedades o la definición de la base imponible no es suficientemente procíclica o solo quiere recaudar más?, y más fundamentalmente, ¿le otorgan los Tratados la facultad de crear o sugerir impuestos extraordinarios? ¿se trata de un nuevo impuesto europeo o de un sobre tipo europeo temporal? ¿se traducirá en una directiva que requerirá su trasposición nacional, o un reglamento?, ¿qué pasa si un país no lo aplica o no lo traspone?, ¿le otorgan los Tratados capacidad a la Comisión para sancionarlo? Y por último, ¿se trata de una recaudación extra afecta por ley a un uso específico o de un incremento de los ingresos fiscales para uso y disfrute de los gobiernos a su libre albedrío? Preguntas que requieren respuesta antes de poder expresar una opinión que sea algo más que una declaración incondicional de fe europeísta.
El debate sobre el mercado eléctrico europeo está abierto hace tiempo. Pero la propia Comisión se ha apresurado a descartar su reforma inmediata. Básicamente porque que los precios reflejen los costes marginales no es una ocurrencia europea sino un ley económica fundamental. Cosa diferente es que dichos costes hayan de ser asumidos directamente por el consumidor final o el contribuyente. Algo así como financiar ahora las autopistas con peajes o impuestos. Mas allá de los reclamos populistas, se suscitan complejas cuestiones redistributivas nada triviales. No está claro que sea más justo e inclusivo que paguen los que no consumen. Ni más eficaz a la hora de reducir el consumo energético y nuestra dependencia del gas ruso. Porque de eso se trata.
Por último, el Instrumento de Emergencia del Mercado Único es un gran hallazgo semántico, pero una peligrosa ocurrencia económica y política. Políticamente un exceso centralista sin anclaje en los Tratados constitutivos de la Unión. Económicamente, un ataque intervencionista que rezuma una injustificada desconfianza en la economía de mercado. Muchos nos temíamos que el Brexit iba a resultar en una peor Europa, más cerrada en sí misma, la Europa fortaleza ahora se disimula como autonomía estratégica, y más intervencionista, un nuevo capitalismo renano con un toque ilustrado a la francesa. Y todo ello desde una Comisión que avanza su agenda institucional propia, convertirse en el gobierno de la Unión, sin más argumentos que una guerra no declarada y la debilidad y falta de liderazgo de los gobiernos nacionales.
