El okupa Pedro Sánchez
«El nivel de chulería con que se están ocupando todas las instituciones sin ningún pudor sobrepasa cualquier límite razonable en una democracia»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EP
La operación a la que hemos asistido estos días para derribar al presidente de Radio Televisión Española (RTVE) provocaría un inmenso escándalo en cualquier país de nuestro entorno. Sin embargo, en España los cuatro años de Pedro Sánchez en La Moncloa, y su largo historial intentando controlar todas las instituciones del sistema, nos han vuelto completamente insensibles a una burda maniobra propia de un régimen de otras latitudes. Que un Gobierno cambie de un plumazo al presidente de la tele pública y aquí no arda Troya nos parece ya de lo más normal del mundo.
Sánchez ha vuelto a demostrar que es insaciable. No le basta con controlar el Gobierno de España y el Boletín Oficial del Estado. No le vale con orinarse sistemáticamente en el Congreso de los Diputados y gobernar a golpe de decreto ley para esquivar la función del Parlamento. Tampoco le sirve tener colonizada la Fiscalía General del Estado e intentar asaltar, con leyes ad hoc incluidas, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional.
Ni siquiera le basta con tener a varios amiguetes jugando con dinero público en instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Renfe, Paradores, Aena, Red Eléctrica o Hispasat. Tampoco le ha valido con las dimisiones de los responsables del Instituto Nacional de Estadística, el Consejo de Seguridad Nuclear o de varios de los expertos independientes contratados para repensar el sistema fiscal.
Nada de eso ha sido suficiente. Ni tan siquiera la destitución de la jefa de los servicios secretos con tal de quedar bien con los independentistas catalanes. Y, por supuesto, tampoco ha valido tener controladas empresas teóricamente privadas como Prisa o Indra.
Por no valerle, al Gobierno no le ha servido tener de su lado al presidente del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública ni controlar esa institución junto a Podemos y al Partido Nacionalista Vasco. Porque, que nadie se engañe, el Ejecutivo ya controlaba RTVE gracias a que consiguió retorcer las normas del concurso público para acabar metiendo como consejeros, merced a un pacto con el Partido Popular, no a los candidatos más válidos, sino a los más fieles. Tornero, conviene no olvidarlo, no es un peligroso fascista: estaba ahí ocupando una de las plazas del PSOE.
Echado por ser poco sanchista
Pero el problema de Tornero es que era poco sanchista. Porque Sánchez no quiere afines, quiere lacayos. Lacayos dispuestos a arrastrarse lo que sea menester con tal de llevar al amado líder hacia la victoria en las próximas elecciones. Y claro, que en la tele salieran algunos tertulianos del ‘Abc’ para dar cierta apariencia de neutralidad le parecía intolerable. Moncloa desea periodistas que glosen sin titubeos las virtudes del Gobierno.
La operación de acoso y derribo a Tornero es una cacicada de proporciones gigantescas. Una demostración impúdica de quién manda en España. Sin escrúpulos, sin miramientos, sin vergüenza. La cosa ha sido tan asquerosa que hasta el periodista Aimar Bretos, conductor del programa nocturno de la Cadena Ser, nada sospechosa de ser crítica con el Gobierno, tuvo que sacar sus dientes cuando tanto Carmen Calvo como Pablo Iglesias se pusieron a defender en su tertulia que los políticos deben controlar lo que se emite en los medios de comunicación públicos.
La operación de acoso y derribo a Tornero es una cacicada de proporciones gigantescas. Una demostración impúdica de quién manda en España
Algunos periodistas españoles se han arrastrado tanto, se han vendido en tantas ocasiones, que ni Calvo ni Iglesias creen que pueda haber periodistas verdaderamente independientes en nuestro país. Y ese es el gran problema, que los políticos piensan que los periodistas son meros títeres y que los medios solo pueden estar al servicio del poder.
Y no vale la excusa de que lo han hecho todos los gobiernos anteriormente. El nivel de chulería con que se están okupando todas las instituciones sobrepasa cualquier límite razonable. La victoria en las urnas no justifica el asalto a todo el sistema. Una democracia tiene contrapesos y contrapoderes, y todos deberíamos ser conscientes de la importancia de preservarlos. Si queda algo de decencia en RTVE, sus profesionales deberían volver a vestir de negro los viernes, como hacen cuando gobierna el Partido Popular, para denunciar este asalto a mano armada en su empresa. De lo contrario, tendremos todo el derecho a pensar que están de acuerdo con ponerse al servicio del Ejecutivo más autoritario que se ha visto en España desde 1975.
