Habrá otro 1-O y saldrá gratis
«La propaganda de Moncloa sostiene que Sánchez ha llevado la calma a Cataluña, pero la pregunta es: ¿qué precio se está pagando? ¿Qué precio se va a pagar?»
El presidente catalán, Pere Aragonés. | Europa Press
Lo llaman agenda de desjudicialització y Aragonès ya le ha puesto fecha antes de fin de año. Más allá de los indultos, y del blanqueo de las actividades delictivas del procés, se trata de vaciar el tipo de la sedición en el Código Penal, que es el delito estimado por el Tribunal Supremo en el golpe del 1-O de 2017, o llámelo como quiera si les incomoda la obviedad del desafío al orden constitucional para romper el Estado. La consecuencia es clara: el próximo 1-O saldrá gratis o casi gratis.
O sea, habrá próximo 1-O.
Una vez admitido por Aragonès que hubo un pacto para acordar que «no nos impugnan la ley del catalán en la escuela» –por lo demás obvio: el Gobierno miró para otro ante la rebeldía del Govern e incluso cubrió esa rebeldía de retórica balsámica minimizando lo sucedido sin el mínimo reproche–, Pedro Sánchez ha quedado en evidencia. La propaganda de Moncloa sostiene que Sánchez ha llevado la calma a Cataluña. Como percepción es innegable. Por debajo, sin embargo, queda una pregunta obvia, y más tras oír a Aragonès: ¿qué precio se está pagando? ¿Qué precio se va a pagar?
El presidente mintió, pero, claro, ¿por qué esta vez iba a ser una excepción? Si ahora Aragonés apunta a las próximas semanas, antes de acabar el año, para esa desjudicialització…. ¿A alguien le cabe alguna duda? Vaya usted a saber si Dios está en los detalles, como decía Flaubert, pero seguro que el diablo sí está en los detalles, como replicó Mies van der Rohe. La entrevista de Aragonès en TV3 no deja margen.
La desjudicialització, por demás, es un término marca de la casa: se trata de vender como un progreso lo que es notoriamente regresivo: obviar el valor de la legalidad, reajustar el Código Penal a la carta y desacreditar a los tribunales. Este mismo fin de semana, en el homenaje a Companys, decía Turull que el Estado español ha sustituido los pelotones de fusilamiento por pelotones de jueces. Es una idea coherente en quienes han demostrado reiteradamente su determinación de incumplir la legalidad y cuestionar el Estado de Derecho; pero todavía sorprende que un Gobierno de España trague.
Bueno, ya no sorprende tanto.
«Se despliega una agenda para que no se apliquen las leyes incómodas en Cataluña»
El independentismo pedía «amnistía», y, como en esos términos es inviable, ahora se denomina desjudicialització, pero en definitiva se despliega una agenda para limitar la legalidad, contribuir a que no se apliquen las leyes incómodas en Cataluña y sobre todo vaciar el tipo penal del 1-O, que en definitiva es un modo de admitir que era un abuso de un Estado represivo. Estas cosas ya se sabe cómo van: se trata de dar con una palabra adecuada, y después darle el significado que convenga. Aquello de Humpty Dumpty más allá del espejo: «Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos»; y ante la perplejidad de Alicia, concluía: «La cuestión es saber quién es el que manda… eso es todo». Por ejemplo: «¿De quién depende la Fiscalía, ¿eh?».
Pues llámalo desjudicialización y di que significa democratización.
Aragonès sabe que el éxito pasa por dar con la palabra, como sucedió con el rescate financiero, cuando Guindos y Rajoy se sacaron de la manga cartas marcadas para no denominarlo rescate. En Time, parafraseando a Louis Armstrong, escribieron entonces «tu di tomate, nosotros decimos rescate» (You Say Tomato, I Say Bailout). Pero la desjudicialización va de lo que va, y se trabaja de nuevo en esa Mesa de Diálogo hurtada al Congreso para asegurarse un escudo judicial, incluyendo garantías de un Tribunal Constitucional poco hostil. El PSOE, a través del PSC, va a estar a todas. Illa apoyó la trampa para incumplir la sentencia del castellano en la escuela, como se ha sumado al homenaje a Lluís Companys, fundador de Esquerra, cuya declaración ilegal de seudoindependencia acabó en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, equivalente al actual Tribunal Constitucional, que lo condenó a él y a los miembros de su Gobierno a 30 años de cárcel e inhabilitación absoluta, aunque después fuese amnistiado y restituido por el Frente Popular. Con Companys, se dio una represión feroz, con miles de presos políticos y purgas brutales. Illa sostiene que «dio la vida por Cataluña», sin mencionar que concretamente dio la vida de más de 8.000 catalanes asesinados, aunque ahora lo consideren «víctima de la intolerancia» blanqueando su condición paralela de verdugo.
Por blanquear que no quede.
La desjudicialización va a producir, como todo delirio irracional, monstruos. Vaciar la sedición puede ser toda una invitación, y no sólo en Cataluña. Si el Estado se evade y sale gratis, o casi gratis, por qué no.
