Luchas identitarias

El Grupo Socialista va a pedir que se amplíe el periodo de enmiendas en el Congreso a la llamada ley trans. La mayor parte de los medios de comunicación vienen apuntando que no se trata solo de un asunto técnico, sino que el problema de fondo es que el PSOE tiene una división política interna muy fuerte porque una parte del mismo considera que la autodeterminación de género soslaya y sepulta los avances del feminismo. La ampliación del periodo de enmiendas parece que ha motivado el abandono de la militancia socialista de Carla Antonelli, conocida activista que ha entrado en confrontación con la exvicepresidenta Carmen Calvo.

No voy a hablar de las cuestiones concretas del proyecto de ley promovido por el Ministerio de Igualdad. No es mi competencia. Resplandece, sin embargo, en todo este enconado debate, que las impulsoras (e impulsores) del concepto de género –ya saben, el sexo es una mera construcción social- se echen las manos a la cabeza porque una ley reconozca la plena autonomía del sujeto para fijar su propia identidad. Se culmina un largo proceso de luchas por el reconocimiento de características de la personalidad que antes eran un dato más o menos accidental, y que ahora se pueden imponer a terceros mediante actos jurídicos del Estado.

Dejemos de lado cómo el derecho objetivo está siendo anegado por los derechos subjetivos. La democracia de la escasez pasa, paradójicamente, por enmarcar jurídicamente los deseos y la felicidad de los ciudadanos. Diríamos que ha nacido una tercera libertad: la de reconstruirte de forma identitaria. Lo que me llama la atención, al margen de estas disquisiciones teóricas, es que no nos percatemos de que aquí se juegan cuestiones que van más allá de la normatividad corporal, como dicen ahora. Para ser neomarxistas, muchos de los adalides del reconocimiento no quieren reconocer, como ha señalado Jorge San Miguel, que hay conflictos que se deben explicar con la lógica materialista más ruda.

«Las políticas de género son un potentísimo mecanismo de redistribución de poder»

Por mi experiencia universitaria les diré que las llamadas políticas de género no sólo buscan lograr un mayor avance en la igualdad: también son un potentísimo mecanismo de redistribución de poder académico y económico. A mí me parecería bien si no fuera porque creo en la neutralidad institucional y a veces no parece existir un límite entre los principios constitucionales, la ideología de cada uno y los intereses particulares. El lío entre feministas de viejo cuño y la comunidad LGTBI nos remite así, perdonen que me vea obligado a señalarlo, a una forma de democracia en la que se reparte el poder social (y político) entre los nuevos cuerpos de un corporativismo cultural que antes dominaban las estructuras de clase.

Así las cosas, nuestro sistema constitucional se dirige hacia formas múltiples de discriminación positiva. Si estas son financieras, ¡mucho mejor! Lo malo es que el presupuesto y los recursos –a pesar de que en este momento pueda parecer lo contrario- son limitados. Veremos en qué quedan las, por ahora, contradicciones estratégicas. En cualquier caso, si se trata de un asunto puramente moral, les diría que la mejor manera de resolver las cosas es hacer un buen uso del parlamentarismo, que para eso lo tenemos. Eso significa que, más allá de la a veces odiosa disciplina de partido, el PSOE y el resto de formaciones en las Cortes Generales, dejen a diputados y senadores que decidan sobre la ley trans en conciencia tras un debate sin cortapisas temporales y materiales en el que se hagan partícipes no solo a los directamente afectados, sino a aquellos sectores de la sociedad que tengan algo que decir sobre un tema con grandes aristas filosóficas. De paso cumpliríamos, por una vez, con el art. 67.2 CE, que prohíbe el mandato imperativo.