El Estado de derecho, sus fronteras y sus enemigos
«El presidente que afirmó que él mismo traería a España al prófugo Puigdemont se sirve de una lastimosa justificación para contentar a su socio golpista»
El estado de derecho. | Ilustración por Erich Gordon.
El último artículo que escribió Francisco Tomás y Valiente antes de ser vilmente asesinado por Jon Bienzobas, un pistolero de ETA, fue publicado en El País el 15 de febrero de 1996 bajo el título Razones y tentaciones del Estado. Allí, a propósito del reciente asesinato de Fernando Múgica, prevenía de las tentaciones que actúan contra el Estado y su legitimidad cuando, como seguía siendo el caso en España, tocaba enfrentar al terrorismo. Una de ellas es «el olvido de sus límites, es decir, la utilización del poder para, luchando contra los terroristas emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor enemigo del Estado es la mala razón de Estado. Hay, pues, que perseguir a quienes hayan caído en ella».
Años antes, a principios de diciembre de 1985, el entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo, tuvo que responder en el Congreso a las preguntas de Santiago Carrillo sobre unas informaciones que habían aparecido en Diario 16 y Cambio 16 en las que se daba cuenta de que unos terroristas del GAL detenidos en Francia habían declarado que las 600.000 pesetas que se les había incautado procedían de los servicios secretos españoles. Los medios citaban el testimonio de un juez francés de acuerdo con el cual no era la primera vez que terroristas del GAL aducían trabajar para dichos servicios. «¿Qué puede decir el señor Ministro del Interior sobre sobre ese hallazgo y todo lo que ello implica?» – preguntaba Carrillo. «Espero que de usted más crédito a lo que dice el Gobierno de su país que a los delincuentes franceses» – respondía Barrionuevo.
El 27 de julio de 1995 el presidente del Gobierno Felipe González comparecía en el Congreso de los Diputados para responder a las gravísimas acusaciones que había hecho Ricardo García Damborenea, antiguo secretario general del PSOE en Vizcaya, sobre la implicación del Gobierno, con González a la cabeza, en las actividades terroristas de los GAL. «…el señor Damborenea afirma que don Segundo Marey fue secuestrado para tratar de salvar la vida del capitán de farmacia señor Martín Barrios. De nuevo, esto es manifiestamente falso… detrás de los GAL no estuvo nunca el Gobierno que presido». Así se pronunciaba Felipe González desde la tribuna. «Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo Socialista», se lee en el Diario de Sesiones.
«Ya procesado, Barrionuevo fue incluido en el número 5 en las listas del PSOE por Madrid en las elecciones de 1996»
El 22 de octubre de ese mismo año El País publicaba un reportaje sobre José Barrionuevo (El distanciamiento de un ministro) en el que éste, a preguntas sobre el episodio del intento de secuestro del miembro de ETA José María Larretxea a manos de un grupo de geos españoles en territorio francés para servir de canje del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios (en poder de ETA en ese momento y posteriormente asesinado), contestó: «Nosotros hacemos honor a nuestros compromisos». El redactor de la noticia comentaba: «Los policías jamás acudieron al juicio. Cabe inferir que Barrionuevo se refería a su compromiso de honor con los funcionarios que habían intentado un acto delictivo en un país extranjero y no al contraído con las autoridades de aquel país».
Barrionuevo resultó finalmente condenado en 1998 por el secuestro de Marey y por malversación de caudales públicos, pero, estando ya procesado, fue incluido como número 5 en las listas del PSOE por Madrid en las elecciones de 1996. 1.046.904 personas votaron al PSOE en esa circunscripción y resultó elegido diputado.
En febrero de 1995, meses antes de la comparecencia de Felipe González y del reportaje en el que Barrionuevo exhibía sus compromisos, el entonces teniente general de la guardia civil José Antonio Sáenz de Santamaría reconocía que: «…contra ETA se puede actuar en el filo de la legalidad, unas veces un poco por el borde de dentro y otras veces un poco por el de fuera». También afirmaba sin ambages que: «En la lucha antiterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, o se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas» (El País, Sáenz de Santamaría: «La actitud de la derecha en el ‘caso GAL’ es obscena», 24 de febrero de 1995).
Esta semana, varias décadas después de esos lamentables hechos y falaces desmentidos, en una línea de acción que parece seguir a pies juntillas la divisa de Sáenz de Santamaría, el exministro Barrionuevo ha rendido honores a un compromiso ominoso con la, en expresión de Tomás y Valiente, mala razón de Estado: en efecto, ha reconocido en declaraciones a El País que los policías españoles, en una escena de siniestra chapuza a lo Torrente, intentaron secuestrar al etarra Larretxea, pero era tan corpulento «que no cabía en el maletero del coche», decía ufano, y que, enterado del secuestro de Marey, fue él quien dio orden de liberarlo y que no lo mataran. Ahí es nada. Se trataba, ha dicho, de una «guerra» y uno no va instar al procesamiento de quienes practican terrorismo de Estado pues eso sería tanto como disparar a los soldados de tu propia trinchera. Así pues, los Santi Potros, Josu Ternera, Pakito, Txapote y demás jefes de una banda criminal elevados a la condición de Zelenski; Otegi, que en menos que canta Twitter ya había destacado la entrevista de Barrionuevo, como mediador y hombre de paz y Jon Bienzobas como gudari más que asesino de Tomás y Valiente. Y el Estado como una banda, en célebre expresión de Albert Rivera referida a un Gobierno que cada día confirma más aquél, entonces, abrupto diagnóstico.
Les recuerdo: este Gobierno feminista, progresista y resiliente se estrenó exhibiendo virtud y músculo moral en el puerto de Valencia aceptando que entraran en suelo español los refugiados que habían sido rescatados por el barco Aquarius. «El haber salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política», escribió el presidente del Gobierno en su Manual de resistencia. Tres años después, habiendo modificado radical y sorpresivamente nuestra relación diplomática con Marruecos, Sánchez declaró que la operación de contención del asalto por parte de la policía marroquí en la valla de Melilla, en la que murieron, que se sepa, 23 personas que intentaban cruzar a suelo español, «se había resuelto bien». Esta misma semana informaciones muy inquietantes y con visos de verosimilitud revelan que el heredero en el cargo de Barrionuevo, el Ministro Marlaska, ha podido haber mentido en relación con ese trágico episodio. Todo apunta, además, a que no se proporcionó la asistencia médica debida. Las imágenes de los que pedían ayuda en la montonera de cuerpos ya inermes hablan por sí mismas e hicieron rectificar al presidente que pasó entonces a culpar a las «mafias».
«Uno tiene la desoladora sensación de que los principios que se abandonan son los de Marx (Groucho), uno u otros a conveniencia»
Pese a lo que se reitera, la cuestión no es si esos inmigrantes llegaron a «pisar» territorio español, si estaban en un limbo o «zona de nadie», o, en los términos de Sáenz de Santamaría «un poco en el borde de fuera o un poco en el borde de dentro». La cuestión tiene que ver con los principios y la firmeza de ciertos compromisos que se cacarean a beneficio del inventario de la repercusión mediática. Y es que, si la razón para acoger a los náufragos del Aquarius era el evidente peligro que corrían y el deber de humanidad que pendía sobre nuestras conciencias, ¿por qué a la luz del equivalente riesgo vital que corrían los subsaharianos que sufrían ya una avalancha y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes, no se les permitió entrar en suelo español? ¿Es que acaso el peligro del mar es cualitativamente distinto, es que los derechos humanos de quienes buscan la frontera española se diluyen en la tierra seca marroquí, en esa zona de nadie, próxima a Melilla, pero en cambio reverdecen en la costa mediterránea? ¿Acaso los subsaharianos muertos lo fueron como respuesta justificada a un acto de invasión como sostendrían algunos representantes de Vox? ¿Por qué hablamos de mafias culpables en un supuesto y no en el otro? Uno tiene la desoladora sensación de que los principios que se abanderan son los de Marx (Groucho), unos u otros a conveniencia. Aunque la cosa no tiene guasa. Ninguna.
El Gobierno malbarata el ideal del Estado de Derecho, recordaba el siempre añorado Tomás y Valiente, cuando permite, ampara o no castiga como debe a quienes practican la guerra sucia. Pero también cuando por puro tacticismo o posible rédito electoral se sirve de una reforma puntual y absolutamente ad hoc del Código Penal para permitir que quienes desafiaron sediciosamente al Estado rompiendo todas las reglas de nuestro marco de convivencia puedan volver a la vida pública sin atisbo de arrepentimiento o contrición; hacerlo incluso con la aureola de que sus castigos no fueron merecidos; de que la culpa no fue tanta ni tan graves los hechos. El mismo presidente que afirmó campanudamente que él mismo traería a España al prófugo Puigdemont, que lo que se había producido en Cataluña era claramente una rebelión, que reintroduciría el delito consistente en organizar un referéndum ilegal, se sirve hoy de una lastimosa justificación de baratillo, basada en un Derecho comparado de tienta, para posibilitar, mediante la reforma del delito de sedición, una «desjudicialización del conflicto» que contenta a su socio golpista fijo discontinuo y le permite oxigenarse para el resto de la legislatura.
¿Son o no son una banda y Pedro Sánchez su jefe?
